El desarrollo y crecimiento desigual de los países ha colocado al análisis de sus causas como un asunto prioritario tanto en la agenda pública como en la de los gobiernos; existe un consenso respecto a que la desigualdad surge de condiciones históricas y sociales.
Esta dinámica de la desigualdad no parece tan lejana cuando se analiza la desigualdad económica al interior de cada país, siendo replicada en el comportamiento de las economías nacionales. En un país federal, dentro de cada orden de gobierno.
Los entornos urbanos, casi siempre mejor comunicados entre sí y con actividades de más alto valor agregado que los rurales, producen —en términos nominales y estrictamente económicos— una mayor riqueza.
Las poblaciones rurales se enfrentan a un mundo de por sí desigual, que reproduce y maximiza las desigualdades al interior de sus países; aunque el 80 por ciento de los alimentos del mundo son producidos en explotaciones agrícolas familiares, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
A pesar de eso, la mitad de la población rural en el mundo carece de cobertura sanitaria, frente al 22 por ciento en zonas urbanas.
Por ello, es prioritario que el gasto público sea evaluado por su impacto para garantizar la eficiencia y el aprovechamiento para enfrentar el enorme desafío del combate a la pobreza. Así como la disponibilidad del agua, la educación y el apoyo de recursos a la población con menores ingresos.
En este orden de ideas, es evidente que el desarrollo económico y social real del país solo puede surgir desde las regiones, desde los municipios y sus localidades.
La desigualdad, la pobreza y la miseria se encuentran principalmente en el México rural; observemos lo que está pasando en comunidades de estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero o Michoacán.
La concentración a nivel municipal es clara, en las participaciones en impuestos federales, la recaudación del impuesto predial, donde estamos cerca del 0.03 por ciento del PIB, muy debajo de países como Chile, Argentina o Colombia, o del promedio de los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es del 1.9 por ciento, incluso en la deuda pública.
Los municipios se enfrentan a múltiples necesidades de gasto principalmente porque son los proveedores de servicios; limpieza, alumbrado, basura, agua son asuntos de los municipios, además del equipamiento urbano.
A excepción de los servicios de agua potable, los demás que provee el municipio solo pueden ser financiados con recursos propios o participaciones; es por esto que cuando las crisis financieras en los municipios aparecen, de inmediato la sienten los ciudadanos, ya sea en la falta de recolección de basura o en el alumbrado público; en otras palabras, se presenta un apagón financiero municipal.
Hacer política sin obra pública resulta complicado y los ciudadanos a menudo exigen nuevas obras, y los alcaldes entran en la disyuntiva de parar los servicios o atender las nuevas gestiones, más cuando entran en administraciones que ya están endeudadas.
Las participaciones son el principal ingreso que tienen los municipios; sin embargo, algunos estados aún tienen fórmulas deficientes de distribución que solo premian la ineficiencia.
Además, pocos estados apoyan con más del 20 por ciento, el mínimo que establece la Ley de Coordinación, sin entender que el crecimiento de las ciudades genera una mayor demanda de servicios, que solo se compensa con recursos de su recaudación local.
La Ley de Disciplina Financiera ha sido el parteaguas para una mejor administración municipal. Pero aún hay mucho que hacer.
Las pensiones, los laudos, la corrupción y la falta de capacidades técnicas son algunos pendientes en la agenda. Estos temas aún continúan como un reto en el desarrollo local.