El repudio social al despojo que significa dejar a niñas y niños sin alimentación en las escuelas que lo tenían, por jornada ampliada, llevó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a llamar a comparecer a la secretaria de Educación Pública. Al mismo tiempo, se planteó una mesa de trabajo para escuchar a familias, funcionarios, académicos y activistas sobre lo que ha significado para el aprendizaje, nutrición y bienestar las así llamadas ‘escuelas de tiempo completo’ –el PETC, que subsistió con clave propia hasta 2020, aunque con el presupuesto mutilado a la mitad, y que ya para 2021 se extinguió hasta su clave presupuestal, la S221– y todo lo que se pierde por su sustitución e incorporación al programa estrella de la administración, La Escuela Es Nuestra (PLEEN).

En lo primero no hubo mucho éxito. La secretaria Gómez pospuso y difirió lo que tenía que ser el escrutinio de los representantes populares; al final, se reunió en privado, no contestó la mayoría de los cuestionamientos, e hizo muchas afirmaciones sin sustento.

En lo segundo, hubo participaciones muy valiosas de los convocados. Hay que agradecer la invitación –el que esto escribe se pudo expresar sin cortapisas en la sede del Congreso de la Unión– pero en concreto no se identifica que el Legislativo se apreste a una acción sustantiva. Hasta donde vamos, se recuperará la memoria de lo expuesto, para unirlo a un exhorto a la SEP que no tiene, como se contempla, mayor peso de exigencia real. El riesgo es recopilar críticas y recomendaciones que desde ya la SEP no piensa tomar en serio.

A lo largo de las semanas, la SEP –compelida por una suspensión definitiva de la jueza séptima de Distrito del Poder Judicial Federal– lo que hizo fue generar unas nuevas Reglas de Operación, que publicó en el Diario Oficial, y que anunció como solución a las inquietudes. Tras un examen ponderado y objetivo, hay que decir: no alcanza. No cumplen ni lo que exige el Poder Judicial, no repone lo perdido, no recompone lo que desorganizó, no es una solución verdadera. En el mejor de los casos es un gravísimo error de diseño; en el peor de los casos es simulación, mala voluntad y empecinamiento autoritario y depredador.

Todavía esta semana la diputada presidenta de la Comisión de Educación –quien, por cierto, no estuvo presente cuando académicos, organizaciones internacionales y los activistas de sociedad civil nos pronunciamos– afirmó que “por instrucciones del presidente” (un lapsus en la democracia, en la distinción de poderes, afirmar tal) el programa ahora sí contempla alimentación y jornada ampliada, además de gasto en infraestructura, y que si se tuvo que “reajustar” es porque había mucha corrupción.

Lo trágico es que, de nuevo, ni una cosa ni la otra. De nuevo, no alcanza. Las Reglas de Operación nuevas no alcanzan a cumplir el principio de progresividad. Como si el Jurídico de la SEP, o la Unidad de Administración y Finanzas, o la Dirección del PLEEN, o todos los anteriores, no hubiesen leído el texto del Poder Judicial que les advierte de evitar un daño inmediato e irreparable a los derechos humanos de niñas y niños, y les ordena cesar la aplicación, lo que hacen es que indican –en el nuevo texto– que no se pueden otorgar recursos a las escuelas que ya contaban con ello. Si la alimentación no se debe detener, como confirma la jueza, porque sería una violación al principio de progresividad y al interés superior de la niñez, negarlo por el diseño de las nuevas reglas vuelve a caer en la misma violación. Como si tuvieran hambre un año fiscal sí y al siguiente no. Qué ceguera, qué vergüenza, qué crueldad.

Además, no alcanza de nuevo, ahora con los dineros. Con simple aritmética no salen las cuentas: si las familias, desde el Comité Escolar de Administración Participativa, deciden destinar el dinero a alimentación, que puede ser lo más apremiante, en varios de los volúmenes lo que reciban no les va a alcanzar al gasto señalado en la guía de 15 pesos diarios por alumno. Y claro, menos para una hora de clase, o algún arreglo a los baños. No alcanza para jornada ampliada: pueden pagar algo así como 100 pesos diarios por las horas adicionales, pero no queda claro cómo seleccionarían las actividades o a los titulares para hacerlo. Y el pago quedaría en un recibo de a mentiritas, porque el Comité no tiene RFC y los ‘profes’ no tienen cómo justificar fiscalmente el pago. ¿O todo ilegal e informal, a espaldas del SAT? ¿En qué estaban pensando? Las Reglas de Operación nuevas no alcanzan un mínimo de congruencia y operatividad. Probablemente, ni de honestidad para buscar una solución. Son contra la perspectiva de género, contra la inclusión, contra el derecho humano, y también contra el orden jurídico. Vamos a convocarnos unas a otros: No se va a caer; lo vamos a tirar.