El 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda presentó el primer Paquete Económico diseñado por completo por el equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se trata de un documento clave porque marca el rumbo de las finanzas públicas en los próximos años. La propuesta tiene un mensaje claro: disciplina fiscal. El gobierno busca reducir el déficit a 4.1% del PIB en 2026 (desde 4.3% en 2025), estabilizar la deuda en 52.3% y mantener un pequeño superávit primario de 0.5%.
¿Qué significa esto para la economía y las empresas? Hay una mezcla de oportunidades y retos. Entre lo positivo, el regreso de grandes proyectos de inversión y un nuevo programa de vivienda asequible podrían dar un empujón al crecimiento, beneficiando a constructoras y fabricantes de materiales. Además, se busca dinamizar el mercado financiero con más competencia. Del otro lado, vienen ajustes fiscales: más impuestos a bebidas azucaradas (de $1.65 a $3.08 por litro), nuevas reglas de ISR para el comercio electrónico y la eliminación de algunas deducciones para bancos.
El paquete parte de supuestos optimistas sobre crecimiento, tipo de cambio y precios del petróleo. Hacienda se muestra confiada en un panorama más favorable para la segunda mitad de 2025 y 2026, gracias a un mayor consumo interno, proyectos de infraestructura con efecto multiplicador, un sector manufacturero resiliente y menos incertidumbre tras la revisión del T-MEC. Si bien es factible que este escenario se cumpla, un menor crecimiento al esperado en 2026 (1.8-2.8%) podría generar riesgos a la baja para los ingresos públicos.
En cuanto a los números, Hacienda estima que la recaudación crecerá 6.3% en términos reales, hasta alcanzar 8.7 billones de pesos; mientras que el gasto ascenderá a 10.1 billones de pesos, con un aumento real de 5.9%. Destaca que la inversión física crecería 10% tras la caída de 2025, con proyectos emblemáticos como los trenes AIFA–Pachuca y Querétaro–Irapuato, nuevas carreteras y un ambicioso programa de vivienda social que promete 1.8 millones de hogares en el sexenio.
Y, como siempre, Pemex ocupa un capítulo especial. Para 2026 se prevén transferencias por 263.5 mil millones de pesos, pero con un plan para ir reduciendo este apoyo mediante refinanciamiento y mejoras operativas. Si funciona, el rescate podría eliminarse en 2027, lo que mejoraría sustancialmente las finanzas públicas.
Las agencias calificadoras han reaccionado con cierto optimismo ante el plan del gobierno: S&P mantuvo la calificación soberana en “BBB” con perspectiva estable, mientras que Moody’s subió la nota de Pemex de B3 a B1, resaltando el compromiso del gobierno con la petrolera bajo su plan estratégico 2025–2035. Ahora empieza el proceso legislativo. El Paquete debe ser aprobado por el Congreso antes del 15 de noviembre.
En resumen, el primer Paquete Económico elaborado por completo por la actual administración busca mandar una señal de responsabilidad fiscal sin dejar de lado la inversión y los programas sociales. En última instancia, la clave estará en que los supuestos macroeconómicos se materialicen y en que Pemex logre reducir su dependencia estructural de las finanzas públicas, condición indispensable para consolidar la estabilidad fiscal.
