Jorge Molina Larrondo, consultor en Políticas Públicas y Comercio Exterior
Este viernes 7, la Comisión del T-MEC realizó su tercera reunión anual. De acuerdo con el capítulo 30 del tratado, que establece la Comisión y sus funciones, la reunión está diseñada para que las máximas autoridades en comercio internacional de cada uno de los países miembros evalúen de manera conjunta el avance en la implementación del acuerdo, identifiquen las áreas que requieren su atención, consideren nuevas alternativas que promuevan el comercio y la inversión entre las partes y evalúen los informes de los comités y grupos de trabajo que se establecieron durante la negociación. Y aunque la Comisión puede tomar decisiones que ayuden a solucionar alguno de los problemas existentes, la reunión no está pensada para sustituir el papel que juegan los paneles para la solución de controversias.
El evento marcó los primeros 36 meses de vigencia del tratado, dos menos que lo que requirió su negociación y ratificación. Y por primera vez, desde el inicio de las reuniones de la Comisión del TLCAN el 14 de enero de 1994, las ministras no emitieron una declaración conjunta, lo que deja entrever un nivel de conflicto que no corresponde a la edad del acuerdo y que tampoco se refleja en los comunicados emitidos el jueves 6, después de las conversaciones bilaterales que sostuvieron la Secretaria de Economía de México, Raquel Buenrostro, la Representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, y la Ministra de Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng.
Más allá de ser solo un acuerdo comercial, el T-MEC contiene las directrices para generar una plataforma de producción regional capaz de competir con China durante los próximos 25 años y hacer de América del Norte la región más productiva y eficiente del mundo, en base a reglas de comercio que van más allá de los lineamientos de la OMC. Sin embargo, el proteccionismo que prevalece desde el gobierno de Trump –y sin elementos que indiquen que pueda revertirse después de las elecciones en Estados Unidos, como lo explica el libro publicado por Robert Lighthizer– así como la falta de voluntad política del gobierno mexicano para implementar el tratado, han generado cuestionamientos sobre el futuro del acuerdo.
El modelo de comercio administrado (managed trade) aplicado para la negociación del T-MEC, regula los volúmenes de comercio de diversos productos y servicios, promoviendo mayor fricción entre las partes. El problema es que si dichos conflictos no se resuelven de manera expedita, éstos se acumulan, atentando en contra de la legitimidad del propio acuerdo. Actualmente, la decisión sobre el caso de las reglas de origen automotrices sigue sin implementarse, las consultas sobre el caso de energía entre México y Estados Unidos ya cumplieron un año, las consultas sobre maíz transgénico tomarán al menos seis meses y el mecanismo para disputas laborales ya se aplica a casos fuera de la industria manufacturera.
La política comercial de Estados Unidos se ha vuelto una ficha de cambio. Mike Pyple, asesor Asistente en Seguridad Nacional, dijo que el comercio internacional ya no es parte integral de la política exterior de Estados Unidos, en favor del fortalecimiento de las cadenas domésticas de suministro. Por lo que no se contemplan otros acuerdos similares al T-MEC, lo que molestó a su Congreso que considera que los TLCs son un elemento que aumentan la influencia internacional de Estados Unidos. Mientras que, al inicio de los trabajos de la comisión especial que designó Morena para redactar el Proyecto de Nación 2024-2030, el subsecretario Hugo López-Gatell propuso renegociar el T-MEC argumentando que el tratado atenta en contra de la soberanía de México. La propuesta fue registrada en Washington y Ottawa, luego de que el tratado ampara más del 85 por ciento de nuestras exportaciones en términos preferenciales.
El artículo 7 del capítulo 34 requiere que las partes se reúnan en el 2026 para revisar el acuerdo y ajustarlo. El T-MEC no ha eliminado el déficit comercial de Estados Unidos con México y Canadá y ha incrementado los costos de producción para la industria automotriz y otros sectores, como lo explica el reporte del 30 de junio de la Comisión de Comercio Internacional. Más allá de renovar o no el T-MEC, México tiene que definir una política comercial integral que indique si se podrá seguir considerando un socio estratégico de Estados Unidos y un destino confiable de la inversión extranjera, ahora que el mundo se vuelve a fragmentar en bloques comerciales, segmentados por la capacidad tecnológica de los líderes.