Este domingo presentaré en la FIL Monterrey Un año en la vida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de José Ramón Cossío, ministro en retiro y profesor distinguido de nuestra Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Es un libro lúcido que, a partir de la transformación del Poder Judicial, plantea una serie de paradojas inquietantes sobre el poder y sus límites.
Quisiera detenerme en cinco de ellas, porque revelan mucho más que los problemas de nuestra justicia: nos obligan a pensar en lo que está ocurriendo con nuestra democracia. Las reflexiones nacen de sus páginas. Yo las recupero desde mi mirada de politóloga y desde una preocupación que comparto con José Ramón: la fragilidad de las instituciones frente a la concentración del poder.
La primera paradoja está en el origen mismo de la reforma. La elección popular de jueces prometía resolver una crisis de legitimidad, pero sus mecanismos de selección, los acordeones y la escasa participación terminaron creando otra.
Y aun si el proceso hubiera sido impecable, subsistiría una distinción esencial: las urnas pueden conferir un cargo, pero no necesariamente autoridad. Un gobernante recibe votos para impulsar un programa; un juez debe aplicar el derecho, incluso contra los intereses de quienes lo llevaron al puesto. Su legitimidad se construye mediante la independencia de sus decisiones. Cossío lo condensa en una exigencia elemental: los juzgadores tendrán que ser juzgadores.
Pero el problema va más allá de la legitimidad de origen. La independencia judicial no se pierde solamente cuando alguien le dicta una sentencia a un juez. También puede erosionarse cuando el juzgador comienza a calcular el costo político de decidir, a anticipar las preferencias del gobierno o a sentirse parte de un proyecto político.
No necesita recibir instrucciones si aprende a ajustar por sí mismo sus decisiones. El problema, entonces, no es únicamente quién ocupa los tribunales, sino para qué cree que existe su función. La verdadera prueba de independencia llegará cuando la Corte deba fallar contra los intereses de quienes hicieron posible su integración.
Hay otra paradoja, todavía más cercana a la vida de las personas. Mientras la elección judicial se celebró como una ampliación de la democracia, las modificaciones al juicio de amparo restringieron mecanismos para defenderse frente a las autoridades. ¿De qué sirve elegir jueces si resulta más difícil acudir a ellos cuando el gobierno vulnera un derecho? Pensemos en quien enfrenta el congelamiento arbitrario de sus cuentas o en una comunidad que busca proteger su territorio.
La independencia judicial no es un privilegio de los jueces; es una garantía para los ciudadanos. Y aquí aparece una distinción fundamental: la democracia no consiste solamente en decidir quién gobierna, sino también en establecer qué no puede hacer quien gobierna. Los derechos necesitan algo más que reconocimiento constitucional: necesitan instituciones capaces de hacerlos exigibles.
Esta preocupación conduce a una de las reflexiones más provocadoras del libro: una Suprema Corte puede seguir existiendo y, sin embargo, volverse irrelevante. Puede conservar sus ministros, ceremonias y una enorme presencia pública, pero perder su capacidad efectiva para controlar al poder. Cossío advierte, además, que resolver expedientes con mayor rapidez no equivale necesariamente a impartir mejor justicia. Detrás de cada expediente hay conflictos humanos que no desaparecen simplemente porque se cierre un asunto.
Desde la ciencia política, esta es una de las características más inquietantes de la erosión democrática contemporánea. Las democracias no siempre se deterioran mediante rupturas espectaculares. En ocasiones, las instituciones permanecen, conservan sus nombres y estructuras, pero pierden gradualmente la función que justificaba su existencia.
Un Congreso que deja de supervisar al Ejecutivo, organismos que pierden autonomía o tribunales que ya no actúan como contrapesos. La democracia puede vaciarse desde dentro, incluso mientras conserva sus procedimientos electorales.
El deterioro de la justicia también tiene consecuencias que trascienden la política. Cossío recupera el caso Lion México, anterior a la reforma, para mostrar cómo las irregularidades judiciales pueden generar condenas internacionales millonarias. Una justicia deficiente tiene costos: indemnizaciones, pérdida de confianza, menor inversión y controversias que terminan resolviéndose fuera del país.
En el contexto de la revisión del T-MEC, la advertencia es especialmente relevante. Una reforma emprendida en nombre de la soberanía podría, paradójicamente, debilitar la capacidad de México para resolver sus propios conflictos. La soberanía también depende de contar con instituciones confiables.
Todo esto conduce a la paradoja mayor: un gobierno puede hacerse más poderoso mientras el Estado se vuelve más débil. Concentrar decisiones, eliminar contrapesos y someter a los jueces puede facilitar el ejercicio inmediato del poder, pero destruye capacidades institucionales indispensables para cualquier gobierno.
El Estado necesita tribunales que hagan cumplir las reglas, procesen conflictos y protejan derechos, incluso frente a quienes gobiernan. Necesita también honrar sus obligaciones internacionales y dar continuidad a compromisos que no pertenecen a una administración o movimiento político.
No se trata de idealizar al Poder Judicial anterior, cuyas fallas exigían transformaciones profundas. Se trata de preguntarnos si los cambios dejan a los ciudadanos mejor protegidos o más expuestos frente al poder. Esa es la prueba verdaderamente importante.
Cossío deja una advertencia difícil de olvidar: quien destruye a sus jueces heredará el viento. Los gobiernos pasan, pero las instituciones deben permanecer. Cuando se debilitan los mecanismos que limitan al poder, no sólo se eliminan obstáculos para el gobernante de hoy.
Se destruyen las defensas que la sociedad necesitará frente a los poderosos de mañana. Y una democracia comienza a perderse cuando conserva las urnas, pero deja de contar con instituciones capaces de proteger a los ciudadanos de quienes las ganan.
Vaya conclusiones de nuestro querido ministro en retiro.