El orden mundial de la energía está cambiando; quizá estemos presenciando la mutación más importante desde la década de 1970.
El Golfo Pérsico —ruta comercial vital para el suministro de petróleo y gas natural— enfrenta presiones por los conflictos bélicos en el Medio Oriente, mientras que la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) muestra divisiones internas. La semana pasada, el precio del barril alcanzó un nuevo máximo al superar los 120 dólares —su nivel más alto en cuatro años—, y la gasolina regular en Estados Unidos superó los $4.22 por galón, un pico no visto desde 2022. Al mismo tiempo, naciones enteras intentan contener el alza de precios mediante el uso récord de sus reservas y un largo etcétera de trastornos y desarreglos.
En contraste, México se distingue por su estabilidad, por haber podido mantener precios y previsiones en su mercado energético, especialmente los precios de la gasolina y el diésel.
Con la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el respaldo y la coordinación del sector privado y con decisiones oportunas, nuestro país ha podido proteger a las familias mexicanas de los efectos más severos de las fluctuaciones externas. La respuesta de política pública está orientada a proteger la estabilidad y el bienestar de las mexicanas y mexicanos en un contexto global adverso.
Mediante el uso responsable del subsidio al IEPS como mecanismo de apoyo directo, el diálogo franco con el sector gasolinero y la implementación de medidas para reducir costos operativos, México ha logrado mantener estabilidad en los precios de la gasolina y el diésel dentro de márgenes razonables, para evitar una escalada generalizada de precios y proteger el poder adquisitivo de las familias.
El precio del diésel, por ejemplo, tiene un impacto directo en el transporte de todo tipo de mercancías, principalmente en el costo de los alimentos y bienes básicos. Contener su aumento es, por tanto, crucial para la economía de las familias: nuestro gobierno actuó en consecuencia, en acuerdo con los empresarios y de manera oportuna.
Como apuntó la presidenta Sheinbaum, de no haber intervenido así, el precio de las gasolinas estaría por encima de 30 pesos por litro.
Subrayo que esta capacidad de respuesta no se construyó de un día para otro. Se sustenta en una serie de decisiones de política energética adoptadas durante los últimos años. La inversión en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Refinación —incluyendo la rehabilitación de refinerías existentes y la construcción de la refinería Olmeca— ha permitido reducir la dependencia de importaciones y dotar al país de mayores herramientas para gestionar los impactos del entorno internacional. A eso se suma la reforma constitucional en materia energética que ya rinde frutos mediante mayor inversión y desarrollo del potencial energético nacional.
Por supuesto, el uso de estímulos fiscales implica un esfuerzo presupuestal que ha de manejarse con disciplina y transparencia. Sin embargo, en un contexto de alta volatilidad global, la decisión de amortiguar estos choques externos responde a una prioridad legítima: proteger el poder adquisitivo, preservar la estabilidad económica y el bienestar de las y los mexicanos.
