Un tema que nunca ha dejado los espacios de análisis de los profesionales de la economía, la administración y el derecho es el que me tocó encabezar como presidente del Colegio Nacional de Economistas (CNE) en los años noventa. Década cuando la principal temática era la necesidad de una reforma fiscal e integral y la revisión del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, a través de una nueva Convención Nacional Fiscal —proyecto que coordinaría años más tarde—.
Conscientes de que el tema fiscal o hacendario era central para el desarrollo social y de la política económica del país, se realizaron reuniones en varios estados de la República, destacando: Oaxaca, Querétaro, Tabasco y la Ciudad de México. Asimismo, se llevó a cabo la Cuarta Convención Nacional Hacendaria encabezada por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Entre las premisas se manejaron dos vertientes: la del ingreso y la del gasto. Era necesario modernizar las finanzas estatales y municipales, vigilar el uso correcto de los recursos y dar un impulso a las universidades públicas de todo el país.
En materia de política económica, ya era claro que la reforma hacendaria era prioritaria para el país, además de que era evidente que nuestro sistema recaudatorio era uno de los menos eficientes; la recaudación tributaria, incluso con la suma de los ingresos no tributarios, no daba suficiencia al gasto público para el desarrollo. Además de rezagos sociales, en infraestructura, gasto educativo, salud e incluso de mantenimiento, así como la renovación de activos importantes en el sector público.
Desde hace algunos años, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) elaboran las estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe. La última edición es de 2025. Asimismo, la CEPAL y la Cooperación Española (AECID) difundieron en su edición 2023 el Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, en el que destacan que los ingresos tributarios totales como porcentaje del PIB de Brasil fueron del 32%, en Argentina del 27.8%, en Costa Rica del 24.9% y en México del 17.7%.
Estas cifras indicaban que teníamos que hacer un gran esfuerzo para fortalecer nuestros indicadores de desarrollo económico y social. Es claro que es necesaria y urgente una revisión de la política tributaria y que se requiere un gran esfuerzo nacional, que no afecte a los sectores de menores ingresos ni a los generadores de riqueza. Tanto la CEPAL como la OCDE coinciden en que los bajos niveles de gasto público inhiben las finanzas públicas en su papel de pivotes del desarrollo, de ahí la necesidad de incrementarlos y fortalecerlos con la participación de todos. La maestra Ifigenia Martínez, quien fue catedrática del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), señalaba —en el texto mencionado— que al inicio del siglo XXI existía en México una clara conciencia de que la situación del país, especialmente económica, no era satisfactoria.
Es importante resaltar que en ese trabajo que coordinó el Colegio Nacional de Economistas, participaron Carlos Mancera, Dionisio Meade, Horacio Sobarzo, así como el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), entre otros.
Es evidente que vivimos una situación mundial compleja; sin embargo, también es cierto que, si queremos fortalecer la política social, debemos impulsar el papel de la inversión privada, así como las economías de las entidades federativas y de los municipios.
PD. Un gran logro del Dr. Eber Omar Betanzos —destacado oaxaqueño—, exsecretario técnico de la Auditoría Superior de la Federación, que fue designado como el nuevo presidente del consejo directivo del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).