A partir de la solicitud de Estados Unidos para realizar consultas sobre el sector energético en el marco del TMEC, el pasado mes de julio, las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos se han deteriorado hasta alcanzar un grado de tensión del que es difícil tener memoria. Ron Wyden y Mike Crapo, los líderes del Comité de Finanzas – responsable del TMEC en el Senado de Estados Unidos – enviaron a la embajadora Katherine Tai, Representante Comercial de ese país (USTR), una carta este 26 de enero listando los problemas que requieren de su intervención, solicitando la aplicación de los medios necesarios para el cabal cumplimiento de todos los capítulos del tratado, lo que implica la solicitud de páneles para establecer un posible resarcimiento debido a las violaciones del tratado por parte del gobierno mexicano.
Desde entonces, continúan las consultas entre los tres países – recordemos que Canadá solicitó el 27 de julio participar en las consultas – aunque la presión del Congreso y del sector privado estadounidense ha ido en aumento, solicitando la formación del pánel, prerrogativa que sigue perteneciendo al USTR. A su vez, el decreto del 13 de febrero que restringe la importación de maíz transgénico, vino a tensar aún más la relación, a la que se han sumado otros eventos de carácter político: quién sale beneficiado con esta situación?
Es muy difícil contestar esta pregunta sin considerar alguna teoría conspirativa. Pero es preocupante el nivel de confrontación alcanzado y que, a pesar de que el gobierno del Presidente Biden ha evitado hasta ahora solicitar la formación de páneles al evaluar las implicaciones geoeconómicas de hacerlo, las provocaciones continúan.
Para Estados Unidos, el TMEC es mucho más que sólo un tratado comercial. Es un instrumento que ayuda a regular la amplia y cada vez más compleja relación con sus vecinos, que define las pautas internacionales a seguir por otros países sobre las que se pretende desarrollar el comercio internacional en los próximos veinte años y establece las reglas que tendrán que cumplir las naciones que pretendan desarrollar una estrecha relación comercial y de inversión con Estados Unidos en el corto y mediano plazos.
Y si México saliera del TMEC, cumpliendo así uno de los objetivos no alcanzados por Donald Trump durante su mandato? Un 85% de las exportaciones mexicanas de manufacturas quedarían sujetas a la interpretación unilateral de las autoridades comerciales de Estados Unidos y Canadá y perderían competitividad en esos mercados, debido a que en su mayoría son bienes intermedios cuyo precio aumentaría debido a los aranceles. Pero, sobre todo, México perdería su atractivo como destino de inversión y se vendría abajo la enorme mayoría de los proyectos de nearshoring que han considerado nuestro país como destino.
La salida de México del TMEC no terminaría con los problemas actuales y aumentaría nuestra dependencia de China, con quien no tenemos tratado alguno. Estados Unidos y Canadá podrían aplicar sanciones más allá de los aranceles a nuestras exportaciones, las cuales no podrían ser reubicadas inmediatamente en otros mercados debido a que en su mayoría se producen de acuerdo a las necesidades norteamericanas. Y México no tendría otro lugar de apelación que los mismos tribunales de esos países, pues la OMC ya no es una opción viable.
La Constitución de Estados Unidos atribuye al Congreso la responsabilidad de los asuntos de comercio internacional, por lo que el Congreso pone las pautas de acción del USTR. Se necesita que los secretarios de Economía y Relaciones Exteriores y el embajador en Washington establezcan canales de comunicación efectiva con los líderes del Congreso y con los presidentes de los principales comités, no que alimenten la retórica de confrontación. La influencia de los 49 cónsules en este caso es limitada. Insisto: quién resulta beneficiado con esta situación?
Agenda. USTR publicará antes de que termine marzo el Reporte sobre Barreras Comerciales Internacionales 2023, detallando los problemas al comercio y a la inversión identificados por los exportadores de Estados Unidos en cada país en el último año. El Congreso lo usa como referencia. Varios miembros del Comité de Finanzas presentaron las primeras propuestas de ley para actualizar y fortalecer los procedimientos aduaneros en Estados Unidos que requerirán de equipo más sofisticado en los puertos y aeropuertos mexicanos y en los cruces fronterizos y producirán cambios a programas como el CTPAT. Habrá más.