Eduardo Guerrero Gutiérrez

De los abrazos a la tolerancia cero

Desde el inicio del actual sexenio se disparó el número de personas en penales y el uso de la prisión preventiva, en franca contradicción con la retórica de los abrazos.

Las autoridades mexicanas pueden hacer relativamente poco en términos de una ‘política’ o una ‘estrategia’ de seguridad. La realidad es que se trabaja con lo que hay: el Ejército, que es –junto con su apéndice, la Guardia Nacional– una institución autárquica en materia operativa (es decir, que se manda sola); las corporaciones policiales, que tienen capacidades limitadas, y los ministerios públicos, que frecuentemente están colonizados por mafias criminales. El aparato de seguridad es un barco pesado, que sigue una lógica punitiva y que, fuera de algunas líneas generales que se dictan desde el gabinete de seguridad, se mueve de forma inercial. Tal vez por eso, los distintos gobiernos se han empeñado en construir una narrativa que les permita, al menos, dar un spin distintivo a los operativos, los arrestos y las sentencias de siempre.

El gobierno de Calderón quiso que su sello fuera la mano dura y saturaba los medios con spots de tono amarillista en los que se presentaban listados de capos detenidos y abatidos. En contraste, AMLO optó por empezar su gobierno con una mística de magnanimidad, que se cristalizó en el polémico eslogan de los abrazos. Gracias a esta mística se logró limitar el uso de la fuerza letal en operativos militares. Sin embargo, en un balance general, fue imposible que las instituciones de seguridad y justicia abandonaran su lógica punitiva. De hecho, desde el inicio del actual sexenio se disparó el número de personas en penales y el uso de la prisión preventiva, en franca contradicción con la retórica de los abrazos.

En todo caso, el discurso magnánimo quedó oficialmente sepultado. Desde hace algunas semanas, se habla de una política de ‘cero impunidad’ (una frase que suena sospechosamente parecida al enfoque de zero tolerance, de mano extra dura, que el alcalde republicano Rudy Giuliani impuso en Nueva York en los 90). El subsecretario Ricardo Mejía Berdeja, convertido en una suerte de López-Gatell de la seguridad, es el responsable de presentar cada jueves los resultados de esta política de cero impunidad. Como ha ocurrido en el pasado, no hay propiamente ninguna política. Mejía Berdeja no hace otra cosa que empaquetar lo que ya se hacía, y enlistar lo más destacado de las acciones que las Fuerzas Armadas, las policías y las fiscalías realizaron cada semana. Los operativos, los arrestos y las sentencias de siempre. Aun así, hay tres aspectos de este ejercicio comunicacional que me parece importante reseñar:

Primero, parece haber algunos criterios interesantes para la selección de las acciones que se incluyen en el reporte. El jueves pasado Mejía Berdeja abrió su intervención detallando la detención del Zopilote, un líder de La Familia Michoacana, presuntamente implicado en el ataque que dicha organización perpetró el pasado 3 de mayo contra instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Este tipo de anuncios podrían servir para mandar el mensaje de que los ataques contra autoridades tienen consecuencias (y frenar dicho tipo de ataques es probablemente la tarea más urgente si se quiere recuperar control pleno por parte del Estado sobre los territorios que actualmente son dominados por la delincuencia). En los reportes de cero impunidad también hay un acertado énfasis en dar seguimiento a los casos de periodistas asesinados.

Segundo, que el gobierno federal está mandando una señal, positiva, de que se busca impulsar un esfuerzo genuinamente nacional. Varias de las detenciones y sentencias que se detallan son concretadas por autoridades estatales, incluyendo entidades federativas con gobiernos de oposición. En el reporte de la semana pasada, por ejemplo, se mencionó una serie de arrestos realizados por autoridades de Quintana Roo. Mejía Berdeja también dedicó varios minutos a detallar los avances en la investigación que se lleva de forma conjunta con el gobierno de Nuevo León para esclarecer el asesinato de Debanhi Escobar.

Tercero y último, el informe semanal de Mejía Berdeja desafortunadamente no incluye –salvo para los casos de periodistas asesinados– una sección estadística, que nos permita dimensionar la magnitud del esfuerzo que se hace para abatir la impunidad. Me temo que si se incluyera dicha sección sería evidente que las detenciones y las sentencias que se concretan sólo le pegan a un minúsculo porcentaje de los asesinatos y los otros delitos de alto impacto que se perpetran cada semana.

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