Hasta ahora, nuestro país ha sido inmune a la ola de derecha ultra que ha contagiado al resto del continente. Sin embargo, si las cosas siguen como van, yo no descartaría que, para los comicios de 2030, los mexicanos sucumbamos también, sobre todo si para ese entonces la Casa Blanca sigue en manos de algún heredero del movimiento MAGA. En México, al igual que en otras latitudes, un candidato de derecha radical encontraría una ruta fácil a la presidencia explotando el hartazgo ciudadano con la crisis de violencia e inseguridad. Ese candidato no tendría que inventar el hilo negro, le bastaría con recurrir a la promesa de mano dura que ya ha dado resultados en las urnas de países como El Salvador, Colombia o Perú: una combinación rudimentaria de desdén por los derechos humanos y populismo penal (construir mega prisiones para meter, de forma indiscriminada, a mucha gente a la cárcel).
Hay tres tipos de acciones que el gobierno de Claudia Sheinbaum podría impulsar para vacunar a México contra este escenario.
El primer elemento de la vacuna de este gobierno ya lo está aplicando: actuar con decisión para poner fin a la impunidad de la que gozaron por años las organizaciones criminales más importantes. El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes es el ejemplo más importante de una estrategia bien ejecutada de operativos de alto perfil. Más allá de la estridencia de las declaraciones de Trump, se debe continuar con la colaboración y aprovechar siempre que sea posible la inteligencia que puedan aportar nuestros vecinos.
Para vacunar a México contra el populismo al estilo Bukele, el gobierno también tendría, en segundo término, que sacrificar a los peces gordos que han optado por colaborar con el crimen organizado desde un cargo de elección popular. Esta es la parte más dolorosa de la receta. Sin embargo, la maquinaria de investigación del Departamento de Justicia y de las agencias de inteligencia de Estados Unidos ya está echada a andar y la defensa de los narcopolíticos será cada vez más difícil de sostener. Si Sheinbaum se empeña en cobijarlos, le estará entregando a un eventual candidato de la derecha ultra, en bandeja de plata, el argumento perfecto para capitalizar el descontento de los ciudadanos.
El último refuerzo de la vacuna –el más importante, en mi opinión– sería dar resultados contundentes en el combate al cobro de piso. La política de la presidenta y del secretario Omar García Harfuch es una mejora innegable respecto a la negligencia cómplice del sexenio del AMLO. Sin embargo, no deja de ser una apuesta gradualista. Consiste esencialmente en minar poco a poco las capacidades de los cárteles más violentos por medio de operativos contra blancos estratégicos. Hasta ahora, el resultado ha sido de apaciguamiento: los cárteles intentan ser más discretos y matar menos gente. Sin embargo, la mayoría de los mexicanos siguen sin sentir una mejoría palpable. Los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana confirman que, en marzo de 2026, el porcentaje que se sentían inseguros (61.5 por ciento) fue marginalmente mayor al que se observaba en septiembre de 2024 (58.6 por ciento).
En México hacemos frente a varios fenómenos críticos. En la lista destacan los feminicidios, la crisis de desapariciones y el huachicol. No es realista esperar que, de aquí a las campañas de 2030, se logre construir el andamiaje institucional que sería necesario para atenderlos todos de forma satisfactoria. Por supuesto, el gobierno de Claudia Sheinbaum debe perseverar en las tareas de fortalecimiento institucional, que son necesarias para construir la paz en el largo plazo. Pero, a la par, también haría bien en dar un resultado contundente, que cambie la percepción de un porcentaje significativo de la población.
Concentrar recursos en combatir el cobro de cuota es la mejor apuesta para lograrlo. El cobro de cuota le pega a millones de hogares y de empresas. Es también un problema para el cual el gobierno ya cuenta con una hoja de ruta más o menos clara: crear en cada estado unidades especializadas que coordinen la labor de la policía y la fiscalía, como ya se prevé en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, publicada en noviembre de 2025. Desafortunadamente, ha faltado voluntad política y recursos para avanzar en esa dirección. En muchos estados todavía está pendiente la creación de las unidades. En el gobierno federal no se nombró un coordinador o un funcionario responsable de encabezar la política de combate a la extorsión (este último fue un elemento determinante del éxito observado en la política antisecuestro hace una década).
Si el gobierno de Sheinbaum logra consolidar el proceso de pacificación del país, si actúa con determinación contra los gobernadores y los alcaldes coludidos con los cárteles, y si logra resolver la crisis de extorsión, entonces llegaremos al 2030 en una condición idónea para permanecer inmunes al canto de las sirenas de la extrema derecha.