Eduardo Guerrero Gutiérrez

El informe del Comité contra la Desaparición Forzada

El informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU incluye un reproche a la estrategia de militarización que López Obrador ha seguido.

Pocos líderes logran mantener por más de unos cuantos días los niveles de notoriedad a los que AMLO nos tiene acostumbrados, con constancia, y siempre in crescendo, tras tres lustros de ser la figura más prominente de la oposición y medio sexenio en Palacio Nacional. Mantener un dominio así de la agenda pública, por tan largo tiempo, no es un logro menor. Implica echar mano de todo tipo de recursos narrativos e histriónicos. Los arrebatos y los disparates han sido uno de los recursos indispensables que han permitido al Presidente mantener su posición. Un día se puede anunciar la rifa de un avión. Otro día, hablar, de la nada, del rompimiento de relaciones con España. Otro más, exhibir las supuestas propiedades de un periodista.

En las mañaneras hay blancos más o menos obvios: los adversarios políticos y la pléyade de críticos que le siguen el juego al Presidente. Sin embargo, para mantener la eficacia de la estrategia también es necesario dar de vez en cuando golpes con cierto grado de arbitrariedad. Es entonces cuando las embestidas del Presidente se vuelven más contundentes, pues resultan intolerables para los sectores más moderados de la opinión pública (ésos que ya no prestarían atención ante otro pleito con un medio de comunicación o con los consejeros del INE).

En esta lógica se inscriben algunos de los exabruptos más llamativos de AMLO, como la declaración de la semana pasada en el sentido de que los integrantes del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, que acababan de entregar un informe, “no actúan con apego a la verdad”. Esta crítica llama la atención, en primer lugar, porque horas antes el informe sobre desapariciones había sido recibido “respetuosamente” por la propia Secretaría de Gobernación. En segundo lugar, porque el propio informe que se critica es primordialmente un recuento de hechos que deja relativamente poco margen a cuestionamientos sobre su veracidad. Como lo expuso Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, una organización de defensa de los derechos humanos que trabaja desde hace 30 años en el país, la crítica del Presidente es francamente “muy difícil de entender”.

Cualquier interesado puede leer el informe de la ONU y constatar que, en lo fundamental, se trata de un texto elaborado con sumo rigor, que retrata una realidad trágica y más o menos irrebatible. Se trata de un documento que se estructuró con un espíritu balanceado, y que llega incluso a ser generoso en su reconocimiento de algunos avances normativos e institucionales durante el actual gobierno. Hablar de “impunidad casi absoluta” en materia de desapariciones, como sí se hace en el informe, no es ninguna exageración. Tampoco lo es la descripción de la actual crisis forense, que hace imposible atender las enormes necesidades que existen en materia de identificación de los cuerpos y restos humanos localizados.

El informe sobre desapariciones incluye un reproche a la estrategia de militarización que AMLO ha seguido. Sin embargo, este reproche, que era previsible, no es, de ninguna forma, el tema medular del informe. En esencia, el informe de la ONU es una hoja de ruta que describe los pasos a seguir para lograr una respuesta más eficaz por parte del Estado ante la crisis de desapariciones que ha golpeado al país durante los últimos 15 años. Se menciona, por ejemplo, la necesidad de contar con más acciones dirigidas a la prevención de desapariciones de migrantes y la importancia de que los jueces generalicen el uso del ‘amparo buscador’ en casos de desaparición (una medida que ya está prevista en las leyes y que faculta a los jueces para ordenar a otras autoridades a dar información y presentar personas en su poder). El propio gobierno mexicano, al menos formalmente, ya está comprometido con muchas de las acciones que se describen en el informe.

La decisión de AMLO de descalificar el informe de la ONU logró su cometido central: se viralizó. Fue una bofetada al grupo de especialistas que, tras varios años de preparativos, apenas en noviembre pasado lograron concretar una visita a México (visita a raíz de la cual se elaboró el informe). El ataque de AMLO también indignó a los colectivos de víctimas y a organizaciones de derechos humanos.

El problema con la reacción del Presidente es que debilita la voluntad política que el informe de la ONU habría contribuido a generar, y que es indispensable para alinear a las autoridades estatales y federales con los titánicos esfuerzos que todavía hacen falta en la materia. Ésa es, en esencia, la gran aportación que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU podría hacer: constituirse en una voz neutral, pero con legitimidad y peso político, que hiciera más difícil que los diversos actores que deben participar en la construcción de soluciones, muchos de ellos en el ámbito estatal, continúen eludiendo su responsabilidad.

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