Fundadora y Presidenta de Movimiento STEM+.
México lleva casi dos décadas hablando de transformación digital educativa, pero los resultados muestran que seguimos confundiendo modernización tecnológica con transformación pedagógica. El problema no es menor: mientras el discurso público se centra en plataformas, conectividad y dispositivos, los indicadores revelan que el país continúa rezagado en capacidades estructurales para sostener una verdadera educación digital de largo plazo.
El informe Transformación Digital Educativa en América Latina y el Caribe: ¿dónde estamos y hacia dónde vamos?, elaborado por Fundación Ceibal, con el financiamiento de IDRC, deja claro que la región todavía presenta niveles de madurez “medios” en la mayoría de los pilares estratégicos de transformación digital. Y aunque el diagnóstico es regional, México refleja muchas de las debilidades más preocupantes: políticas fragmentadas, poca continuidad institucional, escasa participación territorial y una formación docente insuficiente frente al ritmo del cambio tecnológico.
Durante años, el debate educativo mexicano giró alrededor de la infraestructura: cuántas computadoras se entregaban, cuántas escuelas tenían internet o cuántas plataformas se contrataban. Pero el propio informe advierte algo contundente: “la sola provisión de tecnología no produce transformaciones significativas en los resultados educativos”.
Y ahí está el núcleo del problema. México ha invertido más energía política en repartir tecnología que en construir capacidades institucionales para usarla pedagógicamente.
Los datos ayudan a dimensionar el reto. Según la OCDE, México destina apenas 4.2% de su PIB a educación, por debajo del promedio del organismo de 4.9%, y el gasto anual por estudiante ronda los 3,500 dólares, muy lejos de los más de 14,000 dólares promedio de la OCDE. Además, México es uno de los países con mayor proporción de estudiantes por docente dentro de la OCDE: 24 estudiantes por docente en primaria y 30 en secundaria.
En este contexto, pretender que la transformación digital depende únicamente de plataformas resulta ingenuo.
La brecha no es solo tecnológica; es pedagógica, territorial y ética. El informe de la Fundación Ceibal y sus diferentes hubs regionales entre los que destaca Movimiento STEM+, recoge testimonios de docentes rurales que ni siquiera pueden acceder a las capacitaciones digitales porque no cuentan con conectividad suficiente o equipos adecuados. Otros señalan que muchas formaciones son genéricas y desconectadas de las necesidades reales del aula.
La llegada acelerada de la Inteligencia Artificial vuelve todavía más urgente esta discusión. México corre el riesgo de repetir el mismo error: incorporar herramientas antes de definir marcos éticos, capacidades docentes y objetivos pedagógicos claros.
La UNESCO ya advirtió que solo el 10% de las escuelas y universidades en el mundo supervisan oficialmente el uso de la IA. Eso significa que millones de estudiantes están utilizando tecnologías que modifican radicalmente la producción de conocimiento sin que existan lineamientos sólidos sobre privacidad, sesgos algorítmicos o integridad académica.
La verdadera soberanía educativa del siglo XXI ya no dependerá únicamente de quién tenga más dispositivos en las aulas, sino de quién tenga mejores capacidades para gobernar pedagógica y éticamente la tecnología.
Por eso resulta preocupante que muchas políticas de transformación digital educativa en América Latina -y particularmente en México- sigan dependiendo de ciclos políticos cortos y cambios sexenales.
El informe señala que una de las principales debilidades regionales es justamente la falta de continuidad institucional y de mecanismos de gobernanza de largo plazo. Cada administración reinicia diagnósticos, cambia plataformas y redefine prioridades, como si la transformación educativa pudiera construirse desde cero cada seis años.
México necesita dejar atrás la lógica de provisión tecnológica y avanzar hacia un enfoque sistémico. Eso implica dar continuidad y fortalecer la formación docente, construir ecosistemas interoperables de datos, incorporar la voz de las escuelas en el diseño de políticas públicas y establecer marcos éticos claros para el uso de Inteligencia Artificial en educación.
Porque llenar escuelas de pantallas no garantiza mejores aprendizajes. Pero construir instituciones capaces de usar críticamente la tecnología sí puede cambiar el futuro educativo del país.