El pasado 12 de agosto participé, junto a un centenar de colegas economistas, en el Foro para el Crecimiento Sostenible y Equitativo, convocado por la Facultad de Economía de la UNAM, el CIDE, El Colegio de México, el Tecnológico de Monterrey y la UAM-Xochimilco, entre otras instituciones. La mecánica de participación exigía que fuéramos concretos, mediante una propuesta puntual en una cuartilla como máximo. ¿El objetivo? Diseñar una propuesta conjunta para responder qué le sugiere al Gobierno Federal o al Congreso para estimular el crecimiento.
Desde este espacio agradezco al comité organizador integrado por Ana Aguilar, Gabriela Dutrénit, Gerardo Esquivel, Fausto Hernández, Juan Carlos Moreno-Brid, Mariana Rangel, Lorena Rodríguez y Héctor Villarreal, quienes nos convocaron a un espacio que en México resulta indispensable, donde la heterodoxia y la ortodoxia pueden discutir sin descalificarse y conversar sobre un tema de interés común.
Personalmente participé en la mesa de fortalecimiento del espacio fiscal e inversión pública, y ahí fue donde la restricción de elaborar una propuesta de una cuartilla me obligó a pensar en una aportación a la vez concreta y útil. La tentación natural, en un foro sobre crecimiento, es proponer un programa expansivo vía gasto, un impulso contracíclico vía mayor déficit, o una batería de distintos estímulos fiscales. Pero yo elegí escribir sobre otro tema: antes de diseñar lo que falta, conviene reconocer lo que ya está construido.
Los números lo dicen mejor que cualquier argumento. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, los ingresos petroleros del sector público presupuestario equivalían a 8.8% del PIB en 2012, pasando a 2.7% del PIB en 2025. En sentido contrario, durante el mismo periodo, los ingresos tributarios pasaron de 8.0% a 15.2% del PIB. La recomposición de ingresos públicos entre el petróleo y los impuestos ha sido notable, y hoy la fortaleza está en el mercado interno y lejos del Golfo de México.
Ese cambio no llegó por accidente. Fue el diseño de la reforma hacendaria de 2014, y su mejor credencial es que sobrevivió a tres administraciones federales con proyectos políticos distintos. Una la aprobó y comenzó a implementarla. La siguiente no la revirtió y la profundizó por la vía de la fiscalización y la digitalización. La actual le montó encima el Paquete Económico 2026: la cuota a bebidas saborizadas subió de 1.64 a 3.08 pesos por litro, el IEPS ad valorem al tabaco llegó a 200 por ciento, el de apuestas pasó de 30 a 50 por ciento.
La virtud de fondo no es recaudatoria sino institucional. Entre 2014 y 2022 el marco de responsabilidad hacendaria resistió una secuencia brutal de choques: el desplome del precio del crudo, la caída de la plataforma de producción, la pandemia y el ciclo global de tasas. Hubo desviaciones de déficit y de deuda, pero ocurrieron por las válvulas del propio marco, no contra él. Esa es una diferencia que los mercados leen con precisión. Y es también la razón por la que la erosión reciente importa tanto: cuando Moody’s rebajó la calificación soberana a Baa3 el pasado 20 de mayo, citó el debilitamiento sostenido de la solidez fiscal, una base de ingresos limitada, gasto rígido y el apoyo continuo a Pemex.
Ahí está el punto que más me interesa. La reforma de 2014 no fue solamente tributaria. Vino acompañada de una reforma energética que incluyó la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, el Fondo Mexicano del Petróleo y un régimen que convertía a Pemex de aportador cautivo del erario en contribuyente sujeto a reglas. Era un par: los impuestos sustituirían gradualmente al petróleo mientras el sector se abría a capital y competencia. Hoy sobrevive la mitad tributaria y no la energética. El Paquete 2026 contempla 263.5 mil millones de pesos de soporte financiero a la empresa, lo que hace evidente que la pieza que falla no es la que se reformó, sino la que se deshizo.
El defecto que sí le podemos atribuir a la reforma de 2014 es que tocó tímidamente el federalismo hacendario. La Ley de Disciplina Financiera de 2016 fue un intento de corrección, y en la dirección correcta, pero sin entrar al fondo del balance de las entidades y los municipios. Puso techos al endeudamiento estatal y creó el sistema de alertas sin ampliar la capacidad recaudatoria local. Hay un activo adicional que casi nunca se contabiliza como logro de política fiscal. México tiene hoy un mercado local de deuda que en 2012 apenas se asomaba. Financiamiento en moneda propia, a plazo largo y con base doméstica: exactamente la condición que un país necesita para poder discutir una estrategia fiscal nueva sin repetir su pecado original.
Eso fue lo que cupo en mi cuartilla. Que antes de proponer nuevos edificios conviene revisar cuál de los que ya tenemos sigue en pie y cuál se está desmoronando. La reforma de 2014 nos ha dado doce años de estabilidad y una base de ingresos que resistió lo que nadie anticipó. Su otra mitad, la energética, es hoy el principal riesgo del marco fiscal. Escribir eso ocupa una página, pero enmendarlo va a tomar un sinnúmero de esfuerzos más.
