México enfrenta hoy un escenario de presiones simultáneas: la revisión del T-MEC en un clima de proteccionismo arancelario agresivo desde Washington, la exigencia estadounidense de limitar los vínculos comerciales y tecnológicos con China, y la necesidad interna de demostrar que el Plan México está vigente y es una transformación estructural sostenible. En ese contexto, el Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea (UE) puede convertirse en una herramienta estratégica, una oportunidad que no se puede aprovechar para estrechar lazos con el mayor bloque económico a nivel global.
La conclusión de las negociaciones para modernizar este Acuerdo, anunciada el 17 de enero de 2025 a tres días del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, no fue coincidencia: fue geopolítica.
Una relación madura que necesitaba actualización
El Acuerdo Global original, en vigor desde el año 2000, fue en su momento un hito: el primero que vinculó a la UE con un país latinoamericano en un esquema que integraba comercio, cooperación política y diálogo en distintos niveles. Desde entonces, el comercio bilateral se triplicó. En 2024, el intercambio bilateral de bienes alcanzó los 82,400 millones de euros, y la UE se posicionó como el segundo mayor inversor en México, con un acumulado de 208,900 millones de euros en 2023 (COMEXI, 2026). Empresas alemanas, españolas, francesas e italianas tienen presencia profunda en sectores como automotriz, farmacéutico, energía y telecomunicaciones.
Sin embargo, a varios lustros de su entrada en vigor, el acuerdo original había quedado rebasado. Los nuevos temas de la agenda global como la digitalización, la economía verde, las cadenas de valor sostenibles y la lucha contra la corrupción, tenían que abordarse. La modernización y elaboración de este acuerdo de “segunda generación” era inevitable. Lo que tardó fue la voluntad política para concretarla.
Más que aranceles
El acuerdo modernizado no es simplemente una negociación arancelaria. Su alcance es estructural. Para México, la modernización del acuerdo “es un instrumento de política exterior y desarrollo económico que amplía el margen de maniobra internacional del país en un entorno geopolítico cada vez más polarizado” (COMEXI).
En materia comercial, más del 99% de los bienes intercambiados quedarán libres de aranceles, lo que beneficia exportaciones mexicanas como aguacate, berries, café, tequila y mezcal (Huacuja y Lucatello, 2025), así como productos manufacturados e industriales. Para el sector agroalimentario europeo, se abre el acceso a un mercado donde hoy existen aranceles de hasta 45% en productos como huevo y carne de cerdo, así como del 20% en papa, chocolate y quesos. El acuerdo también protegería 232 bebidas espirituosas de la UE y 336 indicaciones geográficas (IG) para vinos, cervezas y productos alimenticios en México (Parlamento Europeo, 2026).
Las empresas europeas de sectores como el financiero, comercio digital, telecomunicaciones y transporte, también verán ampliados sus derechos de acceso al mercado mexicano.
Otro componente relevante para las empresas con operaciones en ambas regiones es el marco de protección a la inversión, mediante la introducción de más de treinta artículos dedicados a la resolución de controversias en esta materia: se amplía el número de categorías de sujetos potencialmente implicados en la resolución; la presencia de tribunales permanentes; cortes de apelación; y un mecanismo de dos fases (una no contenciosa y otra de carácter judicial) (Pasquali, 2024).
El contexto que lo hace urgente: Plan México, T-MEC y la presión de Washington
El gobierno ha lanzado el Plan México con el objetivo de fortalecer el aparato productivo nacional y reducir la dependencia de importaciones en sectores estratégicos. La lógica es clara: si esto será el motor de los siguientes años, México necesita construir capacidades industriales domésticas y, en ese esquema, la inversión europea es exactamente el tipo de capital que el Plan México necesita atraer.
Al mismo tiempo, Washington presiona para que México limite su exposición comercial con China, particularmente en sectores sensibles como semiconductores, electrodomésticos y vehículos eléctricos. En ese tablero, el Acuerdo Global ofrece a México una respuesta estructurada: diversificar sin confrontar, sumar socios sin restar mercados.
No es un dato menor que aproximadamente el 80% de las exportaciones mexicanas tenga como destino EE.UU., mientras que la UE recibe alrededor del 9% del total. El acuerdo modernizado es, en parte, una apuesta por reducir esa asimetría.
Lo que viene: plazos, arquitectura legal y lo que deben hacer las empresas ahora
La ruta hacia la entrada en vigor no es inmediata. El acuerdo tiene una arquitectura dual: el Acuerdo Global Modernizado propiamente dicho (MGA, por sus siglas en inglés), y un Acuerdo Comercial Provisional (iTA) que cubre exclusivamente las materias de competencia de la UE. Este segundo instrumento puede entrar en vigor con mayor agilidad, ya que requiere únicamente la aprobación del Consejo de la UE y del Parlamento Europeo, mientras el acuerdo integral sigue su camino de ratificación en los 27 parlamentos nacionales de los Estados miembros. Una vez que el componente comercial entre en vigor, el iTA expirará y el MGA tomará el relevo en su totalidad.
Para las empresas, esto significa una ventana de preparación que no debe desperdiciarse. Las compañías mexicanas deben comenzar a mapear sus productos frente a las nuevas condiciones arancelarias, identificar los estándares técnicos europeos que deberán cumplir y explorar los mecanismos de acceso a contrataciones públicas en Europa. Las Pymes, que cuentan con un capítulo propio, tienen una oportunidad concreta de insertarse en cadenas globales de valor sostenibles que antes eran de difícil acceso.
Para las empresas europeas con presencia en México o que evalúan entrar al mercado, el acuerdo ofrece una arquitectura más sólida para tomar decisiones de largo plazo. La presidenta Sheinbaum ha mencionado que cerca de 2,000 empresas alemanas ya tienen inversiones en México, y que el interés por seguir invirtiendo es elevado.
La verdadera pregunta no es si el Acuerdo es conveniente para México. Eso ya está resuelto. La pregunta es si el país (empresas, instituciones, gobiernos estatales y federal) está en condiciones de aprovechar lo que el acuerdo ofrece.
México tiene frente a sí el mejor argumento de los últimos años para profundizar su relación con Europa. Usarlo bien es una decisión que no puede esperar más.
*El autor es director en México de Speyside Group