LOS MORENISTAS CARLOS ALBERTO ULLOA e Inti Múñoz exceden sus atribuciones e invaden la esfera administrativa de la alcaldía Benito Juárez que gobierna el panista Santiago Taboada.

Además, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de la CdMx y su Director General de Ordenamiento Urbano, le llevan la contra a su jefa, Claudia Sheinbaum, y su discurso pro empresa y pro inversiones.

Después de dos años de pandemia que obligó a muchos empresarios a detener sus planes, mientras que otros tantos cerraron, hubo quienes decidieron jugársela en un entorno complejísimo.

Fue el caso de Huge Board Experience (HBE), el proyecto de proyección nocturna para un landmark único en su tipo por su extensión de cinco mil metros cuadrados y que tuvo un costo de 35 millones de pesos.

La gran pantalla, ubicada en el World Trade Center (WTC) CdMx, proyecta diariamente spots de promoción cívico-cultural, turística y avisos de interés general, dando empleo a más de 200 familias directamente.

HBE opera solo de las 20 a las 23:30 horas con proyectores LED de 32 mil lúmenes, cuyo nivel de luminosidad se encuentra muy por debajo del rango autorizado en la Ley de Publicidad Exterior de la CdMx.

Sin embargo, desde junio 2021 HBE empezó a recibir ataques infundados por parte de la Seduvi, bajo el argumento de que la ubicación esta señalada en una vía primaria.

Documentos oficiales indican que está en una vía secundaria, amén de que las autorizaciones son competencia de la alcaldía Benito Juárez, que ha emitido los oficios correspondientes para la operación de HBE.

También se esgrime que el WTC es un edificio catalogado por el INAH y el INBA, lo cual no es aplicable porque la única “catalogación” con la que cuenta es un proceso iniciado por la Seduvi que no fue gestionado con la anuencia del edificio y tampoco fue concluido.

Ulloa y su escudero Muñoz no han cejado en su acoso, no solo a HBE, sino a diversos empresarios de la CdMx, lo mismo en el terreno comercial que en el inmobiliario.

La secretaría de marras ha establecido avisos y presión mediática permanente, sin encontrar sustento en la ley y sin ser competentes para colocar sellos, excediéndose de sus facultades legales.

El accionar de los funcionarios de Sheinbaum y del partido Morena invade la autonomía de la alcaldía Benito Juárez y de Taboada, que sí promueven sin trabas los negocios en la alicaída CdMx.

OTRO FUNCIONARIO QUE hizo servicio civil de carrera, primero en la extinta Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y posteriormente en la Secretaría de Economía y que también fue despedido por Raquel Buenrostro, es Alfredo Rendón, el hasta la semana pasada director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Tenía unos 24 años en ese organismo que surgió de lo que era la Dirección General de Desarrollo Tecnológico como acuerdo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Rendón era, sin duda, el funcionario del gobierno federal que más sabía de temas relacionados con marcas, patentes y propiedad intelectual. En julio de 2021 Tatiana Clouthier lo ascendió, en sustitución de Juan Lozano. Por lo pronto el que designó Buenrostro en su lugar es a Aldo Fragoso, director general adjunto. Apenas ayer nos referíamos a dos expedientes que involucran la invasión de marcas registradas y explotación de imagen en grado de confusión. Los casos de Burger King y el empresario tamaulipeco Vicente Pérez Villalobos, y el de FESEP Seguridad Privada y los uniformes de la Guardia Nacional y la Marina.

PUES CON LA novedad de que la ministra Yasmín Esquivel empezó a cerrar fuerte en la carrera por la búsqueda de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La pregunta es si le alcanzará para lograr su cometido. El bloque de los ministros anti-4T difícilmente le darían su voto, aunque haya recibido hace unos días la bendición del presidente Andrés Manuel López Obrador, y su marido, el urbanista José María Riobóo, financie una intensa campaña de lobbying a su favor. Sus principales rivales son Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena y Javier Laynez. Para como se están moviendo las cosas, la Corte ya es una hoguera de vanidades y los integrantes de los dos bloques, los que están con el inquilino de Palacio Nacional y los que no están con él, no se van a poner de acuerdo en la primera ronda de votaciones para ungir al relevo de Arturo Zaldívar, sobre todo ahora que la también ministra Norma Piña alzó la mano. Por lo que se ve, la presidencia se definiría en una segunda vuelta en la que no se descarta la aparición de un “caballo negro”.

POR CIERTO, AYER la Suprema Corte de Justicia de la Nación retomó la discusión de la constitucionalidad de la prisión preventiva, proyecto que empuja el ministro Luis María Aguilar. La discusión seguirá mañana con pocas posibilidades de que pase la propuesta, pero lo que sí podría modificarse en su aplicación es en lo que hace a delitos de tipo fiscal. Los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo se pronunciaron en la sesión de ayer porque desaparezca en esos casos. Recordará que fue de las primeras espadas de Damocles que el gobierno de la 4T impuso al sector empresarial, con el pretexto de erradicar una práctica que ahora retomaron cercanos a este régimen: el tráfico de facturas y la creación de nuevas bandas de factureros que hoy gozan de protección e impunidad. Se cree que no va ser tan cuesta arriba conseguir los ocho votos para tirar el precepto de Morena de considerarlo un asunto de seguridad nacional.

ALREDEDOR DE 15 mil empleados de limpieza en dependencias públicas se encuentran en riesgo de perder sus fuentes de trabajo por las modificaciones que la Secretaría de Hacienda acaba de hacer a los denominados “Contratos Marco” en este sector. En específico, la oficina de Rogelio Ramírez de la O ha recortado los montos destinados a esos servicios en el gobierno federal, por lo que las empresas operadoras se ven obligadas a recortar plantillas que les generan un alto costo de seguridad social. La Asociación Nacional Bipartita de Empresas de Limpieza, que encabeza José Roberto Ortiz Álvarez, señala que los salarios contemplados por el gobierno, de poco más de ocho mil pesos al mes, no consideran la carga social, lo que contrasta con ese discurso de la 4T para priorizar los empleos formales.

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