La discusión actual en torno al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se ha concentrado casi exclusivamente en variables comerciales tradicionales como aranceles, contenido regional y reglas de origen.
Esta perspectiva, aunque necesaria, pasa por alto una interrogante fundamental para el futuro económico del país, ¿quién financiará la infraestructura, la tecnología y el desarrollo de proveedores locales indispensables para sostener nuestra posición estratégica dentro de la región?
El dinamismo exportador es un indicador relevante de actividad industrial, pero por sí solo no resuelve la necesidad estructural de capital que demanda la modernización de los sectores productivos.
Es un error asumir que el incremento en el volumen de las exportaciones se traduce de manera automática en una mayor retención de riqueza.
Si las plantas de manufactura avanzada dependen en su totalidad de insumos importados, propiedad intelectual extranjera y un financiamiento externo que repatría de forma constante sus utilidades, el beneficio para el país se limita principalmente a la generación de empleos operativos y al consumo de servicios básicos locales.
Para capturar el verdadero valor de la relocalización de empresas, México requiere desarrollar una red sólida y competitiva de proveedores nacionales capaces de escalar sus operaciones e integrarse de forma profunda en la cadena global de valor.
Lograr esta escala demanda de capital paciente, concepto que hace referencia a inversiones estratégicas con horizontes de maduración prolongados, dispuestas a acompañar proyectos complejos de infraestructura, energía, agua y conectividad logística durante periodos que suelen superar los diez o quince años.
Históricamente, el desarrollo industrial de las naciones más competitivas del mundo ha dependido de este tipo de recursos estables. Un país que carece de capital paciente propio puede atraer la instalación física de centros de manufactura, pero seguirá dependiendo indefectiblemente del exterior para financiar la propiedad del desarrollo de largo plazo, lo que reduce de manera considerable su margen de autonomía y soberanía económica.
Aquí es donde enfrentamos la principal limitante de nuestro mercado financiero local, pues México no puede financiar su integración profunda con Norteamérica utilizando ahorro de corto plazo.
Actualmente, la mayor parte del ahorro interno del país se encuentra depositado en cuentas bancarias tradicionales o en fondos de inversión que privilegian la liquidez inmediata. Si bien este comportamiento es perfectamente comprensible a nivel individual para atender contingencias cotidianas, genera un desajuste a nivel macroeconómico.
Los proyectos que el país necesita para mantener su competitividad requieren certidumbre de financiamiento a varias décadas, algo difícil de sostener con recursos que pueden ser retirados en cualquier momento.
Para solucionar este desajuste, es indispensable fortalecer e incentivar los canales de inversión institucional y fomentar una cultura de ahorro orientada al desarrollo patrimonial de largo plazo.
Las operadoras de fondos, las afores y los grandes inversionistas institucionales están llamados a jugar un rol decisivo, transformando depósitos volátiles en instrumentos de capital productivo.
Solo en la medida en que logremos encauzar el ahorro interno hacia activos estratégicos nacionales, México podrá transformar el impulso coyuntural del T-MEC en un crecimiento autosustentable, retener el verdadero valor agregado de su industria y consolidar una auténtica soberanía económica frente a sus socios comerciales.