Durante la 89 Convención Bancaria en Cancún, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que antes de finalizar 2026, los pagos en gasolineras y casetas serán obligatoriamente digitales.
El objetivo es ambicioso: reducir el uso de efectivo del 80% actual de la economía. La dirección es correcta. Pero la pregunta incómoda que pocos están haciendo es: ¿por qué habría de funcionar esta vez?
CoDi, el sistema de cobro digital de Banxico, lleva seis años operando. A junio de 2024 registraba apenas 21.8 millones de cuentas validadas y 17.8 millones de operaciones acumuladas en toda su historia.
Para dimensionarlo: en un país de más de 130 millones de habitantes, con penetración bancaria considerable, el sistema de pagos digitales insignia apenas ha procesado 2 operaciones por usuario registrado en 6 años.
Por su parte, DiMo, lanzado en 2023, reportaba 9 millones de cuentas registradas a mediados de 2024. Mejor arranque que CoDi, pero aún marginal comparado con el volumen transaccional que México necesita para considerarse economía genuinamente digital.
El problema no es tecnológico. México tiene infraestructura técnica robusta: SPEI funciona eficientemente desde hace años; CoDi y DiMo operan sin fallas técnicas significativas. El problema es más profundo y tiene tres dimensiones que deben resolverse antes de decretar obligatoriedad.
La primera barrera es brutal en su simplicidad: los bancos no promueven CoDi porque no genera comisiones. Cada transacción con tarjeta de débito o crédito produce ingresos por intercambio y cada retiro en cajero automático de otra institución genera ingreso. CoDi y DiMo, por diseño gubernamental orientado a inclusión, operan sin comisiones.
Para dimensionar la magnitud: México mantiene más de 11 mil sucursales bancarias operando, cada una con costos operativos entre 300 mil y 500 mil dólares anuales. Estas sucursales albergan cajeros automáticos que generan ingresos recurrentes.
¿Por qué un banco incentivaría masivamente a clientes para que abandonen un modelo que genera rentas por uno que no?
La segunda barrera es operativa. México no tiene un sistema de pagos digitales; tiene tres compitiendo por su pedazo del mercado: SPEI, CoDi y DiMo. Cada uno con reglas ligeramente diferentes, interfaces distintas, campañas de comunicación separadas.
El usuario promedio no entiende cuándo usar cuál ni por qué existen múltiples opciones para hacer esencialmente lo mismo: transferir dinero digitalmente.
La promesa de unificar SPEI, CoDi y DiMo bajo marca única y campaña de comunicación integrada es exactamente lo que se necesita, pero debe ejecutarse con excelencia operativa.
La unificación no puede ser cosmética, es decir, nuevo logo sobre misma fragmentación; debe ser técnica: API única que permita a cualquier aplicación, billetera digital o banco conectarse sin fricción; debe ser experiencial: mismo flujo, misma velocidad, mismas garantías sin importar punto de acceso; y debe ser comunicacional: mensaje claro, simple, repetido hasta saturación.
La tercera barrera es la más traicionera: desconfianza. Según datos presentados en la Convención, uno de cada cinco usuarios que siguen usando efectivo lo hace porque es la única forma de pago disponible como resultado de un problema de infraestructura en zonas rurales o con comercios no bancarizados. Aunque otro segmento significativo usa efectivo deliberadamente para evitar trazabilidad.
México necesita abordar esto frontalmente. El anuncio de aumento del límite de cuentas de nivel 2 a 80 mil pesos para micro y pequeños negocios es positivo, pero insuficiente si persiste la percepción de que digitalizar es exponerse a fiscalización discrecional.
Se requiere blindaje legal explícito: separación radical entre datos transaccionales del sistema de pagos y acceso de autoridades fiscales, con protocolos claros sobre cuándo y cómo puede solicitarse información, siempre con orden judicial, nunca automático.
La digitalización obligatoria de pagos en gasolineras y casetas puede ser hito transformador o puede convertirse en decreto inoperante que genere frustración sin resolver problemas fundamentales. La diferencia estará en ejecución.
México tiene todo para liderar pagos digitales en América Latina. Infraestructura técnica funcional. Marco regulatorio progresivo con Ley Fintech pionera. Ecosistema fintech dinámico que capturó 46% de inversión de capital de riesgo en la región durante el primer semestre de 2025.
Gobierno comprometido con la digitalización. Inversión tecnológica masiva con AWS comprometiendo 5 mil millones de dólares y Microsoft expandiendo presencia.
Lo que falta no es tecnología ni voluntad política, es ejecución determinada en cerrar brechas económicas, experienciales y de confianza que explican por qué iniciativas previas no lograron trascender.
La digitalización de pagos en México no se definirá con anuncios en convenciones; se decidirá en millones de interacciones diarias donde usuarios elegirán continuar con métodos conocidos o confiar en alternativas digitales.
Construir esa confianza requiere más que tecnología; requiere obsesión por la experiencia del usuario, respeto por la privacidad y ejecución impecable. El momento es ahora.