El próximo año tendremos el proceso electoral más importante en la historia del país, en el que elegiremos al presidente de la República, a 128 senadores y a 500 diputados federales. También se elegirán a los titulares del Poder Ejecutivo en nueve entidades, 31 congresos locales y tendrán lugar comicios municipales en 25 entidades. El padrón electoral arroja más de 97 millones de electores, una cuarta parte integrado por jóvenes menores de 30 años y más de 51 por ciento integrado por mujeres.
Y aquí cabe preguntarnos el tipo de cualidades que podemos observar en los candidatos para los distintos cargos a elegirse, y por ende el tipo de gobernantes que nos merecemos.
Históricamente hemos atestiguado diferentes estilos de gobernar. Algunos han sido populares, mientras que otros han sido altamente capacitados y eficaces; difícilmente encontraríamos hornadas de gobernantes que cubrieran ambos perfiles en la historia de la política contemporánea. Igualmente, es pertinente reconocer que la lealtad y la capacidad son dos cualidades que se buscan en un político.
Y aquí cabe preguntarnos, ¿qué es más importante en un gobernante, la lealtad, la popularidad o la capacidad y la eficacia en la gestión gubernamental?, ¿qué características atienden al objeto último de la gestión pública ubicado en la consecución de bienestar y la garantía de desarrollo para los gobernados?
Un gobernante debe tener la capacidad de tomar decisiones informadas y efectivas y por ende responsables. La popularidad no garantiza que un líder tenga las habilidades necesarias para tomar decisiones importantes, mucho menos en momentos de crisis.
Ni el carisma ni las habilidades de comunicación garantizan en forma alguna la adopción de decisiones razonadas en temas de economía o política exterior, por ejemplo, pudiendo adoptar decisiones que perjudiquen enormemente a los países y comprometan el futuro de generaciones enteras.
El líder popular suele estar más preocupado por mantener sus niveles de popularidad que por tomar medidas y decisiones efectivas. Por otro lado, un verdadero líder toma decisiones difíciles, pero necesarias para proteger a su país y a su pueblo.
Por otra parte, la verdadera prueba de la gestión de un gobernante se ubica en la capacidad de lograr resultados a largo plazo. Las medidas cortoplacistas y de agenda electorera son fáciles de adoptar y frecuentemente populares, aun cuando se corra el riesgo de hipotecar el porvenir de comunidades y generaciones.
La lealtad en política suele referirse a la fidelidad de un político a su partido, a su movimiento o a su líder, más que a la comunidad que se gobierna o a principios de eficacia en el ejercicio de gobierno.
Un político capaz puede trabajar con personas de diferentes partidos y con visiones y opiniones diversas que enriquezcan el análisis para lograr objetivos comunes, con miras a lograr verdaderas transformaciones, duraderas en la sociedad.
Por estas y otras razones, es fundamental contar con candidatos competentes que puedan llevar a cabo su tarea de manera efectiva, siendo conveniente dar la bienvenida a formaciones académicas sólidas y experiencia en el ámbito político, que atiendan al conocimiento de la realidad del país y la conciencia de los retos y oportunidades del país en el corto, mediano y largo plazos.
Nos urgen candidatos con habilidades de liderazgo y capacidad de gestión y decisión, honestos en su desempeño, abiertos a la transparencia y la rendición de cuentas, respetuosos de los equilibrios de poder y de los contrapesos en la gestión gubernamental, capaces de escuchar las opiniones de diferentes sectores, alejados de la polarización; que sepan trabajar de la mano del sector privado y entiendan el papel de la sociedad civil. Candidatos que respeten el Estado de derecho, la seguridad jurídica y la protección de los derechos de propiedad y garanticen la existencia y la gestión de instituciones sólidas y eficientes encargadas de hacerlas cumplir.
Candidatos que entiendan que, una vez que se asume el poder, deja de ser válido referirse a sus gobernados como adversarios.
Al país le urge inversión responsable en infraestructura que permita el transporte de bienes y personas de manera eficiente y segura, con proyectos bien planeados y que respeten el marco legal en su diseño, procura, construcción y operación, en los que prive la planeación más que la improvisación. Un sistema educativo de calidad que forme a los ciudadanos del futuro y ofrezca una educación de calidad en sintonía con las necesidades del mercado laboral y las realidades del futuro. Políticas públicas que fomenten la investigación y el desarrollo. Un sistema de salud que atienda las necesidades del país con pensamiento científico más que ideológico y electorero. Un clima favorable que fomente la inversión y el emprendimiento y la creación de empleos de calidad.
Nos urgen candidatos y ciudadanos que piensen en las siguientes generaciones, más que en las siguientes elecciones.
Juan Carlos Machorro es abogado experto en el diseño e implementación de proyectos de inversión.