Casi exactamente dos meses antes de las elecciones, recibimos un golpe de realidad y de terror, de esos que se han vuelto habituales en nuestro país.
El 1 de abril, Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, fue asesinada en la calle, a plena luz del día, en su primer día de campaña, durante un recorrido que hacía después de haber presentado su estrategia de seguridad para ese municipio del estado de Guanajuato.
El video del asesinato de la morenista se compartió en redes sociales. En unos cuantos segundos los criminales acabaron con su vida. Gaytán no llevaba escoltas ni era resguardada por policías estatales o municipales.
En su reporte de violencia política, la consultora Integralia informó que en este proceso electoral ya van 24 candidatos y candidatas asesinados en el país.
Según el think tank, del 1 de septiembre de 2023 al 1 de abril de este año cada día se registra violencia política en contra de 1.8 personas. Es decir, casi dos personas que buscan un cargo de elección popular son agredidas a diario.
Otro conteo realizado por EL FINANCIERO detalla que desde noviembre, cuando arrancó oficialmente el proceso electoral en México, hasta el 6 de marzo pasado, 28 alcaldes, candidatos, regidores y políticos inactivos fueron asesinados; 15 buscaban un cargo en las elecciones del próximo 2 de junio.
Esta realidad contrasta con la visión que tiene el Instituto Nacional Electoral. Antes de salir de vacaciones de Semana Santa, los consejeros y consejeras del INE nos dejaron una joya de eso que se llama wishful thinking, es decir, un muy buen deseo, de esos que se decretan y con algo, o más bien mucha suerte se cumplen.
En la sesión del Consejo General del INE del pasado miércoles 27 de marzo, los consejeros afirmaron que los comicios están blindados contra la intervención del crimen organizado.
Con una seguridad que da pavor, en el INE se aventaron la puntada de decirnos que son remotas –si no es que nulas– las probabilidades de una elección afectada por la influencia de la delincuencia organizada.
En el INE admitieron que hay violencia y muestra de ello son las 99 solicitudes de protección de candidatas y candidatos, de las cuales 30 están en análisis de riesgo, 49 han sido atendidas y 12 todavía están en proceso. Pero aun así nos retrataron un entorno en el que será seguro salir a votar, y sobre todo, en el que no habrá mano negra en los comicios.
¿Cómo se logrará esto? Quién sabe, porque en el INE sólo atinaron a hablar con las generalidades y ambigüedades que quedan bien en los discursos, pero que a la vez también nos dejan ver que no tienen ni idea.
Las leyes que regulan el proceso electoral y el financiamiento de campañas son, por decir lo menos, endebles y nunca se cumplen. Con escasas herramientas a su alcance y debilidad institucional a la hora de hacer cumplir la ley, el INE no ha hecho ni podrá hacer nada para evitar que la delincuencia organizada, si quiere, meta las manos en las elecciones.
La delincuencia no tiene ningún obstáculo para seguir imponiendo a sus candidatos o candidatas o para imponerle sus condiciones a quienes resulten electos.
Resulta absurdo que, a dos meses de las elecciones, nos intenten convencer de que las condiciones son tan estables que no hay espacio para que uno de los cánceres que más aquejan a nuestra sociedad y que es la fuente de la violencia y la corrupción, se mantenga al margen de unos comicios que son decisivos para el futuro del país.
Ojalá y, para variar, no se vuelvan a equivocar las autoridades.
SOTTO VOCE
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