Dolores Padierna

Ley de Hidrocarburos e intereses creados

La reforma a la Ley de Hidrocarburos está dirigida a poner un piso parejo entre empresas públicas y privadas, fortalecer el combate al huachicol y la delincuencia de cuello blanco.

Diputada Federal

La reforma energética de Enrique Peña Nieto fue una feria liberalizadora, una fiesta de concesiones y permisos que abrió paso a un mercado sin controles, a un terreno propicio para la ilegalidad. Nos llevó, por si fuera poco, a afianzarnos como el país petrolero que más gasolinas importa en el mundo.

El sector energético y las reglas para su funcionamiento son de suyo complejos, pero la ecuación básica de la reforma peñista quedó desde siempre al descubierto: favorecer a los privados a costa del debilitamiento de las empresas públicas.

El gobierno actual heredó un mercado de combustibles en el que imperaban las prácticas anticompetitivas, la corrupción, el robo y el contrabando, la especulación, un conjunto de ilícitos que afectaban a los consumidores y a la hacienda pública. Sólo en el primer trimestre de este año, según estimación del SAT, los ingresos tributarios se redujeron en 20 mil millones de pesos por el contrabando de combustibles y el huachicol.

Beneficiarios de un modelo que les favorecía en detrimento de las empresas públicas, algunos consorcios han encontrado en el Poder Judicial un terreno fértil para expresar su rechazo y tratar de impedir cambios en beneficio del país entero.

Con una velocidad inusual, el juez segundo en materia administrativa, Juan Pablo Gómez Fierro, se ha convertido en defensor de intereses privados por encima del interés público. Se trata, para más señas, del mismo juez que ha otorgado suspensiones contra la reforma eléctrica y el registro de teléfonos celulares.

En recientes resoluciones, ha concedido cuatro medidas cautelares a ocho empresas que impugnaron el decreto publicado el pasado 4 de mayo.

“La suspensión provisional que se concede es para el efecto de que se suspendan todas las consecuencias derivadas del artículo 57 de la Ley de Hidrocarburos, así como de los artículos transitorios cuarto y sexto del Decreto reclamado”, se lee en la resolución.

Aunque el reclamo fue presentado por solo un puñado de empresas, el juez determinó la suspensión general, lo que afectará indudablemente las metas que se plantea la reforma.

¿Y cuáles son tales objetivos? Pueden resumirse en cuatro líneas de acción, que están presentes en la reforma aprobada por el Congreso: primero, combatir de manera frontal y decidida el contrabando; segundo, acabar con el robo en el expendio de combustible; tercero, optimizar el almacenamiento; y cuarto, gestionar los permisos en función de los imperativos de la seguridad energética y la seguridad nacional.

El punto de partida fue que las voluminosas importaciones nos colocan en una situación de peligrosa dependencia y vulnerabilidad, además de que el alto costo de los combustibles foráneos impacta la economía de industrias, comercios, servicios y familias mexicanas. Para colmo, ese caos ha profundizado la desigualdad en el acceso a la energía.

Igualmente, el contrabando de combustibles, que creció con la liberalización del comercio debe ser combatido con eficacia, pues actualmente los contrabandistas ofrecen combustibles con una ventaja de precio de por lo menos 40 por ciento frente a las importaciones legales, en lo que constituye competencia desleal en detrimento de Petróleos Mexicanos y otros comercializadores.

Para desarticular bandas y desincentivar el contrabando, la reforma plantea la revocación de permisos de distribuidores y comercializadores que lleven a cabo prácticas deshonestas, siempre y cuando el delito haya sido determinado por resolución firme de la autoridad competente.

Igualmente, con la reforma se amplían las sanciones ya previstas, hasta llegar a la revocación del permiso, en los casos de reincidentes que incumplan las disposiciones relativas a la cantidad, calidad y medición, o que alteren las condiciones técnicas de los sistemas, ductos, instalaciones o equipos de suministro.

En resumen, una reforma dirigida a poner un piso parejo entre empresas públicas y privadas, así como a fortalecer el combate al huachicol y la delincuencia de cuello blanco, ha sido frenada parcialmente por un juez que parece poner, otra vez, los intereses creados de ciertos grupos por encima del bienestar de las mayorías.

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