Existe un concepto en la teoría económica que aparece en la discusión sobre la selección óptima de políticas públicas: la restricción de compatibilidad de incentivos. Se trata de una condición técnica que modela que el compromiso de política es creíble solo si los agentes privados tienen razones para creer que el gobierno no querrá desviarse de él en el futuro. Cuando esa condición no se satisface, el resultado sugiere que el inversionista privado anticipa que el compromiso se rompe y, por ende, posterga o cancela su decisión de inversión.
La idea viene de la teoría de la inconsistencia temporal, asociada a Kydland y Prescott. Un planificador central que anuncia hoy una política favorable a la inversión enfrenta un problema fundamental: mañana, las condiciones pueden cambiar y con ello aparece la tentación de desviarse del compromiso original. Si los agentes lo anticipan, la señal pierde potencia, de modo que basta con que la promesa no esté suficientemente anclada para que genere desconfianza.
Esta no es una reflexión abstracta. Es el mejor marco para entender los retos que enfrenta hoy la economía mexicana. Los datos del INEGI muestran que la inversión acumula 18 meses consecutivos de caída anual. Una racha de esa longitud no es un ajuste cíclico ordinario, solo es comparable con los episodios de crisis económica que marcaron de forma duradera el desempeño del país. La inversión privada representa cerca del 20% del PIB; la pública, alrededor del 3%. En 2025, ambas cayeron, la privada un 2.6% y la pública un 17.0%. En términos de contribución al crecimiento, eso equivale a -0.5 y -0.7 puntos porcentuales, respectivamente. El efecto se extiende al tejido productivo, ya que el número de patrones registrados ante el IMSS acumuló una pérdida de casi 26,000 a lo largo de 2025, y en lo que va de 2026 suma otros 9,000 menos. No son solo cifras de inversión; son decisiones que confirman que el sector productivo del país enfrenta una situación crítica.
En ese contexto, las señales recientes del gobierno adquieren una relevancia particular. El plan de infraestructura para el desarrollo y el bienestar 2026–2030 es una apuesta de gran escala. Los contratos mixtos en el sector eléctrico abren un espacio que llevaba años cerrado. La opción de explorar el gas mediante técnicas no convencionales reconoce una necesidad energética que el enfoque anterior ignoraba. El Plan México para simplificar trámites de inversión apunta directamente a uno de los cuellos de botella más documentados. Cada una de estas medidas es, en sí misma, un paso en la dirección correcta. El problema es que la restricción de compatibilidad de incentivos no se satisface con los anuncios, sino cuando el agente privado puede verificar, con base en el entorno institucional, que el costo para el gobierno de desviarse de sus compromisos superará al beneficio de hacerlo en el futuro.
La fuente de incertidumbre más visible en el horizonte externo es la revisión del T-MEC. El tratado no es solo un acuerdo comercial; es el principal mecanismo de compromiso externo que tiene México para anclar las expectativas de inversión de largo plazo. Para una empresa manufacturera que evalúa si instalar capacidad productiva en México, el T-MEC es la premisa del modelo de negocio. La ambigüedad sobre sus características actúa como un freno sobre esa decisión. No impide invertir, pero eleva el costo de comprometerse.
En el frente interno, la conversación relevante ocurre en tres dimensiones. La primera es la certidumbre jurídica. La asignación de capital de largo plazo es vulnerable a la discrecionalidad. Cuando las reglas pueden reinterpretarse, los contratos son vulnerables a cambios de criterio o los permisos dependen de condiciones que no estaban escritas al inicio, la tasa de descuento implícita sube aunque la tasa nominal de interés baje. Esta es, probablemente, la señal institucional más importante que puede emitir un gobierno que quiere atraer inversión: que las reglas del juego son las mismas al final del proyecto que al principio.
La segunda dimensión tiene que ver con el entorno tributario. La revisión fiscal activa, con herramientas que pueden interpretar de manera retroactiva o aplicar presunciones que transfieren la carga de la prueba al contribuyente, introduce un riesgo que cada vez pesa más. Reducir esa incertidumbre no requiere renunciar a la recaudación; requiere hacer predecible el proceso.
La tercera dimensión es la seguridad pública y quizás la más delicada, puesto que resulta relevante para las condiciones operativas en las regiones productivas. Nombrarla implica reconocer que las decisiones de localización ocurren en el territorio, en zonas donde el entorno impone costos adicionales de operación y continuidad.
La agenda de apertura que está ensayando el gobierno mexicano es indispensable. Para que produzca sus efectos plenos, requiere un complemento: la reducción sostenida de la incertidumbre institucional. Certidumbre jurídica, predictibilidad tributaria, condiciones operativas seguras en el territorio. No son condiciones ideológicas, sino las variables que determinan si la restricción de compatibilidad de incentivos se puede cumplir con un nivel razonable de certidumbre.
