Huir de la violencia, la persecución o el desplazamiento forzado suele ser el primer paso hacia la búsqueda de protección. Para muchas personas refugiadas y solicitantes de asilo, cruzar una frontera internacional no significa encontrar seguridad inmediata.
A veces comienza una nueva etapa marcada por incertidumbre: meses de espera, trámites prolongados y una vida suspendida mientras llega una respuesta.
Los equipos de Médicos Sin Fronteras (MSF) vemos esta realidad diariamente en la puerta de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en Naucalpan e Iztapalapa. Personas que han dejado atrás sus hogares siguen procesos administrativos indispensables que parecen no tener fin para avanzar en su solicitud de protección internacional.
Cada semana, cientos de personas deben confirmar su permanencia en el país, al firmar presencialmente semalmente. Para hacerlo, pierden jornadas de trabajo, asumen costos de transporte que apenas pueden cubrir o buscan quién cuide a sus hijos e hijas mientras realizan el trámite.
La resolución positiva de una solicitud significa la posibilidad de obtener una residencia permanente en México, de trabajar formalmente, acceder a derechos y servicios, y poder comenzar a reconstruir un nuevo proyecto de vida.
También representa el reconocimiento de historias de resiliencia marcadas por la violencia, la persecución o el desplazamiento forzado.
Mientras Tapachula continúa siendo la principal puerta de entrada para quienes buscan protección internacional en México, la capital se ha consolidado como uno de los principales destinos para quienes esperan una respuesta.
De acuerdo con la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR), en 2025 la Ciudad de México y su área metropolitana concentraron alrededor del 30% de las más de 70 mil 500 solicitudes de asilo registradas en el país. Los solicitantes de la condición de refugiado en la capital aumentaron un 65% respecto al año anterior.
La capital se ha convertido en un lugar donde la espera se vuelve parte de la vida cotidiana. Si bien la resolución de una solicitud de asilo debería tomar un máximo de 45 días, pueden transcurrir decenas de meses sin respuesta.
La obligada permanencia en este limbo administrativo, aunada a la dificultad para acceder a medios de vida estables, así como a la imposibilidad de planificar el futuro, afecta profundamente la salud mental y el bienestar de las personas y sus familias.
A esto se suman enfermedades crónicas o tratables cuyo seguimiento se vuelve más difícil en un contexto de movilidad, precariedad económica e incertidumbre prolongada.
La situación empeora ante la reducción de recursos destinados a la atención de personas refugiadas, solicitantes de asilo y en situación de desplazamiento forzado interno. ACNUR reportó los mayores recortes de financiamiento de su historia.
Una reducción cercana al 60% de su capacidad operativa. Esta disminución afectó directamente el apoyo brindado a la COMAR, cuyo presupuesto fue reducido en un 7% con respecto al año anterior.
Aunque las instituciones mexicanas han realizado esfuerzos importantes para responder a una demanda creciente, las necesidades superan la capacidad disponible.
Esta presión se traduce en procesos más largos, menor acompañamiento especializado y mayores dificultades para una población que ya enfrenta condiciones de vulnerabilidad.
La oficina de COMAR en Naucalpan se ha convertido en uno de los principales puntos de atención de Médicos Sin Fronteras.
En 2026, en la Ciudad de México y el Estado de México hemos brindado 2 mil 624 consultas en total, mil 958 atenciones en salud primaria y 444 sesiones de salud mental, donde acompañamos a personas con ansiedad, depresión, estrés postraumático y otros padecimientos relacionados con experiencias de violencia, desplazamiento e incertidumbre.
La gravedad de estas afectaciones también se refleja en los 43 casos que han requerido atención farmacológica y seguimiento puntual para personas con trastornos mentales moderados o severos.
Simultáneamente, nuestros equipos de trabajo social se han adaptado para orientar a quienes intentan comprender procesos administrativos complejos mientras buscan trabajo, vivienda y acceso a derechos y servicios básicos en la ciudad y en la periferia.
La Ciudad de México es un lugar que recibe a quienes buscan protección. El desafío pendiente es que esa protección pueda traducirse en posibilidades reales de integración, acceso a derechos, servicios y estabilidad.
Reconocerlo implica fortalecer las condiciones que les permitan reconstruir sus vidas y continuar contribuyendo a las comunidades que hoy también son su hogar.
Porque refugio no es solo llegar. Refugio también significa poder volver a vivir.
