El derrame de petróleo ocurrido en febrero en el Golfo de México, que afectó las costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, no es un caso aislado ni un accidente fortuito. En medios de comunicación documentan que, en los últimos cinco años, Pemex ha registrado un alarmante promedio de dos derrames por día. El desastre de febrero solo hizo visibles algunos de sus puntos más críticos: el ocultamiento inicial del origen por parte de la paraestatal —reconocido semanas después de los primeros reportes—, la tardía aplicación del Plan Nacional de Contingencia y la alarmante pasividad de la ASEA para verificar los informes, detectar fallas y dar seguimiento a los procesos de remediación.
Hoy, el tema ha perdido visibilidad en la agenda pública. Aparecen pocas notas, impulsadas principalmente por organizaciones como el Corredor Arrecifal del Golfo de México que cuestionan cuáles serán los siguientes pasos. Es precisamente ahí donde hay que insistir: ¿cómo van a coordinarse las secretarías involucradas —Sener, Semar y Semarnat— para exigir el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental?
Esta legislación establece con claridad que la reparación de los daños consiste en restituir los hábitats y ecosistemas a su “Estado Base”, recuperando sus condiciones químicas, físicas y biológicas a través de la restauración y la remediación. En este caso, la paradoja es evidente: fue una empresa del Estado la que generó el daño, y es el propio Estado el que debe obligarla a rendir cuentas.
El costo de esta remediación no es menor y probablemente aún no se ha calculado con precisión. Incluye las acciones de respuesta inmediata, pero también inversiones a largo plazo en tratamientos de sedimento en el fondo marino, biorremediación, limpieza de manglares y recuperación de suelos en playas y lagunas costeras. Dejar en el olvido los impactos de este y anteriores derrames no solo agrava la crisis ambiental, sino que sepulta la credibilidad institucional del sector energético.
Este escenario representa una oportunidad crucial para que el Estado mexicano trace una ruta distinta y se abra a la colaboración con la sociedad civil y la academia; no es momento de cerrarse, sino de tejer alianzas para dar una respuesta ejemplar.
Organizaciones como el CEMDA y CartoCrítica cuentan con amplias capacidades técnicas para colaborar. Asimismo, el Consorcio de Investigación del Golfo de México (CIGoM) puede aportar información científica de alto nivel, mientras que redes internacionales como Oil Spill Response Limited (OSRL) poseen una experiencia probada en remediación de la cual el país podría beneficiarse.
Si el origen de este evento estuvo marcado por la opacidad, las acciones de mitigación deberían reflejar transparencia y una capacidad real de vinculación intersectorial. Si la remediación no se ejecuta en el corto y mediano plazo, el costo real se multiplicará a futuro. Esto se traducirá en la pérdida irreversible de servicios ecosistémicos y en una alarmante vulnerabilidad del Golfo de México frente al cambio climático. Al final, si el Estado no asume su responsabilidad, el costo lo acabará pagando México, sus costas, su pesca, sus comunidades y su futuro sustentable.
La Mtra. María Zorrilla Ramos es académica investigadora del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (Centrus) de la Universidad Iberoamericana.