Finanzas públicas sanas que permitan sostener los avances sociales. Con esta frase presentó el Gobierno de México el Paquete Económico para el año 2027.
La frase es clave para entender el momento que vivimos. Durante décadas, la presentación del citado paquete económico despertaba el interés de calificadoras internacionales y de expertos de distintos ámbitos.
Hoy, las mayorías, las mexicanas y los mexicanos de a pie, saben que tienen un gobierno empeñado en sostener el bienestar de todas y todos más allá de los buenos números macroeconómicos.
Desde el pasado que remite al “error de diciembre” y otros desastres, pretenden venir a dar lecciones, aunque ninguno de quienes estuvieron al frente de las finanzas públicas en el periodo neoliberal pueda decir, como puede hacerlo la Cuarta Transformación, que en los últimos años 13 y medio millones de personas dejaron las filas de la pobreza. Tampoco, claro, que, como ocurre hoy, la pobreza laboral se encuentra en su nivel más bajo desde que iniciaron los registros.
El propósito explícito de la estrategia gubernamental es que tengamos finanzas públicas sanas, sostenibles en el largo plazo, para mantener los avances sociales, como ha ocurrido desde finales de 2018.
Se trata de apoyar a las familias y de apoyar a quienes generan empleo, del bienestar compartido, como ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum. Más de un billón de pesos van a los Programas del Bienestar, un monto histórico que beneficia a millones de familias y va de la mano del desarrollo económico y de finanzas públicas sanas, a partir de ejes muy claros.
La meta establecida por las autoridades hacendarias es un crecimiento económico de más de 2% (un rango de 1.5 a 2.5%), para fortalecer la generación de empleos y el bienestar de las familias mexicanas.
El Paquete Económico protege las prioridades de la Transformación, en primerísimo lugar los Programas del Bienestar, además de garantizar la inversión pública y las participaciones crecientes a las entidades federativas. Todo, sin descuidar las obligaciones financieras del Estado mexicano.
En lo que toca a los ingresos, plantea medidas importantes para combatir a las factureras, así como la evasión y la elusión fiscal. Más eficiencia en la recaudación sin aumento de impuestos.
El cuadro se complementa necesariamente con un gasto más eficiente y con medidas para avanzar en la austeridad republicana, así como con la reducción paulatina y responsable del déficit público (de 4.1 a 3.9%).
Igualmente, se prevé un crecimiento muy importante de los ingresos tributarios, de 5.9% en términos reales, así como de los no tributarios, incluyendo los ingresos petroleros.
Las metas abarcan un aumento en el gasto neto total de 0.7%, con un aumento en el gasto programable de 1%; y en el gasto no programable, que incluye el servicio financiero del país, con un manejo muy eficiente y contenido de 0.2%.
Todo lo anterior se va a ver reflejado en un balance primario de 0.5% del Producto Interno Bruto superior al que ya estamos logrando para el cierre del 2026 de 0.1%, lo cual va a traducirse en una reducción paulatina, muy importante, del déficit público a 3.9%, que a su vez va a producir una trayectoria de la deuda estable hasta el 2030.
La SHCP ha solicitado contratar 1 billón 480 mil millones de pesos de financiamientos, para complementar los ingresos presupuestarios y financiar el Presupuesto de Egresos que analizamos en la Cámara de Diputados. Con este nuevo financiamiento, la deuda neta del sector público se ubicaría en 20 billones 774 mil millones de pesos, equivalentes al 55.8% del PIB.
Algunos analistas señalan que el monto de la deuda ha llegado a un nivel crítico y que, por lo tanto, sería muy importante reducir en mucho mayor medida el balance presupuestal para, por lo menos, mantener el nivel de deuda como proporción del PIB. Indudablemente, esto sería deseable; sin embargo, un menor endeudamiento obligaría a recortar el gasto público.
Como argumentan las autoridades hacendarias, el endeudamiento público debe ser evaluado en función del destino y la calidad del gasto que financia. “La deuda es una herramienta legítima y necesaria para impulsar la inversión pública, fortalecer la infraestructura y fomentar el crecimiento de largo plazo, siempre que los recursos se orienten a proyectos productivos y sostenibles”.
En suma, los Criterios Generales de Política Económica 2027, presentados por el Gobierno de México, condensan la meta de consolidar un modelo de desarrollo con bienestar, en el cual el crecimiento económico se traduzca en ingresos crecientes para las familias, más oportunidades de empleo e inversión, mejores servicios públicos y una reducción sostenida de la pobreza y las desigualdades.