Un empresario acusado de fraude pidió una segunda opinión sobre la estrategia que sus abogados le habían armado. No llamó a otro despacho y abrió una inteligencia artificial de las que cualquiera usa desde el celular, le contó el caso y le pidió ideas. Cuando el FBI se llevó esos papeles, un juez de Nueva York resolvió en febrero que no estaban protegidos y añadió algo peor: que contarle a la máquina lo que su abogado le había dicho pudo echar a perder la protección de esas conversaciones con su abogado.
La conclusión fácil sería que hablar con una inteligencia artificial vulnera la confidencialidad, pero esa idea está mal. En los meses siguientes, otros jueces resolvieron al revés, con el argumento de que estas herramientas son programas y no personas, y que usarlas no equivale a entregar nada a la contraparte.
La diferencia no está en lo que cada juez piensa de la tecnología. El de Nueva York hizo algo que los demás no hicieron: leyó los términos de la versión específica que el acusado había usado, una versión gratuita para consumidores que no prometía confidencialidad. Un tribunal británico llegó a la misma conclusión: subir documentos confidenciales a una herramienta abierta es como publicarlos, y aclaró que las cerradas son otra cosa. Y en Colorado, un tribunal terminó por prohibir a las partes usar plataformas de inteligencia artificial para información confidencial, salvo que el proveedor esté obligado por contrato a no entrenar con ella ni divulgarla y a permitir su borrado.
Ahí está el punto y es incómodo. Dos empresas pueden introducir la misma información en la misma tecnología y quedar en situaciones jurídicas distintas, porque una firmó un contrato y la otra usó una aplicación pública.
Tampoco hay que exagerar al revés. Que un proveedor no entrene con tus datos no significa que no los guarde. Microsoft explica en su documentación que las conversaciones de su Copilot empresarial no alimentan los modelos y que, al mismo tiempo, se almacenan en el buzón del usuario para auditorías. Y cuando un tribunal le ordenó a OpenAI entregar veinte millones de conversaciones en el pleito con los editores de periódicos, los planes empresariales quedaron fuera, pero los de consumidor no.
Hasta aquí, el riesgo viene de afuera. Ahora, lo más probable viene de adentro y casi nadie lo ve. Estas herramientas no le dan a ningún empleado acceso a nada que no pueda abrir antes. Lo que hacen es quitarle el trabajo de encontrarlo. La carpeta que alguien compartió en 2019 con toda la empresa, el sitio interno que quedó sin dueño, el archivo de nómina guardado donde no debía: todo eso estaba disponible en teoría y enterrado en la práctica, y hoy aparece al solo preguntar. Gartner reportó que cuatro de cada diez organizaciones encuestadas retrasaron durante tres meses o más el despliegue de Microsoft 365 Copilot precisamente por preocupaciones de seguridad y por el riesgo de que la herramienta hiciera visible información compartida más ampliamente de lo debido.
Ahí entra la ley mexicana, más exigente de lo que la gente cree. La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial no protege un secreto industrial por el mero hecho de serlo. Lo protege si su dueño adoptó medidas suficientes para mantenerlo confidencial y restringir el acceso. Es una obligación de conducta, no una etiqueta. La ley lleva treinta y cinco años exigiéndola sin especificar cuáles son esos medios. Los define un juez después, cuando ya hay pleito.
El día en que estalla el problema, la pregunta no es si tu lista de clientes seguía siendo secreta, sino qué vas a poder enseñar para demostrar que restringiste el acceso cuando, del otro lado, pregunten cuánta gente dentro de tu propia empresa podía consultarla. En Estados Unidos, una compañía ya perdió un caso, aun teniendo servidores restringidos y contraseñas, porque el problema nunca fue cómo se guardaba la información, sino cuántos podían verla.
El mejor argumento en contra es que la herramienta no creó nada. Ese desorden ya existía y esa información estaba al alcance de las mismas personas. Es cierto, pero el deber de cuidado se juzga el día del pleito, y hoy existe una capacidad de encontrar cosas que hace tres años no existía y a un costo más accesible.
Nada de esto es un argumento para no usar inteligencia artificial. Es un argumento para saber cuál estás usando. La información puede ser exactamente la misma. Lo que cambia es cómo decidimos tratarla y eso se documenta o no se documenta.
