Socio del despacho Santamarina y Steta.
La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ya comenzó, pero todo apunta a que el proceso será más largo y complejo de lo previsto.
Lejos de una renovación rápida para el 1 de julio de 2026, especialistas anticipan que las negociaciones podrían extenderse y dar paso a revisiones anuales, en un escenario marcado por las tensiones geopolíticas y los cambios en las prioridades de Estados Unidos.
Desde el inicio de la administración de Donald Trump se anticipó que la relación con México no se limitaría al comercio.
Temas como migración, seguridad y combate al crimen organizado comenzaron a mezclarse con la agenda económica y hoy forman parte del contexto en el que se desarrolla la revisión del acuerdo.
Sin embargo, conforme avanzan las conversaciones, las discusiones empiezan a concentrarse en asuntos más técnicos.
Entre ellos destacan las reglas de origen, la facilitación comercial y la intención de Estados Unidos de reforzar el contenido norteamericano en las cadenas de producción para evitar que países sin acuerdos comerciales con Washington utilicen a México como plataforma para ingresar al mercado estadounidense.
Sectores como el automotriz, químico, farmacéutico y de dispositivos médicos estarán bajo especial escrutinio. También continuarán las diferencias en materia agroalimentaria, particularmente por la postura mexicana respecto al maíz transgénico.
Para México, la prioridad es brindar certeza jurídica a las inversiones y mantener la confianza de las empresas que operan en la región.
No obstante, persiste la preocupación por los aranceles que continúan afectando a industrias estratégicas, como el acero, el aluminio y la fabricación de vehículos.
Pese a las diferencias, especialistas consideran que una revisión anual tendría más un componente político que económico.
La propia industria estadounidense mantiene una fuerte presencia en México y también necesita reglas claras para seguir operando.
Además, la capacidad de la administración Trump para realizar cambios profundos al tratado enfrenta límites.
Sin contar con la denominada vía rápida para negociar, las modificaciones más sustanciales requerirían un proceso legislativo más complejo en Estados Unidos.
Mientras tanto, México ha comenzado a realizar ajustes en materia de facilitación comercial, digitalización de trámites y modernización regulatoria.
Dependencias como Cofepris y Senasica avanzan hacia procesos más ágiles, en línea con las exigencias del propio tratado.
El panorama político estadounidense también jugará un papel determinante. Si las negociaciones se prolongan hasta 2027, una nueva configuración del Congreso podría modificar las prioridades.
Un mayor peso demócrata podría reactivar temas laborales y ambientales, además de fortalecer el uso del mecanismo de respuesta rápida en materia laboral contra México.
Aunque siempre existe la posibilidad de que Estados Unidos busque abandonar el T-MEC, diversos sectores empresariales, cámaras de comercio y gobiernos estatales estadounidenses mantienen una fuerte presión para preservar el acuerdo, conscientes de la importancia económica de América del Norte frente a la competencia global, particularmente de China.
Por ahora, el futuro del T-MEC sigue abierto. Lo único claro es que las reglas del comercio internacional cambiaron y que la relación entre México y Estados Unidos ya no se explica únicamente por los intercambios de bienes y servicios.
La seguridad, la política y la geopolítica se han convertido en piezas inseparables de una negociación que definirá el rumbo económico de la región durante los próximos años.