En contraste con sus pronunciamientos previos sobre Estados Unidos (EU), caracterizados por su sobriedad y prudencia, la presidenta Sheinbaum ha articulado en los últimos días un discurso de corte ideológico y confrontacional frente a EU que, si se prolonga, propiciará el endurecimiento de las posturas de las autoridades de ese país hacia México, además de que quizás consolide la percepción al exterior de que el Estado mexicano está, en efecto, capturado por las grandes organizaciones criminales.
No me refiero únicamente a los insistentes señalamientos de injerencismo yanqui, sino también al reiterado mensaje de que las acusaciones contra Rubén Rocha Moya (RRM) carecen de “pruebas”. Este mensaje es, en realidad, una acusación velada de nuestro gobierno a las autoridades judiciales de Estados Unidos de actuar por motivos políticos y, por tanto, al margen de la ley. ¿O de qué otra manera se podría calificar a una autoridad judicial que, de acuerdo con nuestra presidenta, “se saca sus acusaciones de la manga” (como decimos en México)?
Estas duras expresiones de la presidenta se dan, además, en un contexto de señalamientos públicos a RRM, que van muy en línea con las acusaciones que le hizo la autoridad judicial estadounidense. Por ejemplo, después de las elecciones en Sinaloa de 2021, los partidos de oposición entregaron a las autoridades de la OEA un documento en el que detallaba la operación del Cártel de Sinaloa durante la jornada electoral de ese año para favorecer al entonces candidato de Morena, RRM, a la gubernatura del estado. Otro ejemplo: en una carta que se hizo pública en agosto de 2024, poco después de su captura en EU, el exlíder criminal El Mayo Zambada denunció públicamente a RRM de urdir un plan para engañarlo y transportarlo a EU en contra de su voluntad.
Además, las expresiones de Sheinbaum se suscitan en el contexto más inmediato de confrontación abierta del gobierno federal con una gobernadora de oposición, por no hacer del conocimiento de sus funcionarios la presencia de elementos de la Central Intelligence Agency (CIA) en un operativo antinarcóticos en Chihuahua. Este caso llega a tensar aún más la relación de México con el gobierno estadounidense, pues es plausible que la propia CIA haya requerido a la autoridad estatal que el desmantelamiento de unos narcolaboratorios se realizara con absoluto sigilo, al menos en su fase preparatoria.
Ahora bien, detrás de este posicionamiento duro de la presidenta Sheinbaum ante las acusaciones contra RRM y su red, parecería existir una clara paradoja.
¿Por qué, tras el envío de 92 líderes criminales a EU durante el arranque de su administración, ahora Sheinbaum se muestra sorprendida e indignada por la acusación judicial? ¿No sabía la presidenta que, desde el momento en que ella autorizó el traslado masivo de estos capos a EU, la probabilidad de que se desencadenaran acusaciones contra narcopolíticos mexicanos aumentaría exponencialmente? ¿No entrevió Sheinbaum que cuando se expulsan o extraditan decenas de operadores criminales de alto perfil, el efecto acumulativo para la red político-criminal (en términos de inteligencia) puede ser devastador, pues aunque cada testigo solo conoce un nodo de la red, los fiscales pueden cruzar información entre expedientes, y con ello armar el rompecabezas completo sobre la operación de toda la red?
En investigaciones complejas, la acumulación de testigos con el afán de cooperar suele ser el mecanismo clave mediante el cual las autoridades son capaces de reconstruir redes político-criminales mucho más amplias de lo que inicialmente se tenía contemplado. Y es en este punto justamente donde las investigaciones pueden escalar verticalmente.
Tras escuchar las declaraciones del fiscal interino de Estados Unidos, Todd Blanche, la semana pasada, en el sentido de que las acusaciones contra políticos y funcionarios mexicanos continuarán, tengo la impresión de que en varias agencias de los sectores seguridad y justicia de EU están convencidos de que existe una vasta red político-criminal en México vinculada al financiamiento electoral, y que por lo tanto deben disponer de evidencia que consideran suficientemente sólida para continuar con más acusaciones. De aquí que sea altamente probable que el caso de RRM sea apenas el primero de muchos otros que aparecerán en el futuro próximo.