El desarrollo de la infraestructura en los países es elemental para impulsar su crecimiento económico y bienestar social, ya que constituye la base de la productividad y un indicador de la competitividad frente a otros mercados interesados en invertir en la región. La ejecución de obras públicas permite atender demandas como el abatimiento de la desigualdad social, el acceso a la salud, la educación y el establecimiento de nuevas industrias. Sin embargo, su estructuración y promoción son responsabilidad del gobierno y los organismos facultativos, que autorizan la ejecución de los proyectos.
De acuerdo con el Índice de Competitividad IMD 2024, México se sitúa en la posición 56 de 67 países evaluados, es decir, mediante un análisis político, social y cultural, muestra una competitividad baja en relación con otras economías. Uno de los elementos determinantes en dicho índice es el nivel de infraestructura, ámbito en el que nuestro país se ubica en el lugar 62, lo que significa un retroceso de cinco posiciones respecto al año 2020, año en el que ocupaba el lugar 57. Lo anterior debido a marcadas deficiencias en rubros clave como la infraestructura básica, tecnológica y científica, lo cual evidencia una pérdida de capacidades estratégicas y la falta de preparación ante oportunidades derivadas de fenómenos globales, como el nearshoring.
En este contexto, los factores políticos y las perspectivas económicas inciden de forma directa en el desarrollo de infraestructura, lo cual vuelve esencial que la planificación en este aspecto se realice con una visión a largo plazo y basada en el estudio de las condiciones actuales, las metas de progreso nacional, sectorial y disposiciones internacionales, para integrar una visión estructurada que haga frente a los retos del futuro en todas las regiones del país.
Considerar esta perspectiva facilita la ejecución de un plan nacional coherente y alineado a la generación de prácticas sostenibles e innovadoras. Además, permite dar continuidad a proyectos de administraciones pasadas, evitando la pérdida de recursos, la ralentización en el crecimiento y la falta de resiliencia de infraestructura ante desafíos como el cambio climático y desastres naturales.
Ante este panorama, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado en su documento Gobernanza de la Infraestructura un marco que destaca la importancia de fortalecer las infraestructuras críticas. Estas comprenden los sistemas que garantizan la continuidad en el suministro de servicios esenciales, incluso ante situaciones de riesgo, ya que la interconexión entre telecomunicaciones, transporte, agua y energía conlleva un impacto en todos los sectores y consecuencias en el bienestar de la población.
El Informe sobre Clima y Catástrofes 2025 de Aon registró que los desastres naturales en 2024 generaron pérdidas económicas de al menos 368 mil millones de dólares, siendo los huracanes Helena y Milton los eventos de mayor relevancia para México, Cuba y Estados Unidos. Los efectos dejaron una serie de lecciones para la industria de la construcción y la gestión de crisis, especialmente en lo referente a la implementación de infraestructura resiliente y medidas de adaptación para reducir las afectaciones materiales y económicas.
En este contexto, América Latina representa un espacio de oportunidades y desafíos para este sector, pues según el Informe del Mercado Global de Seguros y Cauciones de Construcción 2025 elaborado por Aon, la región tiene una mayor exposición a catástrofes. Por otro lado, países como México se enfrentan a una incertidumbre económica debido a negociaciones arancelarias, lo cual ha producido un aumento en la inflación que impacta en los altos costos de construcción y la disminución de inversión en proyectos. Sin embargo, tras un periodo de desaceleración por la pandemia, actualmente hay un auge en iniciativas relacionadas con energías renovables e infraestructura como redes viales, puertos y aeropuertos.
Ante ello, la creación de comunidades resilientes exige un plan de obras públicas que trascienda ciclos políticos y esté enfocado en el análisis de los riesgos actuales y potenciales, para hacerles frente a través de una visión de sostenibilidad, eficiencia y rendición de cuentas. En 2020, México se encontraba por debajo del promedio de países con una visión a largo plazo en infraestructura, mostrando cero puntos en categorías como mecanismos para la coordinación en la planificación y consenso político para generar una estrategia a futuro. [1]
Por ello, es indispensable continuar promoviendo esquemas de colaboración entre distintos sectores. Esto permitiría establecer plazos más viables y coordinar estrategias de manera conjunta, que impulsen la ejecución eficiente de proyectos y favorezcan un entorno atractivo para la inversión.
1. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2022). Governance of infraestructure. https://infrastructure-toolkit.oecd.org/governance/
