Colaborador Invitado

Deliberación fiscal

El proceso electoral que tenemos enfrente es también un mecanismo para elegir la forma en que se desea que ocurra la gestión de los recursos públicos y cómo podemos evaluarlos como sociedad.

En cada proceso de elección presidencial resulta inusual la discusión sobre la conducción de la política fiscal. Las personas que votan difícilmente incorporan elementos sobre el manejo de las finanzas públicas dentro de los aspectos que más ocupan su atención de cara a las elecciones. Así lo muestran las encuestas que despliegan la intención de voto de las personas votantes que acudirán a las urnas este domingo.

Es habitual encontrar entre los temas que ocupan a la opinión pública aspectos relacionados con seguridad, crecimiento económico, salarios, pobreza, incluso atracción de inversión, pero a menos que se trate del nivel de deuda es poco frecuente que las personas encuestadas señalen una preocupación evidente por la conducción de la política fiscal.

Incluso cuando analizamos las encuestas de especialistas, como la que conduce el Banco de México de manera mensual, los temas de mayor interés reproducen los que las personas señalan en los sondeos más amplios. Desde inicio del sexenio, finales de 2018 y los primeros meses de 2019, destacaron temas como seguridad pública, falta de Estado de derecho, incertidumbre en la política interna, débil demanda externa e incertidumbre económica interna, que ocupan el 50 por ciento de las menciones. Estos cinco temas abarcan los temas de mayor interés entre los especialistas, magnitud que no ha cambiado demasiado hasta abril de 2024, donde el porcentaje acumulado ha bajado ligeramente a cerca del 40 por ciento.

Es más, al analizar los 16 factores más mencionados entre los encuestados a inicios de 2019, que acumulan casi el 85 por ciento del total, solo uno tiene que ver con temas fiscales, aunque de forma indirecta: la declinación de la producción petrolera. Esta distribución no ha cambiado demasiado hacia 2024, donde de los primeros 16 factores contribuyen al 80 por ciento de las respuestas, solo se añade el elevado costo financiero de la deuda por el nivel de tasas, que nuevamente es un factor indirecto que incide sobre la salud de las finanzas públicas.

El interés no debería ser menor, porque el proceso deliberativo en un estado democrático sobre la elección de las autoridades también está vinculado a la selección de los funcionarios que estarán a cargo de la conducción de la política fiscal: cómo lidiar con la recaudación de impuestos, qué modificaciones se harán a la estructura tributaria, qué prioridades del gasto se tendrán y cómo se planean financiar. Usualmente las propuestas en campaña tienden a ser desmedidas y poco adheridas al marco de responsabilidad fiscal, pero su cumplimiento es esencial para que su implementación sea sostenible a través del tiempo.

El proceso electoral que tenemos enfrente es también un mecanismo para elegir la forma en que se desea que ocurra la gestión de los recursos públicos y cómo podemos evaluarlos como sociedad. No obstante, su seguimiento no deja de enfocarse en aspectos técnicos que son complejos de comunicar y deliberar, de ahí que sea imprescindible ampliar el eco de su discusión pública y ser más inclusivos en los aspectos que se deben contemplar para el diseño de los mecanismos de recaudación de ingresos y de ejecución del gasto.

Es frecuente escuchar quejas relacionadas con la gestión de las empresas públicas, particularmente este sexenio con Pemex y CFE, por lo cual no debemos pasar la oportunidad de incidir en el diseño de sus políticas estratégicas desde el ámbito de deliberación democrática, pues al elegir no solo a la persona que encabezará el Poder Ejecutivo federal, sino también a los representantes en el Congreso, se definen a las personas que serán claves en los procesos de discusión que darán origen a distintos tipos de políticas que ejecutan ambas empresas.

Asimismo, como resultado del proceso de reforma electoral de 2013, cada vez con mayor frecuencia veremos una amplia sincronización entre las elecciones federales y las estatales, de tal forma que la renovación de los ciclos políticos incluirá no solo a las autoridades del ámbito federal sino también del local, donde los espacios de gestión de recursos tienen un portafolio de alternativas que pueden complementar la política fiscal de la Federación dentro del propio marco de disciplina financiera.

Es crucial que este ejercicio democrático contemple el manejo de los recursos que recauda el gobierno a través de los impuestos, los cuales gravan las actividades productivas que generan valor en el país gracias al trabajo de millones de personas y miles de empresas. Una parte esencial de la democracia electoral consiste en comprender que al interior del proceso deliberativo que concierne al voto existe una responsabilidad ciudadana sobre la selección de las personas que continuarán alimentando nuestro marco de responsabilidad fiscal. Toca ejercer este derecho también bajo dicha perspectiva.

Director de analítica de datos del IMCO y profesor de macroeconomía del ITAM.

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