La reforma electoral que se encuentra en plena construcción debe plantearse desde la pluralidad, la autonomía institucional y la inclusión como sistema democrático, lo que implica, entre otros aspectos, considerar a quienes históricamente han sido excluidos de la vida pública.
Por ello, el primer punto de partida es que el Legislativo reconozca en la normatividad electoral que México es pluricultural, es decir, que las comunidades indígenas y afromexicanas necesitan reglas que les permitan ejercer sus derechos político-electores de acuerdo con sus sistemas normativos, su cultura y su espacio territorial. En este sentido, la reforma debe considerar la conformación de distritos electorales que respeten sus condiciones territoriales, la garantía de incluir candidaturas de este importante segmento de la población, la adecuación lingüística de los materiales electorales, contar con intérpretes en el desarrollo de los procesos electorales, entre otras.
Las personas con alguna discapacidad, a pesar de los avances en materia electoral, siguen enfrentando diversas barreras y que, entre otros aspectos, se atenderían sus inquietudes y demandas si se diseñan boletas accesibles, capacitación especializada para quienes resulten funcionarias o funcionarios de casilla, así como las condiciones óptimas para que puedan ejercer con plenitud su derecho al sufragio. Los partidos políticos, por su parte, deben integrar en sus órganos de dirección a militantes que cuenten con algún tipo de discapacidad, desde donde seguramente se impondrán estrategias incluyentes para este sector de la población. Finalmente, la ley debe establecer un régimen sancionatorio de protección para personas con discapacidad.
La reforma debe considerar acciones afirmativas que garanticen la inclusión de miembros de la comunidad LGBTIQ+ en congresos federal, locales, en los ayuntamientos y en la estructura de las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales; la propaganda electoral no debe usar estereotipos, lenguaje ofensivo o discriminatorio y, consecuentemente, sancionar, por ejemplo, los discursos de odio que atentan contra los principios democráticos. Los partidos políticos deben incorporar en sus órganos a personas de la diversidad sexual y contar con agendas relacionadas con la igualdad, defensa y promoción de los derechos político-electorales de esta comunidad.
Otro sector que merece atención en el análisis de la reforma electoral son las personas migrantes naturalizadas o con doble nacionalidad. La legislación electoral debe reformarse para que estas personas formen parte del andamiaje electoral, para integrar las mesas de casilla, ostentar una consejería electoral, postularse para un cargo público, particularmente para diputaciones federales y locales, así como ayuntamientos. También sería óptima la creación de órganos consultivos o comisiones permanentes que rediseñen las reglas del voto exterior; que la ley contemple la obligación de los partidos de incluir en sus agendas, plataformas electorales y en los debates públicos las necesidades de la comunidad migrante, entre otras.
Para lograr lo anterior, la justicia electoral debe contar con una serie de elementos que fortalezcan un Estado de derecho. El Poder Judicial Electoral debe tener procesos autónomos; reconfigurar la ruta para la resolución de los Procedimientos Especiales Sancionadores; que se expida una ley de enjuiciamientos electorales que simplifique el sistema actual de solo un juicio y un recurso; regular los efectos de reparación del daño y garantías de no repetición de violaciones a DDHH; que los medios de impugnación estén regulados conforme al estándar interamericano; que se determine que el juicio de amparo, en todas sus instancias y vías, es improcedente para la materia electoral, entre otras.
De manera particular, es importante fortalecer la Defensoría Pública Electoral para las personas que no tengan acceso a la representación legal; es necesario simplificar procedimientos para contar con sentencias oportunas, introducir la perspectiva de género e intercultural en las resoluciones y asegurar que las resoluciones que emita sean efectivas, entre las más destacadas.
Estas propuestas van en una sola dirección: considerar a la población históricamente marginada; si el país se transforma, sus leyes, y en especial la electoral, también deben hacerlo, considerando la pluriculturalidad del país, buscando una justicia efectiva, con autonomía jurisdiccional y tomando en cuenta a la población con discapacidad, de la diversidad sexual y la población migrante que permita contar con una democracia justa, autónoma y en la que se fortalezcan los derechos de todas, todos y todes.
