Históricamente, el éxito académico se ha medido a través de indicadores como la infraestructura, el volumen de matrículas o la trayectoria formativa de los estudiantes en el aula.
Si bien estos elementos continúan siendo pilares fundamentales en el ámbito educativo, el contexto global actual de transformación digital y dinamismo económico demanda una visión más amplia.
De este marco surge un indicador cada vez más relevante y revelador que marca la diferencia: la empleabilidad.
Hoy, la capacidad de impulsar el desarrollo profesional de los egresados en el entorno laboral se ha ido consolidando como un factor determinante de la calidad y el impacto institucional.
Quienes llevamos décadas en la gestión educativa —en el caso de la institución que represento, 60 años de observar y adaptarnos a la evolución del mercado laboral mexicano— entendemos que la educación superior debe evaluar el éxito de sus estudiantes más allá del momento de la graduación y enfocarse en lo que pasa después, cuando el egresado concreta la gran apuesta de su formación, con el empleo.
El verdadero valor de una universidad radica en su capacidad para insertar de manera rápida, formal y exitosa a sus egresados en su área de especialidad dentro del mercado laboral.
Esta transición de enfoque no es un capricho institucional; es una urgencia social y económica.
En México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de informalidad laboral ronda el 54 por ciento, afectando incluso a miles de profesionistas recién egresados que no logran incorporarse a puestos que correspondan con su nivel de estudios.
Asimismo, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señala de manera recurrente que estudiar una carrera profesional sigue siendo una excelente inversión (al incrementar el salario promedio frente a quienes solo tienen bachillerato), pero solo si esta formación está alineada con las demandas reales de los sectores productivos.
Bajo este panorama, el debate debe reenfocarse. No basta con entregar un título.
El compromiso ético de las universidades debe extenderse y evaluarse tomando en cuenta el tiempo de inserción en el mercado laboral formal.
En esta línea, resulta imperativo considerar también la vertiente del emprendimiento dentro de la incorporación al mundo del trabajo, pues como instituciones educativas debemos impulsar la creación de nuevas empresas que contribuyan activamente al crecimiento económico del país.
En este contexto, la acreditación institucional juega un rol fundamental. No debe ser vista como un mero trámite administrativo o un estándar burocrático de infraestructura.
Por el contrario, la acreditación debe estar íntimamente ligada al éxito real y medible de los estudiantes en el mercado de trabajo.
Un ejemplo de esta evolución en los estándares de calidad es la acreditación institucional lisa y llana de FIMPES (Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior), como la máxima categoría de acreditación que ostenta la UNITEC.
Este tipo de reconocimientos avala de manera rigurosa que los procesos educativos, la pertinencia de los planes de estudio y la vinculación con el sector empresarial están diseñados con un propósito claro: garantizar que el esfuerzo, tiempo y recursos invertidos por los estudiantes y sus familias se traduzcan en oportunidades laborales reales, formales y dignas.
La educación superior en México debe dejar de medirse por el volumen de lo que capta y comenzar a evaluarse por el valor de lo que aporta a la sociedad.
Redefinir el éxito universitario bajo la lente de la empleabilidad es el único camino para asegurar que nuestras universidades sigan siendo verdaderos motores de movilidad social y desarrollo económico.