CEO de Doppelmayr.
Durante las últimas décadas, la conversación sobre movilidad urbana se centró en una idea simple: cómo mover a más personas, más rápido y a menor costo. Hoy, esa lógica resulta insuficiente.
Ahora, las grandes ciudades del mundo enfrentan desafíos mucho más complejos: crecimiento acelerado de las urbes, desigualdad y presión ambiental y social, entre otros. En este contexto, la movilidad ha dejado de ser únicamente un tema de transporte para convertirse en un elemento clave en la construcción de ciudades más sostenibles, incluyentes y resilientes.
En este nuevo escenario, los criterios ESG han pasado de ser una aspiración a convertirse en una expectativa. Hoy son el estándar bajo el cual deben diseñarse, ejecutarse y evaluarse los proyectos de movilidad.
México ilustra con claridad esta transformación. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, casi el 80% de la población vive en zonas urbanas, lo que ha intensificado la presión sobre los sistemas de transporte. En paralelo, estimaciones de organismos como el Instituto Mexicano para la Competitividad y el Banco Mundial señalan que la congestión y los largos tiempos de traslado generan pérdidas económicas relevantes, equivalentes a puntos del PIB en las principales zonas metropolitanas.
En términos de inversión, México destina entre el 2 y 3% del PIB en diversos proyectos de movilidad. De ese total, se destina una parte relevante a carreteras, transporte urbano y proyectos ferroviarios. Este dinamismo refleja no solo una prioridad de política pública, sino una tendencia estructural, la movilidad urbana se ha convertido en uno de los ejes centrales del desarrollo en México.
Movilidad como catalizador de transformación urbana
La experiencia internacional, y cada vez más la evidencia en México, muestra que soluciones innovadoras en temas de movilidad, como los sistemas de transporte por cable en entornos urbanos complejos, pueden reducir de manera significativa los tiempos de traslado y mejorar la integración territorial sin requerir intervenciones invasivas a nivel de suelo. Los sistemas bien diseñados pueden reducir desigualdades estructurales, mejorar el acceso a empleo, educación y servicios de salud, y conectar de manera más efectiva a las zonas con mayores rezagos con los centros urbanos.
Estudios del Banco Mundial han documentado que mejoras en sistemas de transporte masivo pueden reducir hasta en 20–30% los tiempos de traslado en zonas periféricas, con efectos directos en productividad, acceso a oportunidades y cohesión social.
Diseñar con este enfoque implica entender cómo viven y se mueven las personas, pero también escuchar. Porque la movilidad no se trata solo de infraestructura, sino de personas.
Por eso, la movilidad debe abordarse desde una visión más amplia e integrada, donde el impacto social no sea un resultado, sino el punto de partida.
La regulación como base de la confianza
En países como México, donde los retos de movilidad son urgentes y complejos, el cumplimiento normativo juega un papel determinante en el éxito de cualquier proyecto.
Cumplir con las regulaciones en materia ambiental, urbana, de seguridad y operación es indispensable, no sólo para garantizar viabilidad legal, sino para construir confianza pública. Sin embargo, los proyectos más sólidos son aquellos que van más allá del cumplimiento, elevando estándares mediante la adopción de mejores prácticas internacionales, procesos transparentes y mecanismos de supervisión robustos.
Este enfoque es especialmente relevante en un entorno donde el escrutinio público sobre la infraestructura es cada vez mayor, tanto por el uso de recursos como por su impacto social y ambiental. En ese sentido, la experiencia técnica acumulada y el cumplimiento riguroso de estándares internacionales no solo son un diferenciador, sino una condición necesaria para operar en el largo plazo.
La infraestructura puede construirse con rigor técnico, pero se sostiene en el tiempo gracias a la credibilidad institucional.
Las ciudades que marcarán la pauta en el futuro no serán las que construyan más infraestructura, sino las que tomen mejores decisiones sobre qué construir y cómo hacerlo.
La movilidad urbana debe evaluarse no solo por su eficiencia, sino por su contribución a ciudades más sostenibles, más equitativas y mejor conectadas.
Ese es el estándar que hoy importa.
Y cumplirlo requiere una responsabilidad compartida entre gobiernos, sector privado y sociedad. Para quienes participamos en el desarrollo de soluciones de movilidad, implica también asumir un compromiso claro: no solo con la innovación tecnológica, sino con el impacto real que estas soluciones generan en la vida de las personas.
Porque al final, mover ciudades no es suficiente. El verdadero reto es hacerlo bien.