Basta ver cómo se manejó el cómputo en la nube. Los bancos sabían que era inevitable, pero la Circular Única de Bancos trató a la tecnología como un caso atípico bajo sospecha. Los pesados requisitos de autorización y las estrictas reglas de residencia de datos frenaron la adopción casi por completo. Con la excusa de proteger al sistema financiero, los bancos tradicionales tuvieron que cargar con peso muerto solo para poder modernizarse.
El avance ocurrió de todos modos, aunque no donde los reguladores esperaban. Libres de la carga de las licencias bancarias tradicionales, las SOFIPOs esquivaron el estancamiento. Empresas como Nu o Klar construyeron plataformas nativas en la nube desde cero mientras los bancos tradicionales se ahogaban en papeleo. Nu México captó más de 10 millones de clientes bajo este esquema más ligero antes de molestarse en obtener una licencia bancaria completa en 2025.
Los legisladores están a punto de cometer exactamente el mismo error con la inteligencia artificial.
El Senado redacta actualmente una Ley General de Inteligencia Artificial. La estructura básica tiene sentido en el papel al establecer una autoridad nacional y un fondo de desarrollo. También introduce sanciones “gravísimas” para aplicaciones indiscutiblemente maliciosas, como la manipulación electoral o el fraude automatizado.
El problema es que intentan regular a granel. El proyecto encajona a la IA en una estructura torpe que corre el riesgo de etiquetar prácticamente cualquier herramienta financiera como de “alto riesgo”. Los legisladores están metiendo tecnologías radicalmente distintas en el mismo saco. Un algoritmo de calificación crediticia no tiene el mismo perfil de riesgo que un motor de recomendaciones para usuarios minoristas. No deberían enfrentar la misma supervisión. Una buena regulación requiere precisión, no un mazo.
El tiempo ya se acabó. La IA financiera no es un escenario hipotético para el próximo año. La semana pasada, Anthropic presentó agentes de IA especializados en servicios financieros junto a Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, un movimiento que borró de inmediato un 8% del valor de las acciones de FactSet, un gigante de datos y software financiero de Wall Street. La IA es la nueva capa base de las finanzas globales. Las instituciones mexicanas tendrán que competir en esta realidad sin importar qué tan rápido se mueva el Senado.
Este debate necesita desesperadamente un baño de realidad técnica. Los abogados no pueden redactar esta legislación por sí solos. La conversación exige la participación de los ingenieros que realmente construyen y despliegan estos modelos en entornos financieros reales. Exigir auditorías no tiene sentido si los reguladores no saben cómo verificar el comportamiento de un sistema. Una nueva autoridad nacional será inútil si carece de la capacidad técnica para seguirle el ritmo al software que supervisa.
Cuando la regulación se degrada a un mero ejercicio de marcar casillas, el mercado deja de premiar la innovación. Simplemente recompensa a las empresas con los departamentos legales más grandes.
México necesita una ley de IA, pero debe estar anclada en la realidad. Tiene que castigar los daños reales sin confundir un deepfake malicioso con un modelo interno de detección de fraude. Ya pagamos el precio de regular la nube con herramientas obsoletas. Ahora estamos por descubrir si la industria está condenada a pagar ese mismo impuesto a la innovación por segunda vez.