Dolores Padierna

Las cartas marcadas de la consulta popular

La consulta popular con todas las de la ley tuvo un ingreso tímido a nuestra vida democrática. Pero es un buen comienzo que rechazaron sólo los falsos demócratas.

Diputada Federal

Más de siete millones de personas participaron en la primera consulta popular constitucional.

Pese a los esfuerzos heroicos de miles de voluntarios en pos de la memoria y la justicia, los llamados fueron insuficientes para conseguir una participación ciudadana más nutrida.

En el origen del alto abstencionismo está el hecho de que la democracia participativa ha tenido una vida azarosa en nuestro país. No es casualidad que la primera consulta con todas las de la ley ocurra en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador quien, en campaña, ofreció respaldar la consulta popular y también someter su cargo al refrendo de la población una vez transcurrida la primera mitad del sexenio.

Durante largos años, la partidocracia y otras elites hicieron todo lo posible para que México caminara a contracorriente de una tendencia mundial que abre cada vez más espacios a la opinión de la gente para decidir asuntos cruciales para una nación o incluso para una región.

La puerta, vía el sistema nacional de planeación democrática, se abrió desde 1983, pero las variadas formas de democracia participativa –que incluyen la consulta y el referéndum– tuvieron que esperar largos años en la congeladora legislativa o en la interesada postergación por parte del Ejecutivo.

Una reforma constitucional, en 2012, consagró la consulta y la iniciativa ciudadana, aunque desde el poder se establecieron reglas y limitaciones que hicieron muy difícil llevar la letra de la ley a la realidad.

Con esas reglas a modo, fue que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la consulta sobre la reforma energética en 2014.

Ya en este gobierno fueron aprobadas las reformas constitucionales en materia de consulta popular y revocación de mandato. No se consiguió, pese a los esfuerzos de legisladores de Morena, que la consulta popular se empatara con la elección constitucional, lo que habría constituido un elemento central para garantizar una participación mayor y para disminuir los costos del ejercicio.

Un grupo de ciudadanos logró la proeza cívica de reunir millones de firmas y ese ejercicio se acompañó de la solicitud presentada por el presidente de la República.

La Corte modificó la pregunta sugerida por el Ejecutivo y el resultado fue una formulación que para muchos resultó confusa. A ese hecho se añadió el desgano –para decirlo suavemente– con el cual algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral asumieron su responsabilidad de organizar la consulta.

Los consejeros –amparados para seguir cobrando salarios superiores al del presidente– argumentaron la falta de recursos para negarse a dar la máxima publicidad a la consulta y decidieron instalar un número de mesas de votación que resultó insuficiente y resultó un obstáculo para muchos ciudadanos.

En suma, fuimos a la consulta con una legislación deficiente derivada de las presiones de la oposición, con una pregunta confusa y con una autoridad electoral que ha tomado partido y se niega a cumplir con su encomienda a cabalidad.

Con todo y esas cartas marcadas, la consulta logró probar que Morena es la fuerza política con mayor capacidad de movilización, además de que en este ejercicio particular confluyó con colectivos y organizaciones que decidieron promover el SÍ con la mirada puesta en las víctimas de las atrocidades cometidas en el periodo neoliberal, en la necesidad de encontrar verdad, justicia y reparación.

Apenas concluida la consulta comenzaron a desplegarse diversas iniciativas que buscan justo que esta nación sane las terribles heridas de los sexenios anteriores.

Cuando terminen de burlarse de los ciudadanos que participaron en la consulta popular, los opositores harían bien en comenzar a prepararse para el proceso de revocación de mandato –que en realidad será de refrendo–, que se llevará a cabo en marzo de 2022.

Este proceso debe iniciar en noviembre próximo y para ponerlo en marcha se requiere el respaldo de al menos 3.0 por ciento de los electores distribuidos en 17 entidades.

Algunos ilusos sacan cuentas alegres cuando hablan de la consulta como un techo electoral de Morena. Otros, cuyos partidos a duras penas conservan el registro, hacen mofa del abstencionismo sin mirar la viga. Bien podrían mirar el ojo propio o bien la encuesta más reciente de El Financiero, según la cual el presidente lograría sin problemas el refrendo de su mandato.

La consulta popular con todas las de la ley tuvo un ingreso tímido a nuestra vida democrática. Pero es un buen comienzo que rechazaron sólo los falsos demócratas.

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