La semana pasada tuvimos en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey a Dan Slater en el marco de nuestra Conferencia Anual de Ciencia Política. Presentó su libro From Development to Democracy y me dejó pensando en México durante días.
Su argumento es muy limpio y puede desafiar nuestros convencionalismos: el desarrollo económico no conduce automáticamente a la democracia. Todo depende de cómo se distribuyan sus beneficios.
Durante décadas, la teoría de la modernización nos convenció de que el crecimiento implicaba apertura política. Más ingreso, más educación, más clase media: tarde o temprano, democracia. Slater introduce una corrección fundamental. No es el nivel de riqueza lo que importa, sino la estructura social que ese desarrollo construye.
Cuando el crecimiento genera sociedades relativamente inclusivas —con oportunidades amplias y élites que no temen perderlo todo en una alternancia— la democracia se vuelve viable. Pero cuando el desarrollo concentra beneficios en coaliciones estrechas, el resultado suele ser lo que él llama desarrollo regresivo (es decir, crecimiento que profundiza desigualdades y concentra poder en pocos actores). En esos contextos, la apertura política se percibe como una amenaza existencial.
Escuchándolo, era inevitable pensar en el México del desarrollo estabilizador (y posterior).
Entre 1954 y 1970 crecimos a tasas extraordinarias. Se consolidaron instituciones, se expandió infraestructura, se amplió la cobertura educativa y urbana. El régimen priista logró algo que pocos países latinoamericanos consiguieron: estabilidad macroeconómica sostenida y crecimiento bajo un sistema de partido hegemónico.
Pero, ¿qué tipo de sociedad produjo ese desarrollo?
No fue puramente excluyente: hubo incorporación corporativa de obreros y campesinos, expansión de servicios públicos y movilidad para ciertos sectores. Pero tampoco fue plenamente inclusivo. La integración era vertical, controlada, selectiva. Amplias zonas rurales y amplios segmentos urbanos quedaron fuera de los beneficios más dinámicos del crecimiento. La competencia política estaba cerrada y el acceso al poder dependía de la pertenencia a la coalición dominante.
Desde la lente de Slater, México construyó un orden autoritario con suficiente incorporación para evitar rupturas, pero sin transformar de fondo la estructura distributiva ni la concentración del poder.
A mí me parece claro que la transición democrática de los noventa tuvo que ver con el desarrollo económico previo, pero no solamente. También influyeron las crisis económicas (derivadas del fin de un modelo de crecimiento), reformas electorales acumulativas, fortalecimiento de la oposición y fisuras internas. Democratizamos cuando el régimen dejó de ser invulnerable y cuando sectores clave de la élite entendieron que podían competir sin perderlo todo.
Pero aquí está el punto que más me inquieta.
Democratizamos sin haber resuelto plenamente nuestra estructura de desigualdad.
La alternancia del 2000 fortaleció las reglas del juego, pero no modificó sustancialmente la informalidad masiva, las brechas regionales ni la concentración económica. El crecimiento posterior fue bajo y desigual. Se construyeron instituciones electorales robustas, pero la promesa de bienestar y movilidad amplia quedó a medias.
Si seguimos el argumento de Slater, la estabilidad democrática depende de que las élites no sientan que una derrota electoral equivale a una amenaza existencial, y de que amplios sectores sociales perciban que el sistema les ofrece oportunidades reales.
Cuando esas condiciones no se consolidan, la democracia descansa sobre bases más frágiles.
Quizá por eso el debate actual sobre retrocesos institucionales resulta incompleto si lo reducimos a impulsos de personas (AMLO) o al diseño constitucional. Hay que mirar también la base social que sostiene —o no— al régimen democrático.
Pensar en esto hoy importa porque México atraviesa un momento de deterioro institucional evidente. Las reformas recientes en materia electoral, judicial y de equilibrio de poderes apuntan hacia más concentración de poder. No estamos discutiendo cómo profundizar nuestra democracia, sino cómo evitar que siga erosionándose.
En ese contexto, el argumento de Slater adquiere una relevancia particular. Si la democracia mexicana nació sin una base social suficientemente amplia, su fragilidad actual no debería sorprendernos.
Entender esto no resuelve el problema, pero sí cambia la pregunta.
La discusión ya no debería centrarse únicamente en cómo defender las instituciones existentes, sino en cómo construir la base social que las haga sostenibles.
La defensa de la democracia, entonces, no puede ser solo jurídica o institucional. Tiene que ser también social y económica.
Detener el deterioro democrático pasa, inevitablemente, por ampliar las oportunidades y reconstruir un horizonte de movilidad que hoy muchos mexicanos no ven.
El trabajo de Slater nos deja una advertencia:
No es el crecimiento lo que produce democracia.
Es la sociedad que ese crecimiento construye.
Y la pregunta que México enfrenta hoy no es solo cómo frenar el deterioro democrático, sino cómo construir la base social que permita revertirlo.