Eduardo Guerrero Gutiérrez

¿Vamos hacia una nueva ‘pax narca’?

En Sinaloa prácticamente no tienen presencia organizaciones ajenas a la coalición del Cártel de Sinaloa. Sería un lugar lógico para empezar con el experimento de una ‘pax narca’.

El miércoles pasado Nathaniel Parish Flannery publicó en Forbes una sugerente entrevista al historiador Benjamin Smith, autor de The Dope: The Real History Of The Mexican Drug Trade. Smith es una de las personas que ha investigado con más detenimiento la evolución de los cárteles. Lleva años sumergido en lo más profundo de los archivos de la ‘guerra contra el narco’ y ha hablado con todos en ese elusivo mundo, en México y en Estados Unidos, tanto a lo largo de la cadena de producción y tráfico de drogas, como con policías y agentes. En la entrevista publicada en Forbes, Smith arroja algunas reflexiones que vale la pena comentar.

La primera reflexión es que las autoridades mexicanas históricamente brindaron protección a los cárteles por medio de esquemas de cobro de impuestos informales. La lógica era sencilla: yo hago como que te persigo, pero en el fondo te dejo trabajar y me aseguro que nadie te moleste. A cambio, tú pagas mordida. De acuerdo con Smith, aunque parte de este dinero terminó enriqueciendo a funcionarios, también hubo casos en los que se invirtió en obras y servicios públicos. Smith incluso menciona algunas experiencias interesantes en el ámbito local. Por ejemplo, la del general Esteban Cantú, que gobernó el Territorio de Baja California durante la Revolución, o la de Leopoldo Sánchez Celis, gobernador de Sinaloa en los 60.

Resulta sugerente la idea de que –en un país como México, que casi no recauda impuestos– el dinero del narco pudo haber contribuido al desarrollo y a la consolidación de instituciones públicas. Sería interesante evaluar si esta contribución pudo haber ido más allá de lo meramente anecdótico, y si, efectivamente, la extracción de rentas al narco tuvo un impacto, así fuera moderado, en el gasto público en algunas regiones.

Una segunda reflexión a destacar es que Smith considera que AMLO quiere revivir estos arreglos del pasado. Es decir, que la 4T le apuesta a que las autoridades retomen su papel como protectoras encubiertas de los cárteles, al tiempo que intentarán gravar de alguna forma los ingresos que genera el narcotráfico. De acuerdo con Smith, las elecciones de junio pasado fueron “una gran y sangrienta lucha por el control de estas redes de protección”. La operación electoral del Cártel de Sinaloa en contra de los rivales de Morena, que describí en este espacio la semana pasada, parecería confirmar esta hipótesis. Sin embargo, como las palabras del propio Smith dejan entrever, la pax narca del siglo 20 no será fácil de reconstruir.

En primer lugar, el autoritarismo y la hegemonía política del PRI hacían mucho más sencilla la operación de redes de protección de la delincuencia desde el Estado. Los criminales tenían certeza de que, todos en el gobierno, desde el comandante de la policía municipal hasta el gobernador, estaban más o menos alineados y en condiciones de cumplir acuerdos. Es menos viable para los delincuentes llegar a un arreglo cuando hay una pléyade de autoridades, municipales, estatales y federales, que buscan imponer de manera independiente sus intereses.

Un segundo obstáculo es que, desde que Felipe Calderón acabó de tajo con el antiguo esquema de solapamiento criminal desde el Estado, los cárteles se dedicaron a construir sus propios esquemas de protección; ya no a partir del pago de mordidas, sino de una estructura armada propia, paralela al Estado. Ésa es la función original de los formidables ‘brazos armados’ que actualmente pululan por las regiones donde están las actividades más importantes del crimen organizado. No será fácil que estas milicias depongan las armas y dejen que el negocio de proteger al narco, que es muy bueno, regrese a las instituciones de seguridad del Estado.

Un tercer obstáculo es que los grandes grupos criminales que actualmente operan en México, en particular el CJNG, ya no son propiamente ‘narcos’ sino que se han diversificado y se dedican a todo tipo de actividades. El narcotráfico es un negocio ilegal, sí, pero que puede funcionar de manera relativamente pacífica (como es el caso en buena parte del mundo). En contraste, el robo de mercancía y el cobro de cuota son delitos inherentemente violentos.

Dicho lo anterior, no descartaría por completo la hipótesis de Smith de que Morena busca, de manera más o menos consciente, restablecer una pax narca. Queda claro que no será un proyecto de alcance nacional. En buena parte del territorio, como ya se habrán dado cuenta, no hay las condiciones para plantear algo así, por la propia lógica del conflicto entre criminales (en Michoacán las supuestas negociaciones del gobierno con los grupos en disputa, si en verdad ocurrieron, terminaron en rotundo fracaso). Sin embargo, sí podría haber experimentos en otros lugares menos complejos. En Sinaloa, por ejemplo, Morena y sus aliados prácticamente se llevaron el carro completo en las elecciones de junio. En el estado prácticamente no tienen presencia organizaciones ajenas a la coalición del Cártel de Sinaloa. Sería un lugar lógico para empezar.

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