Durante casi cinco años, nos han hecho creer que la política es un juego de suma cero, irremediablemente unos ganan y otros pierden, y las ganancias de unos solo pueden obtenerse a expensas de las pérdidas de otros. Nos han envuelto en un discurso en el que los intereses de unos son opuestos a los de los otros.
Al orbitar en este debate, nos encontramos ahora empantanados en una polarización en la que pocos ganan. Ganan quienes han diseminado a profundidad esta idea en el debate público y se favorecen con votos, clientelismos y aprobaciones. Pierden los que no están de acuerdo con el proyecto de gobierno. Pero, sobre todo, pierde México porque al caer en este juego divisorio, se exaltan las confrontaciones, se toman decisiones cortoplacistas y basadas en ideología antes que en evidencia, y se pierden oportunidades valiosas que difícilmente regresarán.
Es cierto que algunas decisiones en política sí son un juego de suma cero. Si se decide destinar recursos públicos a tal proyecto o causa, se deja de dedicarlos a otros fines. La misión de un administrador público en su más pura concepción es precisamente maximizar los recursos públicos para resolver problemas públicos y contribuir al bienestar del mayor número de ciudadanos. Al diseñar, implementar y coordinar políticas públicas, se realizan constantemente análisis costo beneficio, en los cuáles se evalúan distintas opciones para optar por aquellas que generen el mayor beneficio público. Obviamente estos ejercicios no son tarea sencilla, pues mientras el objetivo principal de una empresa privada es generar utilidades, en el quehacer público, es mucho más complejo medir y predecir resultados pues interactúan una gran cantidad de variables.
Cuando la política entra en la ecuación, estas decisiones se convierten en un juego perverso, pues los análisis costo beneficio pierden utilidad frente a la variable política. Estudios exhaustivos realizados por expertos sobre la conveniencia de emprender un determinado proyecto, pueden desecharse en un abrir y cerrar de ojos si se percibe un elevado costo político, a pesar de que exista evidencia sólida sobre sus potenciales beneficios públicos.
Esta tensión entre la administración pública y la política coexiste permanentemente, y se hace aún más patente con la variable del horizonte de tiempo. Apostar por un proyecto o política que rendirá frutos en el largo plazo, y que probablemente sea el sucesor el que coseche sus resultados y salga en la foto de la inauguración o arranque del proyecto, es políticamente impensable. Por ello, la mediocridad propia del cortoplacismo se impone con tanta frecuencia.
Todas las políticas públicas son perfectibles y debatibles, pero lo que no debiera estar a discusión es cuando las decisiones o políticas públicas implican una innegable e inmensa destrucción institucional y debilitamiento de contrapesos a costa de centralizar el poder, alimentar un discurso, o nutrir un ego. En este juego de suma cero perdemos todos.
El reto consiste por tanto en encontrar ese punto de equilibrio en el cual se diseñen e implementen políticas públicas que en su conjunto maximicen el bienestar del mayor número de ciudadanos, que tengan un efecto multiplicador, que hagan crecer el pastel en vez de regatear rebanadas y que a la vez sean políticamente atractivas.
Necesitamos también transitar a un discurso de beneficio mutuo, de ganar-ganar, exaltar los valores compartidos, los anhelos coincidentes. Todos queremos un México más próspero, más seguro, más limpio, más justo. Es cierto que un cambio de narrativa no borrará automáticamente las diferencias entre la ciudadanía, pero sin duda, sería un punto de partida para generar discusiones más profundas sobre qué tipo de país queremos que nos beneficie a todos, qué necesitamos para lograrlo y cómo vamos a generar los consensos para ir hacia esa dirección.
Un antídoto para salir de este empantanamiento en el que nos encontramos es tener una ciudadanía mejor informada, que tenga la capacidad de evaluar, de discernir entre políticas que benefician al país en su conjunto (aunque en lo particular no lo hagan) de las que simplemente implican una reasignación de recursos sin generar utilidades públicas, o peor aún, que involucran una destrucción de riqueza. Necesitamos una ciudadanía capaz de quitarse la camisa de fuerza ideológica pro o anti lopezobradorista para poder mirar con una lente de objetividad y honestidad los proyectos y resultados de políticas públicas. Ciudadanos que puedan salirse de este juego de suma cero que, aunque ha sido políticamente rentable, ha dañado profundamente al tejido social.