El 1 de diciembre, el mundo conmemora el Día Mundial del Sida bajo el lema Superar las disrupciones, transformar la respuesta al sida. Este año, la fecha adquiere una urgencia particular, ya que la arquitectura global de financiamiento para el VIH atraviesa una crisis que amenaza con revertir logros construidos con vidas, esfuerzo y voluntad política durante décadas. Dentro de estos logros se encuentra el haber aumentado la cobertura de tratamiento en América Latina de un 38 a un 71% de las personas que viven con VIH desde 2010.
En América Latina también se han dado pasos importantes hacia la sostenibilidad, destacando que es la región con mayor autonomía de recursos domésticos para financiar la respuesta, alcanzando un 96%. Sin embargo, este promedio oculta profundas asimetrías, en varios países de Centroamérica y el Caribe, donde la cooperación internacional sigue siendo fundamental para mantener servicios esenciales.
En 2025, los recortes de los principales donantes han generado brechas que muchos países no pueden cubrir por sí solos. Los servicios de prevención, las pruebas de detección y los programas comunitarios, que son el corazón de la respuesta, figuran entre los más afectados. Esto ocurre en un contexto preocupante porque las nuevas infecciones por VIH han aumentado un 13% desde 2010 en América Latina. Millones de personas corren hoy el riesgo de quedar sin acceso a tratamientos o a servicios esenciales de prevención. Y la evidencia nos muestra que cuando el financiamiento se reduce, el VIH avanza.
Pero, esta crisis también muestra algo fundamental, el compromiso de países y comunidades que se niegan a retroceder. Guatemala es un claro ejemplo. Pese a las restricciones fiscales y a sectores sociales históricamente debilitados, decidió actuar con liderazgo incorporando la salud pública y la respuesta al VIH como un pilar de su visión de desarrollo.
En 2024, el gobierno guatemalteco presentó el Marco de Financiamiento Sostenible y avanzó en la colocación de bonos de desarrollo sostenible. Por primera vez, el Programa Nacional de Prevención y Control de ITS/VIH/SIDA fue incluido como gasto elegible, con los recursos provenientes de este mecanismo de financiamiento, y además se estableció la reducción de VIH como indicador de impacto de estos recursos. Esta estrategia envía a Latinoamérica y a los países de ingresos medianos el mensaje inequívoco de que invertir en VIH es invertir en desarrollo. Frente a los recortes internacionales de 2025, el país redobló esfuerzos para proteger servicios esenciales a través de la movilización de recursos nacionales, al tiempo que impulsa presupuestos abiertos, para promover mayor participación ciudadana. Porque la sostenibilidad y la responsabilidad del Estado se materializan en decisiones fiscales que reflejan un compromiso real con la vida y la dignidad de las personas.
El compromiso nacional es esencial, para transformar la respuesta e impulsar las acciones que sabemos funcionan para avanzar en la meta de eliminar el sida como amenaza de salud pública. Esto incluye fortalecer la atención primaria, integrar servicios con calidad, ampliar la participación comunitaria en la prestación de servicios, innovar en financiamiento y, sobre todo, proteger la dignidad y la vida de quienes dependen de los sistemas de salud.
No obstante, también debemos reconocer que el sida es un desafío global que exige corresponsabilidad internacional. La cooperación no es un accesorio ni un apoyo marginal, sino una piedra angular de la salud pública mundial y un principio ético fundamental. Su retiro pone en riesgo programas que han reducido muertes, eliminado barreras para poblaciones vulnerables y fortalecidos sistemas de salud, dejando beneficios que trascienden la respuesta al VIH.
Para nuestra región, esta crisis no es únicamente financiera. Es una crisis que atenta contra la vida, contra los avances en derechos humanos y contra la posibilidad real de poner fin al sida.
Guatemala demuestra que, incluso en tiempos difíciles, es posible avanzar, protegiendo a quienes más lo necesitan. Por ello, todos los países de la región deben continuar movilizando recursos nacionales y avanzando hacia una política fiscal coherente con nuestras aspiraciones de desarrollo y democracia, una política que garantice los derechos de todas las personas, especialmente de las poblaciones históricamente excluidas.
La historia nos enseña que cuando actuamos juntos, gobiernos, comunidades, organizaciones multilaterales, sociedad civil y donantes, somos capaces de cambiar destinos. Hoy, frente a una de las mayores amenazas financieras para la salud global en décadas, debemos demostrar nuevamente esa determinación colectiva.
Porque poner fin al sida es la tarea moral y política de nuestro tiempo.
Luisa Cabal, Directora Regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe, y Jonathan Menkos, Ministro de Finanzas Públicas de Guatemala