Eduardo Guerrero Gutiérrez

Carta abierta al presidente López Obrador

El desempeño del gobierno de López Obrador ha fallado en lo más importante, al no ser capaz de atemperar, hasta ahora, la crisis de violencia criminal.

Le escribo respetuosamente, tras escuchar con atención algunas de sus recientes intervenciones relacionadas con el difícil problema de los homicidios dolosos. En particular, sus palabras durante la conferencia de prensa del pasado 15 de julio. Como usted señala, durante su gobierno se han registrado algunos avances importantes en materia de seguridad. Por ejemplo, ha tomado forma una estructura de coordinaciones estatales y regionales que ha contribuido a una respuesta más oportuna y mejor articulada de los tres órdenes de gobierno ante desafíos criminales. Como resultado de este esfuerzo cotidiano algunos delitos han disminuido de forma significativa.

Sin embargo, en los dos años y medio que lleva su gobierno, el homicidio doloso se ha mantenido más o menos igual a como estaba a fines de 2018. Es decir, en niveles francamente alarmantes. Llevo más de una década estudiando esta infernal violencia homicida. Se trata de un fenómeno que genera un enorme daño al país, pero que las autoridades, por regla general, prefieren ignorar. Por ello me parece importante dirigirme a usted, en estos días en los que el tema ha cobrado relevancia en la agenda pública. Tiene razón cuando reconoce que su gobierno no podrá acreditarse históricamente si no hay un punto de inflexión, no para dar por resuelto el problema –eso, en el mejor de los casos, llevará una década más–, pero sí para cambiar el rumbo y dar los primeros pasos hacia la pacificación del país.

En sus palabras de la semana pasada retomó la frase de “abrazos, no balazos” y dijo que nos demostrará que, a pesar de las burlas de sus detractores, sí funciona. En mucho simpatizo con la frase. Coincido plenamente en que la mano dura y las sentencias severas no son el camino para recuperar la seguridad. También celebro su determinación para poner fin al “mátalos en caliente”; es decir, a los indignantes excesos en el uso de la fuerza que en años recientes dieron lugar a incontables ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves a los derechos humanos. En este punto cabe destacar que hay avances. Yo coordino un monitoreo diario de incidentes de violencia criminal. De acuerdo con ese ejercicio, en 2018 las instituciones de seguridad del Estado estuvieron implicadas en 54 masacres; en contraste, en el primer semestre de este año han participado en cuatro. Esta disminución de los crímenes de Estado no ha sido valorada todavía en su justa dimensión.

El jueves pasado también nos reiteró que, en su opinión, la paz sólo puede ser fruto de la justicia, y que darle espacios a los jóvenes en las universidades es siempre preferible a arrojarlos a edad temprana a la calle. También coincido. Si la Ciudad de México no ha sido arrasada por la violencia, en buena medida es porque cuenta desde hace décadas con una oferta amplia de instituciones públicas de educación superior, que los gobiernos de izquierda acertadamente impulsaron.

Sin embargo, me temo que el desempeño de su gobierno ha fallado en lo más importante, al no ser capaz de atemperar, hasta ahora, la crisis de violencia criminal. La justicia no sólo contempla la dimensión social, presente en su discurso. También hay otra dimensión de la justicia, que tiene que ver con el desarrollo de capacidades de investigación, con la atención a víctimas del delito y con la impartición oportuna de la justicia. En el “credo neoliberal”, como usted dice, hay dogmas que enajenan. Cierto. Está demostrado, por ejemplo, que el encarcelamiento masivo, de gente pobre acusada de delitos menores, es contraproducente.

Sin embargo, también hay un catecismo de izquierda que obnubila, en el que se omiten deliberadamente componentes que no embonan bien en la narrativa de la justicia social, pero que son fundamentales para entender la crisis de seguridad que vivimos en México. Una cosa son las pandillas juveniles, las personas con problemas de adicción y las comunidades que cultivan mariguana y amapola. Estos sectores trabajan para el crimen organizado, ya sea por verdadera necesidad, ya sea por amenazas. Su condición es atribuible al olvido por parte del Estado que usted subraya. En el caso de estos grupos vulnerables, la persecución y la cárcel sólo sirven para perpetuar el círculo vicioso de marginación y criminalidad.

Sin embargo, ellos no son ni de lejos quienes hacen más daño. En México también ha florecido una boyante industria de profesionales de la violencia. Por las carreteras y las brechas del país, como usted bien sabe, circulan comandos con vehículos y equipamiento militar que mes con mes logran apoderarse, por medio de la extorsión, de una creciente tajada de la renta nacional. Estas milicias privadas son responsables de dos terceras partes de los homicidios dolosos. No se dedican a una actividad de subsistencia. Operan, por codicia, negocios multimillonarios. Para terminar de complicar las cosas, estos grupos constantemente entran en conflicto entre sí y, en la mayoría de los casos, arrastran a las autoridades locales a uno u otro bando. Es precisamente por ello, como usted señala, que en muchos lugares ya no se sabe dónde termina la delincuencia y dónde comienza la autoridad. Para estos grandes empresarios de la violencia es simplemente inconcebible un desarme voluntario. No hay programa social, ni exhorto moral que pueda, por sí solo, poner fin a la voraz y lucrativa maquinaria de guerra que ellos operan.

Así como hay dogmas de la derecha, también hay dogmatismo cuando, desde Palacio Nacional y tras 30 meses de estancamiento, se insiste en apelar a una política de abrazos, extensiva a las milicias del crimen organizado. Hay una indulgencia extrema que ofende a las víctimas cuando se dice, con ligereza, que dichos grupos se portaron bien durante las elecciones. En esta coyuntura es necesario su liderazgo para cambiar de narrativa y cambiar de rumbo. No se trata de volver a la lógica del exterminio. Sin embargo, tampoco puede haber un repliegue indefinido del Estado, ni en la carretera que comunica Apatzingán con Aguililla, ni en los otros muchos otros espacios (que no abarcan el 35 por ciento del territorio nacional, pero que cada vez son más amplios) donde hoy manda la delincuencia. La paz sólo puede ser fruto de la justicia, como usted dice. Pero no olvide que, sin ley y sin Estado de derecho, esa justicia es inalcanzable.

Consulta más columnas en nuestra versión impresa, la cual puedes desplegar dando clic aquí


COLUMNAS ANTERIORES

¿Chiapas, al borde de la guerra civil?
Los militares y la Guardia Nacional: a nadie le gusta soltar presupuesto

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.