“Árbitro vendido” es la acusación más antigua del deporte y, cada vez con más frecuencia, de la política. Quien pierde el partido, sospecha del silbato. Cuando el árbitro es un tribunal electoral, la sospecha deja de ser un desahogo de tribuna y se convierte en un ataque al corazón de la democracia.
Uno de los males que acechan a las democracias es la desconfianza hacia el trabajo que realizan las instituciones electorales. La desconfianza institucional es grave por sí misma porque merma el vínculo ciudadano con el servicio público. Pero la dirigida a quienes tienen encomendada la tarea de administrar las elecciones y decidir el conflicto electoral es especialmente dañina, pues supone la erosión y la destrucción del propio sistema democrático.
Un discurso que alimenta la desconfianza afecta también a los ciudadanos en general porque los termina expulsando de las urnas, empobreciendo la participación política. El mensaje nocivo es muy conocido: si no existe confianza en la democracia o en sus instituciones, y se instala la idea de que los resultados están dados de antemano en el juego electoral, entonces de nada sirve ir a votar y participar.
Escribo, además, desde adentro: soy magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Por eso no les pido que me crean. Les pido algo más incómodo: que no le crean a nadie sin revisar; ni a quien asegura que el tribunal está vendido, ni a quien lo defiende solo porque lo integra.
Por ello es fundamental atajar ese discurso ideologizado con diagnósticos serios, datos y hechos objetivos que, sin apasionamientos ni prejuicios, muestren qué función cumplen las instituciones y con qué resultados.
La confianza en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no tiene que descansar en simpatías por sus integrantes ni por el órgano, y mucho menos en actos de fe: puede medirse.
Ofrezco, al menos, cinco razones para confiar en él:
1. Imparcialidad demostrable.
Si el tribunal estuviera inclinado sistemáticamente a favor del partido gobernante, esa ventaja se vería reflejada en sus sentencias. Los números muestran algo distinto: el PAN obtiene resoluciones favorables en 44.4% de sus asuntos; Movimiento Ciudadano, en 35.9%; el PVEM, en 35.3%, y Morena, en 34.3%. Según datos oficiales, ningún partido gana siempre ni pierde siempre, y eso es justo lo esperable de un órgano que resuelve por razones y no por camisetas.
El TEPJF ha dictado resoluciones favorables y desfavorables para fuerzas políticas del gobierno y de la oposición. La ley se aplica a argumentos y pruebas, no a colores ni a banderas.
2. Estabilidad y transmisión pacífica del poder.
Desde su creación en 1996, el TEPJF ha garantizado cinco elecciones presidenciales, con alternancias incluidas, y 10 elecciones legislativas federales. En estas tres décadas, 31 entidades federativas han vivido alternancias pacíficas, al igual que miles de municipios. La razón de fondo es simple: el conflicto poselectoral dejó de resolverse por vías políticas y pasó a resolverse por vía jurisdiccional, con reglas, plazos y sentencia. Quien pierde puede impugnar; quien gana sabe que su triunfo debe sostenerse en razones jurídicas.
Tampoco es un tribunal que convalide todo: en ese lapso de 30 años se han anulado 73 elecciones cuando estuvo comprometida la certeza de sus resultados.
Además, resolvió las impugnaciones de una elección judicial inédita por su escala: nunca se había sometido al voto popular a un universo tan amplio de personas juzgadoras, y no existían referentes normativos u operativos equiparables.
3. Servicio a la ciudadanía y a sus derechos.
En sus 30 años de existencia, la justicia electoral se ha caracterizado por poner sus decisiones al servicio de la ciudadanía. Basta acercarse a su jurisprudencia para comprobar el avance consistente de los derechos político-electorales de las mujeres, los pueblos y comunidades indígenas, las personas migrantes, las personas con discapacidad, la diversidad sexual y las personas en prisión preventiva; incluso de niñas, niños y adolescentes que, sin ser ciudadanos, pueden verse afectados por la vida electoral. En varios de esos temas, sus criterios se anticiparon a la ley.
Y la puerta está abierta de par en par: 66.27% de las demandas son presentadas por ciudadanas y ciudadanos. El TEPJF no es primordialmente un tribunal de partidos, como suele repetirse; es la instancia a la que acude quien considera que se vulneró su derecho a votar, a ser votado o a asociarse.
4. Justicia abierta y transparencia.
El TEPJF sesiona en público. Sus sentencias, proyectos y decisiones pueden conocerse, examinarse y criticarse con toda amplitud. Además, explica sus resoluciones mediante boletines, infografías, artículos y otros materiales disponibles en sus plataformas digitales. Hacer visibles las razones es la mejor defensa contra la sospecha: quien puede leer la sentencia y seguir la sesión no necesita creerle a nadie por fe.
Es un tribunal que se expone al escrutinio público. Y un tribunal abierto no le teme a la crítica: la necesita.
5. Experiencia y capacidad técnica.
Tres décadas han producido una especialización difícilmente sustituible en la resolución de controversias electorales, una materia donde el calendario no espera: las campañas tienen fecha de cierre, la jornada no se aplaza y los cargos se asumen en día cierto. Aquí, una justicia tardía es una justicia inútil.
Los datos ayudan a dimensionarlo. En 2024, el tiempo promedio de resolución fue de 10.26 días, a pesar de que ese año se resolvieron 40,426 asuntos. A diferencia de otras jurisdicciones, no existe rezago, y las autoridades electas han podido tomar posesión de sus cargos en tiempo y forma. Es el tribunal más expedito del país y el único que no tiene rezago alguno.
Confiar, por lo demás, no equivale a coincidir. Habrá sentencias con las que se discrepe, y es legítimo y saludable hacerlo. Confiar en un tribunal significa saber que todos los partidos ganan y pierden, que sus razones estarán a la vista, y que sus decisiones quedarán sometidas al escrutinio de las partes, la academia y la prensa.
La ciudadanía tiene derecho a cuestionar al árbitro y a exigirle cuentas. También tiene derecho a que nadie declare inútil su voto antes de ejercerlo. El TEPJF habla con datos, hechos y desde la evidencia de su incondicional servicio a la democracia mexicana.
