Especialista en Políticas Inclusivas para la Red CCE por la Primera Infancia.
Hace poco más de dos décadas, la Organización Internacional del Trabajo impulsó el concepto de trabajo decente para colocar a las personas en el centro del desarrollo económico. La propuesta era sencilla y al mismo tiempo transformadora: el empleo no debía medirse únicamente por su capacidad de generar ingresos, sino también por las condiciones de dignidad, protección, igualdad y bienestar que ofrece a quienes trabajan.
Desde entonces, la conversación ha evolucionado. Si durante buena parte del siglo pasado la preocupación principal fue proteger a las personas dentro de los centros laborales, hoy las organizaciones enfrentan una pregunta mucho más compleja: ¿cómo responder a las necesidades de quienes, además de trabajar, cuidan?
Es en este sentido que las prácticas amigables con la familia representan una de las expresiones más avanzadas de esta evolución. Su valor no radica únicamente en mejorar las condiciones laborales, sino en reconocer que el desarrollo de la primera infancia depende del bienestar integral de madres, padres y cuidadores.
Lo que comenzó con iniciativas orientadas a la lactancia, las licencias parentales o la flexibilidad laboral ha terminado revelando una realidad más profunda: el bienestar de niñas y niños está estrechamente vinculado con las condiciones de vida de quienes los acompañan, educan y protegen.
Esa ha sido, precisamente, una de las principales lecciones de los primeros cinco años de trabajo de la Red CCE por la Primera Infancia. A través de la promoción de prácticas amigables con la familia, la Red ayudó a posicionar dentro del sector empresarial una convicción fundamental: la primera infancia no es un asunto exclusivo de las familias ni de las políticas públicas. También es una responsabilidad compartida por las organizaciones donde millones de personas desarrollan su vida laboral.
Sin embargo, la experiencia acumulada durante este periodo ha mostrado que los desafíos que enfrentan las familias trabajadoras son más amplios de lo que inicialmente parecía. Las condiciones que permiten cuidar adecuadamente no dependen únicamente de una licencia o de una prestación específica. También están relacionadas con la calidad de los entornos laborales, las oportunidades de desarrollo, la posibilidad de conciliar responsabilidades personales y profesionales y la manera en que las organizaciones comprenden el bienestar de las personas.
En este punto la conversación sobre cuidados comienza a expandirse.
Durante años, buena parte de la atención estuvo enfocada en visibilizar los efectos que la maternidad y las tareas de crianza tienen sobre la participación laboral de las mujeres. Y con razón. La distribución desigual de las responsabilidades de cuidado sigue siendo uno de los principales factores que limitan la igualdad de oportunidades.
Pero la evolución de esta agenda permite observar un fenómeno más amplio. Cuidar no es una actividad asociada únicamente a la crianza. Millones de personas acompañan diariamente a familiares enfermos, personas con discapacidad o integrantes del hogar que requieren apoyos temporales o permanentes. Reconocer esta realidad no debilita la agenda de igualdad; por el contrario, la fortalece porque amplía nuestra comprensión sobre quiénes cuidan y qué condiciones necesitan para hacerlo mejor.
La corresponsabilidad surge precisamente de esa reflexión. Mientras el cuidado siga siendo interpretado como una responsabilidad individual o familiar, seguirá concentrándose en unos cuantos. En cambio, cuando se reconoce como una necesidad social indispensable para el bienestar colectivo, aparece la oportunidad de distribuir mejor responsabilidades, recursos y apoyos entre familias, empresas, comunidades y Estado.
Desde esta perspectiva, la primera infancia deja de ser solamente una población objetivo para convertirse en el resultado esperado de un ecosistema más amplio de bienestar. Las prácticas amigables con la familia adquieren entonces una nueva dimensión: ya no son únicamente beneficios laborales, sino herramientas concretas para traducir principios de derechos humanos, trabajo decente, igualdad y desarrollo infantil en políticas empresariales de corresponsabilidad.
Los hallazgos compartidos durante la Cumbre 2025 de la Red CCE por la Primera Infancia y los aprendizajes derivados del estudio Empresas que Cuidan apuntan justamente en esa dirección. Más que documentar buenas prácticas, ambos ejercicios han contribuido a ampliar la conversación sobre el papel que pueden desempeñar las empresas en la construcción de entornos donde las personas puedan desarrollarse, trabajar y cuidar en mejores condiciones.
Esa puede ser una de las aportaciones más relevantes de la siguiente etapa. No se trata de abandonar la causa de la primera infancia, sino de comprenderla en toda su dimensión. Si el bienestar infantil depende del bienestar de quienes cuidan, entonces fortalecer a las personas cuidadoras también es una estrategia para impulsar el desarrollo de niñas y niños.
Por ello, el reto de los próximos años no será únicamente multiplicar programas o beneficios corporativos. Será consolidar una cultura empresarial que reconozca el cuidado como una dimensión estratégica del desarrollo económico y social. Esta es, precisamente, una de las conversaciones que comenzará a tomar forma en la Cumbre 2026 de la Red CCE por la Primera Infancia: cómo evolucionar de una agenda centrada en prácticas específicas hacia una visión más amplia de corresponsabilidad.
Porque el cuidado no es un asunto privado ni una carga individual. Es una inversión social que fortalece a las personas, mejora la productividad, favorece la inclusión y genera condiciones para un crecimiento más sostenible.
Hace cinco años, la pregunta era qué podían hacer las empresas por la primera infancia. Hoy la pregunta es más ambiciosa: ¿cómo pueden contribuir a construir entornos donde el trabajo y el cuidado se fortalezcan mutuamente y donde el bienestar de las personas se convierta en una ventaja para toda la sociedad?