Dolores Padierna

Consulta y cambio de régimen

La consulta del próximo 1 de agosto se proyecta hacia el futuro, puesto que se trata de establecer las condiciones para garantizar y ampliar el ejercicio de la democracia participativa.

Diputada Federal

La derecha nacional ha decidido boicotear la consulta popular por la sencilla razón de que siempre ha estado en contra de la participación de los ciudadanos de a pie en las decisiones vitales para el país.

Entre los argumentos que utilizan para minimizar este ejercicio democrático hay mucha paja y muchos insultos. En la consulta, dicen sus ideólogos, sólo participarán perritos condicionados y acarreados.

Al insultar a los ciudadanos decididos a participar, la derecha se describe a sí misma: para ella, los asuntos públicos deben ser decididos por las elites y por la tecnocracia que nos convirtió en una de las naciones más desiguales del planeta.

¿Por qué les resulta un ejercicio inútil abrir la puerta a juzgar a los expresidentes que saquearon al país, que nos dejaron una herencia de violencia y pobreza, que operaron fraudes electorales para sostenerse en el poder? ¿Por qué equiparan con animales a los ciudadanos que hicieron un esfuerzo titánico para reunir dos millones y medio de firmas?

Otro de sus argumentos más socorridos es que “la aplicación de la ley no se consulta”. Con esta formulación pretenden hacer una caricatura de un ejercicio inédito que se lleva a cabo en un gran número de naciones democráticas, puesto que nunca se ha planteado llevar a consulta la aplicación de la ley, sino la disyuntiva entre poner “punto final” a los hechos del pasado (como ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador) o bien investigar y esclarecer presuntos ilícitos.

El ejercicio democrático que se llevará a cabo el próximo 1 de agosto tiene su origen en la exigencia de colectivos sociales que dio lugar a una reforma constitucional que abrió la puerta a las candidaturas independientes, la consulta popular vinculante e iniciativas populares de ley. Tal iniciativa fue aprobada en 2012, pero la exigencia social debió continuar para que, dos años después, se aprobaran las leyes secundarias.

En 2019, gracias a una iniciativa de Morena, se reformó de nueva cuenta el artículo 35 de la Constitución para incluir en el catálogo la revocación de mandato.

A pesar de estar en la ley, el mecanismo de la consulta popular no fue utilizado, hasta ahora, entre otras causas porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó cuatro propuestas de consulta presentadas en 2014, destacadamente la promovida por Morena sobre la reforma energética de Peña Nieto.

En muchos países ha ganado terreno el consenso de que la democracia representativa ha derivado en un contenedor que no da cabida a las crecientes demandas de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

La solución que se ha ido ensayando en regímenes democráticos contemporáneos consiste en ampliar los cauces de ejercicio de la soberanía popular, a través de mecanismos de democracia participativa que se incorporan a los marcos constitucionales.

La teoría constitucional ha superado la concepción clásica de que el pueblo ejerce su soberanía exclusivamente por medio de los poderes constituidos. En el siglo XXI la mayoría de las constituciones de las democracias presidenciales y parlamentarias tienen mecanismos de democracia participativa como una vía de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y de legitimación de las acciones de los poderes públicos.

La consulta del próximo 1 de agosto se proyecta hacia el futuro, puesto que se trata de establecer las condiciones para garantizar y ampliar el ejercicio de la democracia participativa con regularidad y certeza. Se trata de un cambio de fondo en el ejercicio del poder público en México, además de que constituye una pieza clave del cambio de régimen.

Hasta hoy, el derecho a la consulta pública existía sólo en el papel, debido a un gran volumen de restricciones.

La estrategia es empoderar al ciudadano en su condición de actor determinante de la democracia. En ese camino se requiere fortalecer, ampliar y dar mayor contenido y alcance al marco jurídico que sostiene figuras de la democracia directa como el plebiscito, el referéndum, la consulta, la iniciativa popular, la revocación de mandato, auditoría social y presupuesto participativo.

La consulta es ya un éxito en la medida en que ha propiciado que amplias franjas de nuestra sociedad se informen y examinen los hechos de nuestro pasado reciente, hagan un recuento de agravios y participen en un ejercicio que busca poner fin a la impunidad prevaleciente, uno de los peores males que padece nuestro México.

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