Durante los últimos años, México ha impulsado una serie de reformas laborales que han buscado mejorar las condiciones de vida de millones de trabajadores. El aumento sostenido al salario mínimo, la ampliación de derechos laborales, la regulación del outsourcing, las nuevas disposiciones sobre jornadas de trabajo y otras medidas representan avances importantes en materia de justicia social.
Sin embargo, existe una pregunta que el debate público suele evitar: ¿cómo garantizar que las empresas puedan absorber estos costos y seguir siendo competitivas en una economía que crece poco, invierte menos y enfrenta una creciente incertidumbre?
La discusión no debería plantearse entre trabajadores o empresarios. Un país competitivo necesita ambas cosas: mejores salarios y empresas fuertes capaces de generar empleo formal.
México enfrenta actualmente un desafío estructural. Mientras la recaudación tributaria ha aumentado de manera significativa en la última década, el crecimiento económico promedio ha permanecido por debajo de su potencial. Al mismo tiempo, más de la mitad de la población ocupada continúa laborando en la informalidad, una realidad que limita el acceso a seguridad social, créditos, pensiones y derechos laborales.
Ante este escenario, se deben plantear ajustes específicos al marco tributario que podrían incentivar la inversión sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas.
Una de las propuestas consiste en permitir la deducción total de las prestaciones laborales exentas que las empresas otorgan a sus trabajadores. Actualmente, conceptos como parte del aguinaldo, la participación de los trabajadores en las utilidades, ciertos apoyos de previsión social o los vales de despensa enfrentan restricciones de deducibilidad para los patrones.
En términos prácticos, esto significa que una empresa puede terminar pagando impuestos sobre una utilidad que realmente no obtuvo, debido a que una parte de los gastos destinados al bienestar de sus trabajadores no puede ser reconocida plenamente como deducción fiscal.
La consecuencia es evidente: se encarece la contratación formal y se reduce el margen de maniobra para ofrecer mejores prestaciones. En un país donde la informalidad supera el 50 por ciento, cualquier medida que facilite la formalización del empleo debería ser considerada una prioridad económica.
La segunda propuesta está relacionada con el acceso al crédito. México mantiene uno de los niveles más bajos de financiamiento al sector privado entre las economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Mientras en varios países el crédito representa más del 100 por ciento de su Producto Interno Bruto, en México apenas ronda una tercera parte.
La falta de financiamiento limita el crecimiento de pequeñas y medianas empresas, restringe la inversión productiva y reduce la capacidad de expansión de sectores estratégicos.
Por ello, es urgente revisar las limitaciones existentes para la deducción de intereses cuando los créditos son otorgados por instituciones financieras y acreedores residentes en México. El argumento es sencillo: si el interés pagado por una empresa representa un ingreso gravable para otra empresa o para un banco dentro del país, la recaudación fiscal no desaparece; simplemente cambia de contribuyente.
Bajo esta lógica, flexibilizar estas reglas podría incentivar una mayor colocación de crédito sin afectar de manera significativa los ingresos públicos.
La tercera propuesta tiene que ver con la certeza jurídica. Ningún inversionista, nacional o extranjero, toma decisiones de largo plazo cuando percibe incertidumbre respecto a las reglas del juego.
En materia fiscal, los mecanismos de defensa administrativa permiten resolver controversias entre contribuyentes y autoridades sin necesidad de llegar a tribunales. Sin embargo, recientes modificaciones han incrementado los requisitos para quienes buscan impugnar resoluciones fiscales mediante recursos administrativos.
Facilitar estos procedimientos no implica debilitar la capacidad recaudatoria del Estado. Significa fortalecer la confianza en las instituciones y generar condiciones para que las diferencias se resuelvan de manera más eficiente.
Se necesitan reglas claras, acceso al financiamiento, seguridad jurídica y un sistema fiscal que promueva la productividad en lugar de castigarla.
La competitividad no se construye únicamente con discursos ni con incentivos aislados. Se construye creando un entorno donde invertir, producir y generar empleo formal resulte atractivo.
Si el objetivo es acelerar el crecimiento económico y aprovechar las oportunidades globales, quizá ha llegado el momento de hablar menos de nuevas cargas y más de reformas que permitan a las empresas hacer lo que mejor saben hacer: invertir, crecer y generar prosperidad.
