Dolores Padierna

Justicia laboral: lo que calla la oposición

La justicia para los trabajadores es una de las grandes líneas que ha ocupado los esfuerzos de la Cuarta Transformación.

Diputada Federal

Mientras en el bando opositor comienzan a aceptar que caminan a la derrota electoral el próximo 6 de junio, el gobierno de México sigue avanzando en una agenda comprometida con las mayorías.

En esa agenda, cuya puesta en marcha tuvo como condición la victoria electoral de hace tres años y la llegada a la Presidencia de un político con verdadera sensibilidad social, los opositores podrían encontrar las causas del respaldo que mantiene Andrés Manuel López Obrador y de los escenarios electorales que dibujan las encuestas.

La oposición tricéfala concentra sus baterías en asuntos que son importantes para el país, pero que están lejos de las preocupaciones cotidianas de millones de ciudadanos que fueron excluidos durante largos años.

En tanto, el ciudadano de a pie valora los programas sociales, los esfuerzos en torno a la seguridad y la salud, así como un conjunto de reformas y medidas que se están traduciendo en una mejora inmediata de la calidad de vida de las mayorías.

La justicia para los trabajadores es una de las grandes líneas que ha ocupado los esfuerzos de la Cuarta Transformación.

El sexenio arrancó con un incremento al salario mínimo que terminó con el dogma neoliberal de que aumentar los minisalarios nos llevaría a una espiral inflacionaria sin freno. Hasta ahora, el incremento ha sido de 40 por ciento, con lo que se ha logrado recuperar en parte el poder adquisitivo de los trabajadores, que en la etapa neoliberal perdió 70 por ciento.

En los sexenios recientes se llevaron a cabo algunas reformas que beneficiaban a los trabajadores, pero en casi todos los casos se trató de cambios exigidos en el marco de los acuerdos comerciales con otras naciones, es decir, no nacieron de una voluntad expresa de quienes detentaban el poder.

Recientemente se anunció la reforma relativa a la subcontratación, que pone fin a uno de los capítulos más vergonzosos del mundo del trabajo.

Millones de personas que trabajaban en condiciones precarias se encontraban absolutamente indefensas con la tercerización: realizaban su labor en una fábrica u oficina pero su patrón era otra empresa que, además de declarar ante el Seguro Social un ingreso menor, desarrollaba tramposos esquemas para evadir el pago de impuestos y de cuotas patronales. Todo el modelo estaba diseñado para conculcar derechos, incluyendo el pago de utilidades, que nunca existía.

El cambio, logrado tras arduas negociaciones en las que participaron empresarios y sindicatos, obliga a las empresas a registrar como propios a sus trabajadores, aunque se permitirá la subcontratación de servicios especializados, siempre y cuando estén registradas y cumplan con sus obligaciones fiscales y de seguridad social.

Entre los logros que debemos sumar a la anhelada justicia laboral tenemos la reforma que fortalece al Infonavit y amplía las posibilidades de que los trabajadores accedan a créditos para adquirir o mejorar sus viviendas.

Igualmente, la ratificación de los convenios 189 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo. El primero favorecerá a las trabajadoras del hogar (95 por ciento, de 2.8 millones, son mujeres) y el segundo fortalece los derechos a la contratación colectiva y la libertad de asociación.

En todo el país se está dando el tránsito al nuevo modelo de justicia laboral que hará expedita la solución de conflictos que antes demoraban años.

El ruido opositor en las campañas electorales pretende opacar los anteriores y otros logros del gobierno de México. Alineados explícitamente con la oposición, buena parte de los más importantes medios de comunicación callan o minimizan los avances conseguidos, mientras despliegan con amplitud las posturas de los poderes fácticos.

El silencio sobre estos temas confirma lo sabido: sólo celebran lo que beneficie a ciertas elites, no lo que se hace en beneficio de las mayorías.

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