Óscar Mario Beteta
La sentencia de la Corte que impide la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, no es un triunfo jurídico ni una derrota política. El tribunal constitucional hizo lo que le corresponde; el Ejecutivo federal seguirá insistiendo en ese objetivo.
La institución, funciones y actuación de la Guardia Nacional en nuestro país, tienen una larga historia en el constitucionalismo que, en varias ocasiones, empero, no se han podido definir plenamente y que hoy, otra vez, han quedado en un status de eventual incertidumbre por cuanto que, por una decisión judicial, no podrá ser empleada mirando al fin para el que fue creada y que era, centralmente, hacer frente a la delincuencia organizada.
Con el propósito fundamental de conservar las instituciones, defender la independencia nacional y mantener el orden público, la figura de la Guardia Nacional aparece inicialmente en la Constitución de 1857. Sobre esa base, el Congreso autorizó ese año al presidente Comonfort a disponer hasta de veinte mil hombres de esa corporación para cumplir esos fines.
Pero el 2 de febrero de 1848 se había firmado en la villa de Guadalupe Hidalgo, cercana a la Ciudad de México, el Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, el Tratado Guadalupe Hidalgo, en el cual se asentaron las condiciones impuestas por éste.
El Tratado estableció la línea fronteriza entre ambos países a partir del Río Grande o Río Bravo del Norte y con ello se consumó la pérdida del 55 por ciento del territorio nacional, que entonces comprendía también California, Nevada, Utah, Nuevo México, la mayor parte de Arizona y Colorado, y partes de las actuales Oklahoma, Kansas y Wyoming. México renunció a toda reclamación por el pago que recibió, de 15 millones de pesos.
Ese hecho habría reforzado la idea de evitar nuevas pérdidas territoriales para el país y por eso la institución de la Guardia Nacional se mantuvo en la Constitución de 1917. Desde entonces, ésta ha representado para el país paz, estabilidad, soberanía y seguridad, bases sobre las cuales se ha buscado la concreción de los otros grandes anhelos que comprende. Dado el largo periodo de estabilidad social y política, la GN cayó en desuso.
Ante el surgimiento y agravamiento del problema de la inseguridad y la criminalidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador vio en esa institución una oportunidad para contenerlo y en 2019 propuso al Congreso federal una reforma para que sus funciones administrativas, operativas y presupuestales fuesen transferidas a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Sin embargo, esta semana la Corte, con una votación de ocho contra tres, determinó que la iniciativa presidencial aprobada por el Congreso, que buscaba modificar el artículo 21 constitucional para que la Guardia Nacional fuera transferida a esa dependencia, es inconstitucional, aunque el proceso de readscripción a la SSC empezará en enero de 2024.
Esa sentencia no constituye, en modo alguno, un triunfo jurídico ni mucho menos una derrota política considerando, simplemente, que el máximo tribunal de justicia interpretó el texto constitucional, con lo que el titular del Poder Ejecutivo buscaba, como es su deber, apelar a los instrumentos estatales de los que dispone para dar a sus gobernados el primer bien a que está obligado; es decir, garantía sobre su persona y su propiedad, librándolos de quienes atentan contra ellos.
Tanto es así, que esa preocupación no apunta a quedar ni en la historia ni en el abandono de los deberes que persigue el presidente de la República, pues aun cuando su periodo concluya el 30 de septiembre de 2024, presentará una nueva iniciativa preferente al inicio de la próxima Legislatura para que la Guarida Nacional vuelva a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, como lo anunció el miércoles pasado.
Si se replantean correctamente los objetivos que busca y la 4-T se recrea con una mayoría congresional, aunque sea en el postrer momento, el presidente habrá conseguido lo que hoy… sólo se aplaza.
Sotto Voce.– ¿Qué hará el rector de la UNAM, Enrique Graue, con su director de Comunicación Social, Néstor Martínez Cristo, al ser descubierto firmando documentos oficiales con título de maestro sin tener ese grado ni mérito?... Más que merecida, la adjudicación de la Medalla Belisario Domínguez a la periodista y escritora Elena Poniatowska… Cinismo, desfachatez y cachaza, la de tres “flamantes representantes” de México en el extranjero: Miguel Aysa en República Dominicana; Claudia Pavlovich, en Barcelona y Carlos Joaquín González en Canadá. Al menos a este último —se menciona con insistencia—, lo investigan minuciosamente por múltiples actos de corrupción que supuestamente cometió junto con hijos, familiares y amigos, en su desastroso paso por Quintana Roo. Todos ellos se agregan a la larguísima lista de integrantes de la clase política que ofenden y se burlan de los mexicanos dándose la gran vida en otros países.