Me estoy imaginando los primeros días del próximo presidente de la República. Supongo que durante el tiempo de campaña y el de la transición habrá procesado los suficientes elementos para entender mejor al país que recibe y poder lanzar un proyecto para reencauzarlo (salvarlo, es un mejor término). En el pasado, presidentes recién llegados ejecutaron acciones extraordinarias para mandar la señal de quién era el nuevo dueño del poder. Inolvidable fue aquel evento en el que se capturó a La Quina, o se metió tras las rejas a la intocable Elba Esther. De naturaleza distinta, pero bajo la misma lógica, fue la cancelación el aeropuerto que se construía en Texcoco. Y es que los políticos y quienes detentan el poder se hablan entre ellos. Se ponen límites, se mensajean, se arreglan. El ciudadano siempre es el olvidado.
Me imagino, entonces, que en sus primeros días el próximo presidente, si provino de la oposición, buscará enterrar todo lo relacionado con el periodo de López Obrador. Si, por el contrario, llegó allí como candidato de Morena, tendrá que conciliar el discurso de la continuidad con los ajustes necesarios luego de seis años de gran deterioro, a menos de que apueste por profundizarlo más. Me gustaría ver, sin embargo, a un próximo presidente que se dirija a los ciudadanos, en busca de la reconciliación. Esta es la relación que está rota. No son los políticos o los militantes en los polos con los que se tendrá que reconciliar. Es la relación entre autoridad y ciudadanos la que se tiene que rehacer. Los radicales de ambos polos que se queden dónde están, peleando contra sus propios fantasmas.
Esta reconciliación puede tener una vía retórica y otra sustantiva. La primera es discurso; la segunda es sustancia que debe poder materializarse en resultados. La vía sustantiva pasa por lo que hace viable a cualquier gobierno bajo formas democráticas: recaudación de impuestos a cambio de genuina representación política. Si el próximo gobierno avanza en este tema, tendremos una verdadera transformación. Soy enfática, si los gobiernos quieren recursos de nuestro esfuerzo, tendrán que darnos genuina representación a cambio. Este sería un punto de partida genial para quien encabece el próximo gobierno, porque estaría ofreciendo reconciliación a través del replanteamiento de nuestro pacto social.
Hace un par de semanas participé en los Encuentros Económicos, organizados por el Círculo de Economistas de Francia. Dialogué en una mesa con el tema de impuestos y democracia. Existe en Europa una preocupación fundamental sobre cómo recaudar de aquellas empresas multinacionales (sobre todo en el sector de la tecnología) con ganancias multimillonarias y distintos domicilios fiscales. Se han planteado esquemas de coordinación multipaís en el marco de la OCDE y el G-7, para estandarizar -si es posible el término- la manera en que se cobran impuestos a estas empresas. Existe un acuerdo, no ejecutado todavía, para lograr el propósito. Se busca mayor recaudación para avanzar en las transiciones que se necesitan (la energética, climática, laboral).
En México no estamos todavía en esos temas. En los Encuentros tuve que plantear algo mucho más básico, el reverso de la moneda: cómo fortalecer la gobernanza del gasto. No fue fácil para mí explicar que, a pesar de que somos una de las economías más grandes del mundo y de que pertenecemos a los círculos de países y economías más encumbrados, padecemos de problemas muy de tercer mundo, de países con baja institucionalidad y pobre democracia.
Mientras lo desarrollaba pensé en lo muy injusto que es para los mexicanos que estas circunstancias se sostengan. Mi planteamiento fundamental se resume en lo siguiente: no importa cuál sea el nivel de recaudación tributaria en nuestro país; mientras la gobernanza del gasto sea tan frágil, no veremos generación de valor, sino destrucción del mismo.
Describí cómo en cada ejercicio presupuestal el Ejecutivo tiene amplio margen para modificar lo que el Legislativo aprobó. Todo presupuesto es modificable, porque nadie tiene el control de todas las variables, pero las ‘adecuaciones’ en nuestro país se salen de cualquier parámetro permitido en sociedades democráticas. En países con contrapesos bien establecidos, cuando un cambio rebasa cierto umbral debe pasar por la aprobación legislativa, la que ostenta nuestra representación. Además, ciertos rubros de gasto están blindados: la salud o la educación no se tocan. Forman parte de acuerdos absolutos, que no permiten modificación ni interpretación.
El próximo presidente recibirá una de las haciendas públicas más pobres de las que tengamos memoria. Tendrá cero margen, circunstancia que lo llevará a convocar un nuevo arreglo. Es previsible que tengamos una reforma fiscal que puede adquirir distintas características. Pero cualquier planteamiento de reforma debe estar supeditado a la formulación de un nuevo pacto: un intercambio loable, un balance entre lo que te doy y lo que me das. En suma, una reforma fiscal debe estar acompañada de nuevas vías para garantizar la representación y una buena gobernanza del gasto público. En México Evalúa hemos hecho propuestas para fortalecerla.
Quiero poner en términos positivos lo que vendrá para nosotros. Ojalá sea una convocatoria para reformular nuestro pacto social como vía para la reconciliación.
La autora es directora de México Evalúa.