Este año, la celebración del triunfo de la ‘4T’, –y del segundo piso de la presidenta Sheimbaum– dejó un sabor amargo. Ya no fue otra demostración de fuerza más de la aplanadora morenista. Más bien pareció el coletazo de un animal acorralado y herido. Y es que el partido tiene un cáncer y no quiere aceptar el tratamiento que ya recetó el Departamento de Justicia de Estados Unidos: la purga de los liderazgos señalados por su cercanía con el crimen organizado.
La acusación contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y los demás señalados por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York ha colocado a la presidenta en una posición imposible. Hasta ahora, Palacio Nacional se ha inclinado por cerrar filas con los sinaloenses y en hacer las extradiciones lo más tortuosas posibles. Por un lado se entiende. Rocha ya no es solo Rocha. Lo que ocurra con él enviará una señal al resto de los cuadros políticos de Morena. En el corto plazo, apoyarlo tranquiliza a ciertas figuras clave, de varios estados, que saben que podrían ser los siguientes en la lista.
Por otro lado, la factura de solapar a Rocha será cada vez más onerosa. Washington no solo necesita mantener viva la investigación. Necesita sentar eventualmente a los acusados en el banquillo para convertir los expedientes en condenas. Al norte del Río Bravo, el gobernador sería procesado por colaborar con el Cártel de Sinaloa y podría ser condenado a cadena perpetua. La jurisprudencia federal estadounidense, particularmente desde Crosby vs. United States (1993) limita severamente la posibilidad de celebrar un juicio penal federal sin que el acusado haya comparecido ante el tribunal. Tampoco hay una ruta clara para que un tribunal estatal procese penalmente al gobernador in absentia (es decir, sin que él esté presente).
Sin embargo, lo que sí continuará in absentia, incluso si Rocha o Inzunza no ponen un pie en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, serán las investigaciones, la obtención de pruebas, los decomisos de activos y (ojo) las filtraciones. Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega (quienes, respectivamente, fungieron como secretarios de Seguridad y de Finanzas en el gabinete de Rocha) ya se entregaron a las autoridades en Estados Unidos. Su previsible cooperación con los fiscales podría acelerar lo que viene. No tardarán en confirmarse más nombres y más detalles de la red de complicidades que el Cártel de Sinaloa construyó con las autoridades de dicho estado.
Al respecto, cabe recordar que en 2021, lo mismo que en 2024, el oficialismo se quedó con prácticamente todas las posiciones en Sinaloa. Tampoco hay que olvidar que, además de los 10 personajes que ya fueron requeridos por el Departamento de Justicia, hay muchos otros que están en la tablita, en virtud de su supuesta cercanía con el narco. La lista es larga e incluye, de entrada, a los morenistas que en 2024 ganaron las alcaldías en Los Mochis, en Badiraguato y en Cosalá: los tres han aparecido en testimonios, reportajes y expedientes relacionados con el Cártel de Sinaloa.
La presidenta está dilapidando su capital político en una causa que parece perdida. Cada revelación disminuirá su credibilidad. Si Sheinbaum se aferra a defender a Rocha y si las pruebas ‘contundentes e irrefutables’ terminan por aparecer, ¿con qué autoridad moral podrá objetar otras solicitudes de extradición, más endebles, que lleguen en el futuro?
Morena ya no puede tapar el sol con un dedo. Tampoco puede ‘empatar el marcador’. El citatorio a Maru Campos solo sirvió para despertar al PAN de su letargo y para proyectar en todo el país la imagen de la gobernadora de Chihuahua.
Lo que se requiere para transitar la crisis es una estrategia honesta de control de daños y un diálogo de alto nivel con nuestros vecinos. Por un lado, en Morena hay varias figuras que serán simplemente indefendibles. El oficialismo tendrá que asumir el costo de reconocer estos casos. Por otro lado hará falta madurez para entender que la colonización criminal de la política ha sido un fenómeno bastante extendido, pues es una consecuencia lógica del modelo de negocio de los cárteles.
Por último, Washington tendrá que tantearle bien ‘el agua a los camotes’, como decimos en México. De lo contrario, corre el riesgo de desatar una cacería de brujas sin fin, que podría quebrar la relación bilateral y fisurar la estabilidad política en México. Los esfuerzos exitosos de cooperación judicial bilateral relativos al combate de redes criminales deben evitar, a toda costa, caer en la tentación de convertir a los procesos penales en instrumentos de reingeniería política.