Óscar Mario Beteta
Acapulco tiene una segunda oportunidad. A la triste pérdida de vidas humanas que hasta ahora suman casi medio centenar, y a los devastadores daños materiales que dejó el huracán Otis —que en unas cuantas horas arrasó con la ciudad—, sigue atender la emergencia y volver a poner en pie ese lugar que hace más de medio siglo fue un paraíso para el jet set, pero que en últimas fechas era sinónimo de violencia, asolada por el crimen organizado, las ejecuciones a todas horas del día y el cobro de piso.
La gran oportunidad que tiene ahora Acapulco es la reconstrucción. Pero tiene que darse con bases que sean sólidas desde su planteamiento, y nos referimos específicamente a un nuevo comienzo en el que desde el principio se puedan erradicar los lastres de la corrupción y la impunidad.
El escepticismo y la desconfianza del Ejecutivo hacia los fideicomisos es entendible por cómo operaron en el pasado. Tan sólo hay que recordar el saqueo del fideicomiso de Bahía de Banderas, creado por Luis Echevería, y del cual desviaron más de 21 mil millones de pesos mediante esquemas considerados como delincuencia organizada. O el fideicomiso Fuerza México, creado tras el devastador sismo de 2017, y del cual hasta la fecha se desconoce cuánto dinero recibió en donativos. O los 400 fideicomisos públicos que operaron sin claridad hasta antes de 2018.
Sin embargo, extinguir los fideicomisos tampoco es la solución, pues son herramientas que con los debidos controles y candados pueden ayudar a distribuir el dinero necesario para la reconstrucción de una manera transparente y clara, y necesariamente se requiere de un árbitro en el que se pueda confiar.
Y es ahí donde está la oportunidad para el gobierno para reconstruir una ciudad en donde al menos un millón de personas perdieron todo, desde sus bienes hasta sus fuentes de empleo.
Ahora corresponde tanto al empresariado como al gobierno y a la sociedad civil unir fuerzas. Es la gran oportunidad para actuar por primera vez como una empresa público-privada, en la que se establezca una empresa con consejo de administración para la reconstrucción de Acapulco integrado por la iniciativa privada, autoridades y ciudadanos, que rinda cuentas puntuales a los principales accionistas, que somos nosotros.
Mediante una figura así se podría evitar el uso discrecional, arbitrario y abusivo de los recursos públicos, que deriva en actos de corrupción que empatan con la impunidad e inmunidad.
De igual manera, es la oportunidad para fiscalizar y transparentar de raíz los gastos de la reconstrucción, que según distintos analistas ascenderán al menos a 240 mil millones de pesos, cifra que parece muy optimista, considerando que el plan de apoyo inicial será de 61 mil 300 millones de pesos y, por ejemplo, la reconstrucción de Nueva Orléans, devastada por el huracán Katrina, ascendió a 5 billones de dólares.
Una buena señal es la reunión que sostuvieron el martes pasado algunos de los empresarios más importantes del país, que mantendrán mesas de trabajo con el gobierno federal para rehabilitar Acapulco, lo que estiman tardará dos años.
Es momento de utilizar la imaginación, y sobre todo cerrarle el paso al desvío de recursos, al robo del dinero que pertenece a la ciudadanía, y terminar con la delincuencia y el crimen organizado, que tienen secuestradas a prácticamente todas las actividades productivas en Acapulco.
Los nuevos cimientos sobre los que se lleve a cabo el proceso de reconstrucción no deben ser los del asistencialismo y las dádivas, sino la transparencia, la productividad, la agilidad, el conocimiento y la experiencia para una reactivación económica sostenilble.
SOTTO VOCE
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Al parecer los únicos dos finalistas que van a participar en el proceso de elección de candidato del frente opositor por la jefatura de Gobierno de la capital son Adrián Rubalcava y Santiago Taboada.