Durante más de un siglo, la legislación laboral mexicana ha establecido una jornada máxima de 48 horas semanales, un modelo que durante décadas respondió a las necesidades económicas y productivas del país.
Sin embargo, los cambios en la forma de trabajar, el avance de la tecnología, las nuevas dinámicas del mercado laboral y una creciente preocupación por el bienestar de las personas han colocado sobre la mesa la necesidad de replantear ese esquema.
En ese contexto surge la reforma que reducirá la jornada laboral a 40 horas semanales de manera gradual.
Más allá de su dimensión política, esta reforma abre una conversación que durante años quedó relegada: cómo construir un mercado laboral que ofrezca mejores condiciones para las personas trabajadoras sin comprometer la competitividad de las empresas.
La discusión, sin embargo, va mucho más allá de reducir ocho horas a la semana. México ha sido históricamente uno de los países donde más horas se trabajan entre los integrantes de la OCDE.
No obstante, esa realidad nunca se ha traducido, por sí sola, en mayores niveles de productividad, mejores salarios o una calidad de vida comparable con la de otras economías desarrolladas.
Trabajar más tiempo no necesariamente significa generar más valor.
De hecho, consultoras como McKinsey han señalado que la productividad laboral en México prácticamente no ha crecido durante los últimos 25 años, apenas 0.2 por ciento anual en promedio, mientras que el valor generado por hora trabajada sigue siendo considerablemente menor al de las economías avanzadas.
El desafío, por tanto, no consiste únicamente en trabajar menos, sino en transformar la manera en que se trabaja. La implementación gradual de la reforma reconoce precisamente esa complejidad.
No se trata sólo de modificar un número en la Ley Federal del Trabajo, sino de replantear la organización del trabajo en empresas con realidades muy distintas.
Las grandes organizaciones probablemente podrán apoyarse en automatización, inteligencia artificial y procesos más eficientes para absorber el cambio.
Para muchas pequeñas y medianas empresas, en cambio, reorganizar turnos, contratar personal o asumir mayores costos laborales representará un reto importante si ese esfuerzo no viene acompañado de incrementos en productividad.
Ahí radica uno de los principales riesgos del debate público: asumir que una jornada más corta resolverá, por sí misma, problemas estructurales del mercado laboral.
La experiencia internacional demuestra que las reducciones exitosas de jornada suelen ir acompañadas de inversiones en tecnología, capacitación, digitalización y nuevos modelos de gestión.
En otras palabras, el tiempo que se deja de trabajar debe convertirse en tiempo mejor aprovechado.
El derecho laboral siempre ha buscado equilibrar intereses legítimos. Proteger la salud física y mental de las personas trabajadoras es un objetivo incuestionable, pero esa protección también debe coexistir con la sostenibilidad económica de las empresas que generan empleo. Un mercado laboral sólido requiere ambas condiciones.
Por ello, la discusión no debería plantearse como una elección entre derechos laborales y productividad.
Ambos objetivos pueden fortalecerse mutuamente cuando las organizaciones eliminan procesos innecesarios, aprovechan mejor la tecnología y concentran el talento en actividades de mayor valor.
Las grandes reformas no transforman la realidad únicamente porque cambie la ley. Su éxito dependerá de la capacidad de empresas, trabajadores y autoridades para convertir esta transición en una oportunidad para innovar, invertir y modernizar la forma en que se organiza el trabajo.
Más allá del número de horas que establece la ley, el verdadero desafío consiste en construir un modelo laboral que permita trabajar mejor, generar mayor valor y elevar la calidad de vida de las personas sin perder de vista la competitividad que exige la economía del futuro.
