Hablar de Estado de derecho parecería algo muy abstracto, pero se traduce en algo tan elemental y cercano como el que todos seamos tratados por igual y que, por lo tanto, no se imponga la voluntad de una persona o un grupo sobre el resto, su antítesis es la arbitrariedad.
Si bien en la historia de nuestro país el Estado de derecho no es lo que ha privado, en los últimos treinta años se fue construyendo un nuevo andamiaje institucional en esa dirección, procurando el equilibrio de poderes, reforzándolo con la emergencia de organismos especializados de control constitucional, como el Banco de México, el INE y el INAI.
Todo bajo la consideración de que el Estado autoritario nos había llevado a vivir en un Estado de exclusión de amplios sectores sociales y con ello había encontrado su límite de reproducción.
Pues bien, a pocos años de aquello y aun lejos de alcanzar la meta, ahora tenemos evidencias en sentido contrario, promovidas y ejecutadas por quien debería ser el primer valladar de su defensa. Hechos que además confirman lo que se ha venido calificando como elección de Estado.
Una vez más la Comisión de Quejas del INE, documenta y emite medidas cautelares para tratar de frenar la injerencia del Ejecutivo federal en las elecciones. El pasado sábado emitió por enésima ocasión medidas cautelares sobre las mañaneras, cuando ya lo ha hecho en diversas ocasiones sobre otras manifestaciones del presidente de la República.
El ejemplo cunde y el jefe de Gobierno de la CDMX también recibe del Instituto Electoral de la CDMX una amonestación por su clara intervención en el proceso electoral de la capital de la República.
El asunto no para ahí y una vez más la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se pronunció sobre cuestiones electorales y emitió un “informe sobre violencia política” en el que elogió a la candidata Claudia Sheinbaum, “denunció” lo que calificó como “campaña negra” en contra de López Obrador y criticó propuestas de Xóchitl Gálvez.
Más allá de lo cuestionable de los argumentos vertidos en su documento y la clara parcialidad de los mismos, la Comisión pretendió erigirse en la salvaguarda de los derechos políticos cuando eso le está expresamente prohibido por la sencilla razón de que esa competencia recae en las autoridades electorales. De otra manera, la responsabilidad se diluiría y la aplicación del derecho también.
En este caso, más allá de que la propia CNDH reconoció implícitamente su yerro y anunció que suspenderá sus “informes” —había anunciado que serían quincenales— el TEPJF, en sentencia promovida por el magistrado Felipe de la Mata, reconvino a la CNDH prohibiéndole que se pronuncie, ostentándose como autoridad, sobre hechos políticos sin tener las facultades, ni la especialidad, con lo que abona a la falta de certeza y seguridad jurídica.
Enhorabuena, la resolución fue aprobada por unanimidad. A 61 días de la jornada electoral la equidad y la certeza jurídica son valores fundamentales para el desarrollo de las campañas. Les toca al INE y al TEPJF hacer valer su autoridad para hacer respetar las reglas que los actuales actores en contienda pactaron en las sucesivas reformas electorales. De no ser así, ¿quién cerrará la puerta?
Contribuir a generar condiciones de equidad y legalidad es tarea de todos, esperemos que la oposición, en un afán pragmático, no siga el mismo derrotero, a resultas de que “todo se vale”.
POSDATA I: Inician campañas para gubernaturas en Chiapas, Morelos, Puebla y Veracruz, las cuatro entidades que faltaban por hacerlo de las nueve que renovarán Ejecutivo local. Además, están ya en curso también las contiendas por las 16 alcaldías y el Congreso local de la CDMX. Cuestión nada menor si consideramos que esas cinco entidades representan más de una cuarta parte del listado nominal nacional. Serán elecciones muy competidas y en donde veremos, desde mi punto de vista, que la lógica federal no necesariamente arrastrará el voto local como sucedió en el 2018, probablemente tengamos voto dividido y/o la realidad local y sus particularidades se impongan.
POSDATA II: Ayer concluyó la primera etapa del programa de capacitación del INE y los números no son malos si uno los ve agregados a nivel nacional. Se requieren un millón 538 mil 100 funcionarios para instalar 170 mil 900 casillas el próximo 2 de junio y se cuenta con 2 millones 636 mil 838 personas aptas para esa tarea (según los datos del INE de mediados de la semana pasada). Sin embargo, el análisis hay que llevarlo a nivel distrito y sección electoral. Preocupan las cifras en estados como Baja California, Baja California Sur, Colima, Quintana Roo y Sonora, que si bien no son de extrañar los datos dados los precedentes, implicarán un esfuerzo adicional en los siguientes dos meses.
Lo que es preocupante es la alta rotación de capacitadores electorales, pieza clave del proceso, ya que son las personas que tienen el contacto permanente con quienes serán la autoridad que recibe y cuenta los votos de sus vecinos y eso implica acompañamiento y sobre todo confianza, esperemos que el INE logre retener a quienes hacen esa difícil y delicada tarea, ya que en ellas y ellos recae en buena medida la logística sobre la que descansa la certeza.